POR HEDY QUINO
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La Mesa Técnica del Congreso se reunió esta mañana con representantes del Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ) y del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) para discutir el anteproyecto de ley del Sector Justicia sobre la prisión preventiva.
Uno de los puntos que se discutió fue el artículo 7 de las reformas al Código Procesal Penal, el cual trata sobre la prisión preventiva en la vivienda del imputado.
El diputado Oliverio García Rodas, coordinador de la Mesa, propuso que las personas de 70 años formen parte de los beneficiados de la prisión preventiva en la vivienda.
Por su parte, el congresista Fernando Linares Beltranena propuso que este beneficio no fuera aplicable al imputado que tiene a su cargo a menores de edad o a una persona con enfermedad grave, tal y como lo propone la propuesta original.
Otro de los temas que se discutió fue la creación de la “Unidad de control de medidas de coerción”. En el artículo 23 de la propuesta dice: “Dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, la Corte Suprema de Justicia deberá emitir las disposiciones reglamentarias de organización y funcionamiento que rijan la Unidad para asegurar su implementación”.
García Rodas indicó que se debe modificar la redacción, en lugar de “tres meses” se deje “noventa días hábiles”, pues así como está redactado deja la impresión que los encargados de la instalación de la Unidad van a trabajar sin descansar ningún día, explicó.
FUNCIONES DEL MP GENERA OPINIONES CONTRARIAS
Los integrantes de la Mesa centraron la discusión en el artículo 11, el cual contempla las facultades del Ministerio Público, pues Linares Beltranena señaló sus inconformidades con lo establecido en dicho artículo.
En uno de los párrafos de ese artículo dice: “El Ministerio Público puede exigir informaciones a cualquier funcionario o empleado público, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios y agentes policiales cualquier clase de diligencias”.
Linares Beltranena detalló que este artículo es inconstitucional, “para eso está el antejuicio, esto de pedir información se hace después que un funcionario perdió la inmunidad”, dijo.
La próxima semana la Mesa contempla presentar un documento final sobre esta propuesta.
