POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene previsto resolver hoy en sesión plenaria una solicitud de antejuicio que promovió Mario Rodolfo Passarelli Bran en contra de siete magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La denuncia se interpuso derivado del fallo que emitió la CC en el caso de la Minera San Rafael en el que ordena realizar el proceso de consulta de acuerdo al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los magistrados contra quienes se presentó el antejuicio son: Gloria Patricia Porras, Neftaly Aldana Herrera, Boanerge Mejía, José Francisco de Mata Vela, Henry Philip Comte, María de los Ángeles Araujo Bohr José Maynor Par Usen.

El antejuicio es por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y retraso malicioso.

Los magistrados de la CSJ deberán decidir si admiten o no para trámite la denuncia. De ser admitido para trámite, el antejuicio sería trasladado al Congreso de la República, donde los diputados requerirían de 105 votos para despojar de su inmunidad a los togados de la CC.

Según información pública, Passarelli Bran fungió como asesor del despacho ministerial de Gobernación durante la gestión del exministro Mauricio López Bonilla, quien actualmente purga una condena de 8 años y 6 meses de prisión por el delito de fraude.

Además, según una publicación del medio Soy 502, Passarelli Bran fue director de administración de la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio y, durante su gestión, fiscales del MP presumen que se extrajo una caja fuerte de una de las residencias inmovilizadas de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ubicada en la finca Los Eucaliptos en Santa Catarina Pinula.

Al ser consultado, Passarelli Bran confirmó a Soy 502 la existencia de un “agujero” en la propiedad de Baldetti, pero no confirmó que ahí se encontrara una caleta o una caja fuerte.

EXTRADICIÓN

Tanto la exvicepresidenta Baldetti como el exministro López Bonilla son requeridos por la justicia de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Ambos exfuncionarios son requeridos por la Corte del Distrito de Columbia, Washington, por delitos relacionados al tráfico de drogas.

Los tribunales guatemaltecos ya accedieron a la solicitud de extradición que formuló Estados Unidos para Baldetti y López Bonilla, sin embargo, deberán esperar a solventar su situación jurídica en Guatemala previo a ser juzgados ante la justicia norteamericana.

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