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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Aunque en años recientes el país logró grandes avances, 2018 fue todo un reto por los obstáculos que enfrentaron la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos en el Estado. Ninguno de estos organismos ha desistido de sus objetivos, pero en los últimos meses enfrentaron bloqueos del sector político y empresarial.
Por SONIA PÉREZ D.
CIUDAD DE GUATEMALA /AP
Durante el año que finaliza, el gobierno del presidente Jimmy Morales recrudeció su pelea contra la CICIG y anunció que no renovaría su mandato tras once años de operar en el país. En ese tiempo, la Comisión desarticuló más de sesenta estructuras criminales, facilitó la detención de cientos de personas acusadas de corrupción y delitos graves –como ejecuciones extrajudiciales– y logró que se condenara a 310 personas por diversos delitos.
Morales ha sido señalado por la fiscalía y la CICIG por delitos electorales y ambos organismos han solicitado el retiro de su inmunidad en más de una ocasión, pero el Congreso le ha protegido. Tras esto, el mandatario dijo en agosto que la CICIG debía terminarse argumentado que se sobrepasaba en sus funciones y mantenía una persecución judicial parcial. Asimismo, impidió que el titular de la comisión -el abogado colombiano Iván Velásquez, quien por entonces se encontraba fuera- pudiera volver a Guatemala.
De concretarse los deseos presidenciales de acabar con la CICIG, la fiscalía quedaría sola en las investigaciones con María Consuelo Porras a la cabeza. La Fiscal General fue nombrada para el cargo en mayo pasado por el mismo Morales y ha mostrado pasividad ante los ataques del gobierno a la comisión.
“El gobierno le apostaba a que la comisión no iba a funcionar más”, dijo a The Associated Press el académico de Relaciones Internacionales, Roberto Santiago, sobre la medida que el mandatario tomó contra el comisionado. Sin embargo, la CICIG continuó operando con Velásquez fuera y logró judicializar investigaciones que molestaron al sector empresarial, por ejemplo, el caso contra el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, allegado al sector, que será investigado por torturas durante su gestión entre 2004-2008, y varios de sus entonces colaboradores por ejecuciones extrajudiciales.
Morales no ha dudado en mostrar públicamente sus disputas con la CICIG. En su discurso ante la ONU en septiembre no abordó la crisis migratoria del país ni los problemas de desnutrición que según la Unicef afectan al 46.5% de la población, pero sí dispuso tiempo para arremeter contra la comisión, contra Velásquez y contra el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.
La acción más reciente de Morales fue el 19 de diciembre, cuando ordenó retirar las visas y acreditaciones a once funcionarios de la CICIG, entre ellos, investigadores y abogados que lo acusaron a él, a su hijo, a su hermano y a varios de sus colaboradores por actos de corrupción.
Para Francisco Villagrán, exembajador de Guatemala en Estados Unidos, la percepción de lo que ocurre no es positiva. “Hay una preocupación muy grande por el asedio que existe contra entes investigadores, contra el papel de la CICIG. Todo se ve mal desde afuera”.
“Guatemala ha comenzado una fase de aislamiento. El país estuvo aislado en la década de los 70 y 80 porque vivíamos en un conflicto interno muy intenso y muy violento en el que había violaciones graves a los derechos humanos. No estamos en esa situación pero lo que ocurre aquí se percibe mal y el país se ha ido quedado solo”, agregó el embajador, para quien el futuro no pinta muy bien. “Aquí sigue habiendo una polarización y el próximo año va a ser más fuerte porque es año electoral, lo que no nos hace avanzar ni retroceder, sino estancarnos como sociedad”.
En cuanto a la gestión de Morales -sin tomar en cuenta sus roces con la CICIG- Villagrán dice que ha fallado en la ejecución de proyectos sostenibles de desarrollo y sociales. Asimismo, destacó que la lucha contra la corrupción y la transparencia son elementales para que organismos internacionales puedan considerar al país elegible para proyectos que mejoren las condiciones de vida de los guatemaltecos.
Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, dijo en una entrevista con la AP en noviembre pasado que el combate a la corrupción es crucial en la región: “Es una condición necesaria para tener crecimiento económico, reducción de la pobreza y reducción de la desigualdad, más aún en un país en que hay recursos públicos escasos”. Agregó que la región está avanzando en temas de transparencia y que las sociedades ahora tienen “tolerancia cero” a estos escenarios.
En sus discursos públicos, el presidente insiste en que en su gobierno no hay corrupción y que es transparente. También asegura que es inocente de las acusaciones en su contra.
Sin embargo, el comisionado Velásquez cree que el gobierno no está comprometido en la lucha contra la corrupción y en una entrevista con el medio local Tres Puntos Noticias, en Suiza, dijo que “el presidente decía como único argumento para mostrar su compromiso en la lucha contra la corrupción que le había incrementado el presupuesto al Ministerio Público, pero mientras tanto por los ministerios, en las entidades públicas y en el Congreso seguían corriendo los ríos de dinero”.
Velásquez considera que ese compromiso contra la corrupción implica ser más activos para fortalecer los órganos de justicia, aunque no dio más detalles. “Lo hemos visto en América Latina, los corruptos son los más comprometidos en la lucha contra la corrupción”.
¿Qué le espera a Guatemala el año entrante? El profesor Roberto Santiago piensa que hay varios motivos para preocuparse, y no sólo en materia de corrupción. “Hay un descenso de los índices de desarrollo, vamos peor. La desnutrición en niños de menos de cinco años aumentó, la esperanza de vida disminuyó; esos índices de desarrollo empeoraron o retrocedieron diez años. Aunado a esto, la violencia sigue en aumento”.
En la campaña electoral de 2019 rumbo a los comicios para elegir al futuro presidente y vicepresidente, autoridades locales y diputados al Congreso, podría abrumar el desprestigio, la demagogia y el populismo. La campaña arrancará oficialmente a mediados de enero, aunque algunos partidos políticos ya han presentado a binomios. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún favorito, nadie ha ofrecido renovar el mandato de la CICIG y la mayoría han sido investigados por la misma comisión por financiamiento electoral ilícito.
“Los partidos siguen careciendo de ideología. Persiste la falta de liderazgo político, hay mafias empresariales con intereses particulares”, explicó el catedrático.
Al panorama que se vislumbra hay que sumarle que en la aprobación del presupuesto para 2019 el Congreso repartió fondos a instituciones que en otros años se han usado como plataformas políticas, como el Ministerio de Desarrollo, que realiza o entrega bolsas de solidaridad a las áreas más pobres, así como a las alcaldías que ayudan a sus comunidades muchas veces pidiéndoles a cambio el voto.
“El presupuesto fue hecho y planificado como una caja chica para acentuar los intereses de los grupos de poder local desfinanciando organizaciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que podrían hacerles la contra a ellos el otro año, lo que simplemente generaría más impunidad en el país”, puntualizó Santiago.
La distribución presupuestaria fue solo una muestra más de las acciones emprendidas por los políticos que previo a aprobar el presupuesto hicieron cambio a las leyes como la del financiamiento electoral ilícito, rebajando o conmutando penas para blindar a aquellos que pudieran financiar sus aspiraciones de llegar al poder.
