POR REDACCIÓN LA HORA
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El juez Mynor Moto, titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal decidió no ligar a proceso al diputado Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Ambos personajes han marcado huella en los últimos años en el ámbito penal y electoral respectivamente.
Moto registra varios antecedentes dentro del sistema judicial por los cuales ha sido señalado, debido a que ha beneficiado particularmente a figuras cuestionadas en distintos procesos, e incluso sorteó un proceso de antejuicio.
Mientras que el diputado Blanco presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad contra el delito de financiamiento electoral ilícito, luego de que el MP y CICIG presentaran un antejuicio en su contra por ese ilícito, sin embargo, fue la resolución a otra acción planteada por un abogado la que provocó una exhortación de la CC para modificar esa normativa.
También participó en los dos intentos por reformar ese delito; el primero provocó el conocido Día de la Infamia y en la segunda ocasión el Congreso sí cambió el panorama legal para varios de los sindicados por ese delito y partidos políticos involucrados en la posible recepción de fondos de origen ilícito o sin registrar ante las autoridades correspondientes.
LOS SEÑALAMIENTOS CONTRA MOTO
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), presentaron el año pasado un antejuicio contra Moto por prevaricato y retardo de justicia. Esa acción se derivó porque según los entes investigadores, el togado demoró, sin justificación, 18 meses en acatar una resolución de una Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal que ordenaba revocar las medidas sustitutivas que goza Marta Sierra de Stalling, en el Caso Bufete de la Impunidad.
Por unanimidad, la CSJ rechazó in limine, es decir, sin entrar a conocer, el antejuicio. La Supervisión General de Tribunal realizó un informe relacionado a este hecho y determinó que Moto no tenía responsabilidad.
También ordenó el cierre provisional del caso contra la exdiputada Mirza Arreaga, sindicada de tráfico de influencias.
Arreaga fue grabada por el exministro de Desarrollo Social, Edgar Leonel Rodríguez, mientras ella y el exdiputado Luis Chávez, quien ya fue condenado en un procedimiento abreviado, lo presionaban para adjudicar contratos del Fondo de Desarrollo Social a determinadas empresas.
En enero de 2017, se daba a conocer que el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, enfrentaría cargos por abuso de autoridad, peculado por sustracción ni asociación ilícita, en el Caso Vivienda Digna, tras la resolución del juez tercero de Primera Instancia Penal, Mynor Moto.
En la resolución de este jueves, Moto indicó que no se evidenció que pudiera existir responsabilidad de Orlando Blanco dentro de un proceso que le correspondía a la empresa que prestó un servicio y el donando que lo facilitó. La investigación de la Fiscalía señalaba que representantes de fiscalización financiera de la UNE no canalizaron a través del partido las contribuciones destinadas al pago de transporte aéreo por Helicópteros de Guatemala.
BLANCO Y LA REFORMA AL 407 N
Por su parte, el diputado beneficiado hoy por la resolución de Moto, es Orlando Blanco, quien ha figurado en la política nacional desde su paso como Secretario de la Paz en la administración del presidente Álvaro Colom y luego como una de las principales figuras de la UNE dentro del Congreso.
El 9 de febrero del 2018, la CC estaba en medio de una discusión en torno al segundo párrafo del artículo 407 N del Código Penal derivado de un incidente de inconstitucionalidad que presentó el diputado Orlando Blanco Lapola como parte de su proceso de antejuicio 251-2017.
Tres días después, la Corte declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad parcial presentada por el abogado Alberto Antonio Morales contra el segundo párrafo del artículo 407 “N” del Código Penal que se refiere al financiamiento electoral ilícito, no obstante instó a los diputados del Congreso a reformar el referido párrafo.
Aunque analistas señalaron que las posteriores propuestas del Congreso se alejaban de lo planteado por la CC, el Congreso logró modificar la normativa, generando un panorama distinto para los sindicados en casos de financiamiento electoral ilícito y en el cual podrían resultar beneficiados.
El 13 de septiembre del 2017, conocido también como Día de la Infamia, el Congreso de la República modificó el artículo del delito financiamiento electoral ilícito para liberar de responsabilidad a los secretarios generales y pretendiendo que solo el financiamiento realizado sin cumplir con la ley que viniera del narcotráfico y el crimen organizado fuera penalizado. Dos días después tuvieron que dar marcha atrás y los diputados fueron encerrados por horas. Blanco participó y voto a favor de las reformas en esa ocasión. En la segunda oportunidad estuvo ausente, pero varios de los integrantes de la UNE dieron los votos necesarios a la iniciativa.
