Por Eder Juárez
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Las acciones del presidente Jimmy Morales en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y ahora hacia los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), con una denuncia penal interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, PGN, son procedimientos que para analistas consultados representan un verdadero rompimiento del orden constitucional.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala, CEG, dijo que el Presidente ya inició el Moralazo, expresión utilizada principalmente en redes sociales para comparar las acciones de Jimmy Morales con las del expresidente Jorge Serrano Elías que provocó un autogolpe de Estado denominado Serranazo,
Para el experto se está acostumbrado a pensar que los rompimientos del orden constitucional son únicamente mediante golpes militares, pero explicó que también se dan mediante el desconocimiento de las resoluciones judiciales o el uso abusivo e incoherente de los recursos para tratar de hacer creer que ellos (el Gobierno) tienen la razón mediante la Ley.
“El Moralazo ya inició y está instalada una estrategia que lamentablemente hay que decirlo es muy a conveniencia de los que promueven la impunidad”, señaló Samayoa.
Agregó que con la denuncia de PGN a los magistrados de la CC, lo que buscan es poner en duda la legitimidad que tienen los magistrados, “esto tiene un trasfondo y lo que se busca es decir que todo lo que estas personas emitan es ilegal y eso es una forma sutil de iniciar un proceso de desconocimiento a los límites del poder que son estos órganos de control”.
PGN SE EXCEDIÓ, SEGÚN ORELLANA
Por su lado, Gabriel Orellana, abogado constitucionalista indicó que no se tienen todos los elementos para estructurar con solidez la acción de un Moralazo. Sin embargo, dijo que hay una duda razonable e indicios de que esta situación pueda suceder, pero también puede ser que no se dé por acciones que todavía no se han terminado de ver.
Según Orellana si se confronta la norma constitucional que define a la PGN y al Ministerio Público, la PGN se excedió en sus funciones, porque no puede plantear una acción de tipo penal, ya que de acuerdo con la Constitución ellos solo deben asesorar, “entonces como organismo del Estado no tienen esa potestad, por lo que la acción debe ser rechazada in limine por la Corte Suprema de Justicia”.
