POR HEDY QUINO
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La organización Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), entidad que forma parte de Alianza por las Reformas, consideró que la investigación que realiza el Ministerio Público (MP) en contra de la canciller Sandra Jovel, por su actuar hacia la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), también se deben dirigir al ministro de Gobernación Enrique Degenhart y al presidente Jimmy Morales. El MP inició una investigación contra Jovel tras una denuncia de la Alianza.
Eleonora Murralles, de FADS, señaló que el mandatario pudo incurrir en algún delito al violar el convenio de creación de la CICIG, entre Naciones Unidas y Guatemala. “Para nosotros existe una clara violación a la Constitución por parte de otros funcionarios, empezando por el Presidente, pues no han respetado ese acuerdo internacional”.
“Nos parece oportuno que el MP debe iniciar estas investigaciones, pues en la fiscalía existen denuncias en contra de la canciller Jovel y en contra del ministro Dehengart”, indicó Muralles.
FADS también apuntó que el MP dirigido por la Fiscal General María Consuelo Porras, ha conocido de manera lenta las denuncias que se han presentado en contra de funcionarios del Gobierno de Morales, “esto también se replica en la Corte de Constitucionalidad (CC), por su presidenta Dina Ochoa”.
“La magistrada Ochoa también ha retrasado las resoluciones de los recursos legales que se han interpuesto a favor de la CICIG, siendo estos casos urgentes. Pareciera que existe un acuerdo entre el MP y la CC, para no avanzar con estos casos”, dijo.
A pesar que Muralles considera que existe un “panorama oscuro, nosotros vamos a continuar con la lucha, pues somos nosotros los ciudadanos los que debemos defender el Estado de Derecho”, concluyó.
ENVÍAN CARTA A ONU
Debido a las acciones del Gobierno de Morales en contra de la CICIG, FADS envió una carta al secretario general de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para manifestar su apoyo al comisionado Iván Velásquez, así como a los once investigadores a quienes se les retiro la visa.
Además, FADS solicitó al jefe de la ONU “una respuesta contundente al gobierno del presidente Jimmy Morales, de rechazo y condena al incumplimiento y violación del acuerdo de la CICIG, así como a las acciones gubernamentales que están coartando y amenazando su trabajo independiente”.
“Previendo que siga escalando el ataque gubernamental contra la CICIG y los operadores guatemaltecos de justicia, comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, consideramos urgente que la ONU tome acciones que garanticen la vida y el trabajo independiente de fiscales, jueces y demás operadores de justicia a cargo de los casos que llevan conjuntamente la CICIG y el MP”, dice la misiva.
