POR REDACCIÓN LA HORA
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El abogado Alfonso Carrillo presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una solicitud para que se decrete un amparo provisional solicitado hace aproximadamente dos meses a ese organismo contra la Canciller, Sandra Jovel por revocar y denegar visas a funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Esta acción se suma a otras presentadas por Carrillo luego que el Gobierno volviera arremeter contra la Comisión, con la revocatoria de visas de cortesía e inmunidad a diez investigadores, exigiéndoles además que abandonen el país en 72 horas o de lo contrario serán expulsados con apoyo de las fuerzas de seguridad.
“Asimismo, se solicitó que se dejen sin efecto las resoluciones y notificaciones realizadas a los funcionarios de CICIG y sus familiares tendientes a ordenar su expulsión del país, con base en las consideraciones de la Corte de Constitucionalidad, la cual ha determinado que todo acto realizado en contravención de lo preceptuado en el Acuerdo de creación de CICIG es nulo de pleno derecho”, explica una comunicación sobre la acción del abogado.
Carrillo argumenta que el amparo provisional debe otorgarse porque la Ley de Amparo lo contempla en su artículo 28 “cuando la autoridad impugnada esté procediendo con notoria ilegalidad”.
“En virtud del artículo 10.2 del Acuerdo de establecimiento de la CICIG el personal internacional de Cicig disfruta de los privilegios e inmunidades otorgados a los expertos en misiones de las Naciones Unidas de conformidad con el artículo VI de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas que dispone que se les otorgarán las prerrogativas e inmunidades que sean necesarias para el ejercicio independiente de sus funciones, durante el período de sus misiones inclusive el tiempo necesario para realizar los viajes relacionados con las mismas (…)”, explica Carrillo.
El profesional reiteró que Jovel esta procediendo con notoria ilegalidad contraviniendo el artículo 12 del Acuerdo de CICIG, el cual se refiere a las prerrogativas e inmunidades de los integrantes de la Comisión. “Al violar flagrantemente las prerrogativas e inmunidades que les asisten a los miembros de la CICIG y familiares a quienes les han denegado o revocado la visas de cortesía, por lo que el amparo provisional es imperativo”, destacó.
Por último, señalan que se pretende con la solicitud “que las resoluciones emanadas del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Protocolo y Ceremonial Diplomático, la Subdirección de Control Migratorio de la Dirección General de Migración y del Instituto Guatemalteco de Migración sean declaradas nulas, se declare que las mismas no tienen efectos y, en consecuencia, se garantice la permanencia en el país de los funcionarios de CICIG y sus familiares, para que puedan continuar realizando la labor de la Comisión, de acuerdo con el convenio celebrado entre la Organización de Naciones Unidas y el Estado de Guatemala”.
