Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt

En mayo de 2017 algunos diputados del Congreso de la República, acompañados de diez organizaciones de la sociedad civil presentaron la iniciativa de ley 5285, Ley del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que propone crear un sistema de protección integral de niñez y adolescencia. En junio del mismo año, el Pleno del Congreso conoció la iniciativa que hoy se encuentra en segunda lectura y sin avances. Dieciocho meses de espera para que existan nuevos mecanismos legales evidencian la falta de voluntad del Congreso para apoyar un proyecto de ley que podría cambiar la situación actual de la niñez y la adolescencia.

La iniciativa 5285 está constituida por más de 200 artículos, en ella se proponen acciones para prevenir la violencia contra la niñez, la orientación a los padres, el fortalecimiento a la familia, la institucionalización como último recurso, el tratamiento a la juventud en conflicto con la ley penal, entre otros.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto de ley tiene varios objetivos, entre estos la conformación de una institucionalidad que sea la rectora de la atención a los niñez y adolescencia, la cual tenga una función como autoridad central, además de un instituto y un consejo que se encargarán de velar por los derechos de la niñez y juventud del país.

De llegar a aprobarse la iniciativa de ley, se estaría creando un sistema de protección general que hace valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) desde que nacen, en donde hay una respuesta del Estado desde lo económico hasta lo social.

Este sistema buscaría que la institucionalización sea el último recurso de la niñez y adolescencia que ha sido vulnerada en sus derechos.

Además, existiría un consejo en donde estarían involucrados ocho ministerios, donde se discutirían temas como el presupuesto que se estaría destinando para la niñez y la adolescencia.

También contempla la creación de un instituto que integraría el trabajo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencial (SBSP) y el Consejo Nacional de Adopciones (CNA).

La propuesta de ley llegó dos meses después del incendio del 8 de marzo de 2017, en el Hogar Virgen Seguro de la Asunción, donde murieron 41 niñas y resultaron heridas 15.

Han transcurrido 18 meses desde que se presentó la iniciativa 5285 ante el Pleno del Congreso y a la fecha continúa estancada, pues sigue en segunda lectura.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA LEY?

Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), explica que esta iniciativa busca generar una cohesión en las políticas de protección social y también en el tema de la protección especial.

“Garantizar el derecho a la vida, a salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura de deporte y la recreación”, dice Rivera.

El entrevistado agrega que cuando se habla de protección especial es cuando los derechos de la niñez están en riesgo o han sido vulnerados.

“Desde septiembre de 2017, hace más de un año, la iniciativa de ley no vuelve a aparecer en la agenda legislativa del Congreso de la República”, dice Rivera, quien considera que dicha propuesta no será aprobado ya que no existe la voluntad por parte de los diputados.

“No identificamos voluntad política en la actual Legislatura para que esto pueda pasar y ser aprobado de una vez”, reitera.

Por su parte Leonel Dubón, de El Refugio de la Niñez, lamentó que la iniciativa de ley no haya sido agendada desde hace más de un año, señalando que algunos diputados han intentado que esté en agenda, sin éxito.

“Evidentemente la niñez y la ausencia de este sistema no es prioridad para los legisladores, no es prioridad para el Ejecutivo, no es prioridad para el Estado”, reitera Dubón.

A consideración de Dubón, el tema de niñez no se centra en el presente y en el futuro del país, por lo cual no genera mejores condiciones.

“Los adultos seguimos enrollados en nuestros propios problemas de adultos y no estamos pensando ni en el presente ni en el futuro del país, estamos más preocupado por el día a día y no por generar condiciones para una mejor Guatemala”.

NO AVANZA A TERCERA LECTURA

El diputado Walter Félix, presidente de la Comisión del Menor y la Familia, manifestó que actualmente dicha iniciativa se encuentra en segunda lectura y no se ha logrado que pase a tercera lectura porque no hay voluntad en el Congreso.

“No logré que la agendaran para una tercera lectura y menos para artículos y redacción final”, lamenta Félix.

El legislador asevera que existe un desconocimiento de parte de los diputados sobre dicha iniciativa, aunado a que no existe voluntad política para apoyar los temas de la niñez y de la adolescencia.

“Quienes están dirigiendo el Congreso priorizan otros temas, están priorizando otra agenda y no la agenda social, por lo tanto eso es un problema real para nosotros”, menciona el diputado.

Félix refiere que esa iniciativa sigue a la espera de que haya mejores condiciones en el Congreso para su aprobación, mencionando que el próximo año realizará un nuevo intento porque dicha iniciativa de ley esté en agenda en el Legislativo.

LA PDH

A decir de Claudia Maselli, procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a raíz de la tragedia del Hogar Seguro, se ha demostrado que el Estado no ha logrado restituir derechos a la niñez y la adolescencia.

Maselli indica que debido a que la iniciativa de ley no avanza en el Congreso desde que pasó a segunda lectura, se sigue demostrando que la niñez y la adolescencia es un sector vulnerable en el país y que no se ha demostrado que sea prioridad de Estado.

“Eso el resultado de que desafortunadamente no avanzó la iniciativa”, explica Maselli.

No obstante, Maselli considera que esa iniciativa no es la que puede poner fin a todos los problemas que atraviesa la niñez y la adolescencia en el país, ya que propone una institucionalidad renovada a favor de este sector poblacional.

“Propone una institucionalidad renovada, más fuerte, más integrada, una coordinación de un ente rector en los derechos de la niñez y la adolescencia, que por supuesto vendría a fortalecer esta institucionalidad de protección especial que tenemos en el país”, dice.

En cifras

El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siinsan), reporta al 3 de noviembre de este año un total de 11 mil 204 casos de desnutrición aguda, dentro de los cuales se han dado once muertes. La estadística es menor comparada con la registrada entre enero y diciembre del 2017, cuando se documentaron 12 mil 430 casos y 148 muertes.

Según Ciprodeni, actualmente hay 1.5 millones de niños y niñas de edades comprendidas entre los 0 y los 6 años que padece de desnutrición crónica.

La Secretaría de Bienestar Social resguarda a 601 niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados de sus derechos.

De acuerdo con Ciprodeni, actualmente hay 740 adolescentes en conflicto con la ley penal en centro de privación de libertad juvenil, de los cuales un 69.9 por ciento tiene una sanción, mientras que un 30.9 por ciento tiene una sanción provisional. Además, un 55.3 por ciento de los adolescentes alcanzaron la mayoría de edad mientras cumplían su respectiva sanción.

La Unidad Operativa del Sistema de Alerta Alba-Keneth, reporta de enero a septiembre de 2018 4 mil 817 alertas por niños, niñas y adolescentes desaparecidos, lo que significa un aumento del 3.7 por ciento respecto al mismo periodo de tiempo en 2017, cuando se reportaron 4 mil 645 casos.

En el periodo de enero y julio de este año, el Observatorio de Salud Reproductiva (Osar) reporta 61 mil 649 casos de embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años, lo que refleja un aumento de 5 mil casos comparados con el mismo periodo del año anterior.

Según Ciprodeni, 443 niños, niñas y adolescentes (NNA) murieron de forma violenta en el país entre enero y julio de este año.

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