Por Redacción La Hora
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las medidas adoptadas por el Gobierno de Guatemala que aseguran, ponen en entredicho la voluntad de atender sus compromisos internacionales en materia de lucha contra la impunidad y la corrupción en el país, esto luego de que diera por terminado el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que finalizaba en septiembre de 2019.
En un comunicado, la Comisión Interamericana hizo un llamado sobre la independencia de los poderes públicos y la importancia del cumplimiento de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC) para la plena vigencia del Estado de Derecho, tras los antejuicios presentados contra magistrados de la Corte, uno de los cuales fue tramitado ayer por la Corte Suprema de Justicia.
GOBIERNO HA MENOSCABADO CAPACIDES DE CICIG
La CIDH resaltó que en los últimos dos años, el Gobierno de Guatemala, desde las más altas autoridades, ha realizado diversas acciones dirigidas a menoscabar las capacidades de la CICIG en su lucha contra la corrupción y la impunidad.
Según la CIDH, a partir de 2017, cuando el Ejecutivo declaró por primera vez persona non grata al Comisionado de la CICIG y ordenó su expulsión del país, las acciones realizadas por el Gobierno, desde las más altas autoridades destinadas a debilitar, desacreditar e impedir cumplir a la CICIG con su mandato no han cesado.
Una de las últimas acciones fue retener al investigador de la CICIG, Yilen Osorio, cuando intentaban ingresar al país. Osorio logró ingresar al país luego de la intervención de la Corte de Constitucionalidad con apoyo del Ministerio Público.
ACCIONES DEL GOBIERNO SON INCOMPATIBLES CON OBLIGACION DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN
La CIDH indicó que debido a que la lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y el establecimiento de mecanismos para erradicarla es una obligación imperiosa con el fin de garantizar los mismos, ha reconocido públicamente y en reiteradas ocasiones el rol trascendental y complementario de la CICIG en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
A lo largo del tiempo, las investigaciones realizadas evidencian el presunto involucramiento de funcionarios de los tres poderes del Estado y otros actores del país en actos ilícitos de corrupción, algunos de los cuales ya se encuentran bajo proceso penal, señaló.
A decir de la CIDH, las constantes acciones del Gobierno que buscan socavar el funcionamiento de la CICIG, son incompatibles con la obligación de los Estados en la lucha contra la corrupción y la impunidad conforme con sus compromisos internacionales sobre la materia y atentan contra la esencia del Estado de Derecho.
“Expresamos nuestra preocupación por estas manifestaciones del Gobierno de Guatemala que no condicen con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y particularmente en la lucha contra la corrupción e impunidad”, señaló la Relatora para Guatemala, Esmeralda Arosemena de Troitiño. “Reiteramos la obligación de Guatemala de luchar contra la corrupción conforme con sus compromisos internacionales”, agregó.
HACE LLAMADO SOBRE INDEPENDENCIA JUDICIAL
La Comisión advierte que el 26 de diciembre de 2018, bajo un fuerte cuestionamiento a su jurisdicción, la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó un recurso contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad para remover su inmunidad y proceder a denunciarlos penalmente por considerar ciertas resoluciones, sin especificar cuales, como “arbitrarias e ilegales” y que “transgreden el ordenamiento jurídico guatemalteco, afectando la institucionalidad del país y poniendo en riesgo el Estado de Derecho”. Asimismo, la observa con preocupación que el 9 de enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia aprobó tramitar un antejuicio contra tres magistrados de la CC, pasará al Congreso.
La CIDH hizo un llamado sobre la independencia de los poderes públicos y la importancia del cumplimiento a las decisiones de la CC para la plena vigencia del Estado de Derecho. “La independencia judicial es una característica fundamental de la separación de poderes para garantizar el Estado democrático de Derecho.”, señaló.
Asimismo, preocupa a la CIDH los discursos críticos y ofensivos proferidos por diferentes actores en el contexto de un ambiente altamente polarizado, en particular los provenientes de agentes del Estado contra las decisiones de la CC relacionadas con el presente asunto. Al respecto, la Comisión llama al Estado a proteger la vida y la integridad de sus miembros.
Finalmente la CIDH manifestó que alienta y acompaña a todos los sectores democráticos del país en sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad y corrupción y la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. La CIDH continuará monitoreando la lucha contra la corrupción en el país y sus efectos para los derechos humanos, indicó.
