POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Ni la Corte de Constitucionalidad (CC) ni la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene previsto resolver las múltiples acciones legales que se plantearon para dejar sin efecto la disposición del Ejecutivo de retirar las credenciales a once funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y expulsar por la fuerza pública a algunos de ellos.
Tanto la CC como la CSJ programaron para hoy sesiones plenarias. Sin embargo, fuentes de ambas Cortes confirmaron que no estaba en la agenda conocer las acciones que se plantearon por múltiples sectores de la sociedad civil.
Santiago Palomo, portavoz de la CC, informó que desde la semana pasada se tenía programada la sesión plenaria de hoy, pero que de momento “no han sido agendados los planteamientos que se presentaron en la Corte por el tema de CICIG”.
De igual forma, la CSJ programó para hoy a las 11:00 horas un pleno extraordinario. Sin embargo, fuentes oficiales informaron que tampoco se tenía previsto conocer ninguna acción legal relacionada a la expulsión de los investigadores de la CICIG.
El martes se publicó en el Diario Oficial una solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores a 11 investigadores de la CICIG para que entregaran sus acreditaciones que los identifican como funcionarios del ente internacional.
Luego, alrededor del mediodía, Migración envió a un notificador a la CICIG para advertir que los funcionarios tenían 72 horas para abandonar el país y que de lo contrario serían expulsados por la fuerza pública.
Si las Cortes no otorgan la protección constitucional a los múltiples planteamientos de las organizaciones de sociedad civil, el plazo del Ejecutivo vencería mañana.
ACCIONES
Entre las acciones planteadas se encuentra una “debida ejecución del amparo” que presentó Acción Ciudadana en la CC. La organización pidió que los magistrados determinarán si era procedente la destitución de la canciller Sandra Jovel y la apertura de un proceso penal en su contra por abuso de autoridad y desobediencia ya que, en septiembre de 2018, la CC ordenó al gobierno resolver cualquier conflicto con el acuerdo de la CICIG en negociación con la Organización de Naciones Unidas.
La CICIG y el abogado Alfonso Carrillo también presentaron una apelación para que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo le otorgue un amparo provisional que ordene la renovación de las visas de los funcionarios, que les garantice la libertad de movimiento y que el Ejecutivo se abstenga de obstaculizar el trabajo de la Comisión.
El PDH, Jordán Rodas, y la Fundación Myrna Mack presentaron también un amparo en contra del retiro de las visas. El primer amparo se encuentra en la CSJ y el segundo en el Juzgado Tercero Civil.
