Por Eder Juárez
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Como un retroceso en la lucha contra la impunidad han calificado analistas consultados el cierre de la Agencia Fiscal en el Aeropuerto Internacional La Aurora, decisión que fue tomada de forma unilateral ayer por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), esto luego de que el fin de semana pasado los fiscales actuaron para cumplir con la orden de la Corte de Constitucionalidad que ordenaba el ingreso de un investigador de la CICIG.
Javier Monterroso, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dijo que la Agencia Fiscal era muy importante porque en el momento en que una persona traía un ilícito, el Ministerio Público conocía de ese delito y procesaba el caso y la persona era conducida con el Juez de Turno.
“Sin la presencia de los fiscales en el Aeropuerto vamos a retroceder por lo menos ocho años en la persecución penal y estaremos en manos de las autoridades de Migración y la Policía Nacional Civil que cuando conocían de un hecho ilícito no lo reportaban al MP y lo manejaban de forma discrecional y en algunos casos dejando pasar los ilícitos. Este es otro retroceso en la lucha contra la impunidad, el contrabando, tráfico de drogas y armas”, dijo.
Por su parte, María del Carmen Aceña, del CIEN, dijo que lo que preocupa de las decisiones que se están tomando es que son blanco o negro, lo que se vio (el fin de semana) es que no había suficiente seguridad, se rompió la seguridad del Aeropuerto y obviamente no hubo comunicación entre el MP y las autoridades de Aeronáutica.
«Romper unilateralmente el convenio no es un cosa sensata. Se hubiera hecho un proceso de mejoras, discusión de protocolos, lo que menos necesita el país ahora es ese tipo de decisiones», refirió la analista.
VENGANZA POR PARTE DEL GOBIERNO
Por su parte, el analista independiente, Renzo Rosal indicó que la decisión del Gobierno de cerrar la Agencia Fiscal, se traduce en una venganza, porque se suponía entre comillas que el MP iba a actuar en favor del Ejecutivo y evidentemente no solo tomó distancia y comenzó a actuar al contrario, «es una acción, no solo es lamentable si no deleznable y a todas vista inclusive, puede ocasionar más enfrentamientos de orden legal».
Según Rosal, a quien se le debe deducir responsabilidad es al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, por esas decisiones, “el hecho de ir personalmente al Aeropuerto y con una actitud totalmente arbitraria, autoritaria y prepotente junto al Director de Aeronáutica Civil, y ordenar el cierre de la Agencia se traduce también en una acción de berrinche”, dijo.
En tanto Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asies) indicó que estas acciones son parte de la confrontación que existe entre el Gobierno con las instituciones derivado de todo el tema de CICIG, sin embargo, consideró que no es un elemento que trunque el funcionamiento y accionar del MP.
Según Hurtado, no es un elemento determinante en función de la objetividad que debe existir por parte del MP, si justamente la preocupación principal es el respeto a las órdenes judiciales a la institucionalidad y el Estado de Derecho.
