POR HEDY QUINO
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Los congresistas que integran el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia rechazaron “las reiteradas acciones promovidas por la Presidencia, para no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC)”. Esto por el antejuicio solicitado por la Procuraduría General de la Nación, PGN, por instrucciones del presidente Jimmy Morales contra los magistrados de la CC; Gloria Porras, Bonerge Mejía y José de Mata Vela.
Además, los diputados señalaron, por medio de un comunicado de prensa, que la PGN está al servicio del Estado, no del gobierno y “dentro de las responsabilidades que le asigna la Constitución no está presentar denuncias, acción que a todas luces es espuria e ilegítima que solo busca garantizar la impunidad de quienes se ven amenazados por las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), casos graves de corrupción”.
“Es inconcebible que en el marco del vigésimo segundo aniversario de la Firma de la Paz se instruyan este tipo de acciones que debilitan la institucionalidad, democracia y vulneran los derechos fundamentales de la población”, indicaron los parlamentarios.
El Frente Parlamentario expresó su solidaridad con los magistrados de la CC “que están siendo ilegalmente acusados”.
AMÍLCAR POP: PGN NO ES ABOGADO DE MORALES
Por esta misma situación, en un comunicado el diputado del bloque Winaq, Amílcar Pop, afirmó que el Gobierno de Morales “en vinculación con sectores ultraconservadores y proimpunidad pretenden fracturar a la Corte de Constitucionalidad”.
Pop añadió que la PGN es abogado del Estado y no del Presidente de la República ni del ciudadano Jimmy Morales. “Al Ejecutivo se le ha olvidado que las resoluciones judiciales se impugnan conforme a derecho corresponde y no se ataca a quienes las emiten tal como ahora sucede con los magistrados de la CC”.
“Con esta acción, además, queda claro que a quien se ataca no es en sí a los magistrados sino a los organismos y a la institucionalidad del Estado y se vulnera el principio de que las resoluciones judiciales se acatan y esto es lo que debe atender el Ejecutivo y no seguir debilitando a las instituciones con base en la impunidad que se pretende”, indicó en el pronunciamiento.
“La medida del Presidente atenta contra la institucionalidad democrática del país”, concluyó el comunicado.
