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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82POR MARIELA CASTAÑÓN
mcatanon@lahora.com.gt
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), presentó el informe “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción – Un camino hacia la dignidad”, donde detalló el seguimiento que dio a los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro, donde murieron 41 niñas y 15 sobrevivieron al incendio, además describió la experiencia de las víctimas y sus familias después del incidente. OACNUDH llamó al Estado a garantizar una investigación y sanción por las denuncias de posibles violaciones a derechos humanos, incluidas las de trata de personas, y agregó que se deben crear las condiciones para la no repetición de eventos similares.
El informe fue elaborado a partir de entrevistas, misiones de observación, reuniones e intercambios en el marco de la observación y asistencia técnica brindada por OACNUDH en relación al 7 y 8 de marzo de 2017.
Los datos recabados por OACNUDH señalaron que el 7 de marzo de 2017, a las 13:30 horas aproximadamente, se produjo una “crisis” entre dos niñas de la sección “Mi Hogar”, del Hogar Seguro Virgen de la Asunción (HSVA) (ahí había adolescentes de 13 a 17 años) que habrían buscado llamar la atención y denunciar las condiciones de vida inadecuadas y el maltrato que recibían. Después un grupo de niñas de la misma sección subió al techo del hogar y comenzó a gritar a los niños del módulo San Gabriel (niños de 13 a 17 años) que se unieran.
El director del Hogar Seguro –Santos Torres–, llamó al entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) -Carlos Rodas– así como a la Policía Nacional Civil (PNC) para alertarlos y pedir apoyo.
“Alrededor de las 15:30 horas, de acuerdo a la información proporcionada por las niñas sobrevivientes, por razones desconocidas, el personal de seguridad del HSVA abrió la puerta del hogar, dándose la oportunidad de salir. Alrededor de 100 niñas y niños habrían salido de las instalaciones del HSVA, según una niña sobreviviente”, se indicó.
De acuerdo con la información pública, la policía de la zona empezó a detener a las niñas y niños, algunos incluso localizados en el centro urbano de San José Pinula, y a concentrarlos en las afueras del portón de la entrada del Hogar.
“Según la información recibida por OACNUDH de diversas fuentes, las niñas, niños y adolescentes (NNA) permanecieron casi nueves horas afuera del hogar en presencia de la Policía y otras autoridades. Algunos de ellos estaban descalzos y mojados por haber cruzado un río de aguas negras al escapar del HSVA”.
Los testimonios documentados señalaron que a partir de las 16:00 horas comenzaron a llegar las autoridades de las diversas instituciones estatales con responsabilidad en materia de protección de la niñez. A las 16:40 horas habrían llegado el titular de la SBS –Carlos Rodas–. A las 18:00 horas el Procurador de la Niñez –Harold Flores–. A las 21:00 horas se habría registrado la presencia de un asesor de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –Carlos Beltetón–.
En tanto a las 18:30 horas la PDH presentó una solicitud de exhibición personal a favor de los NNA, pero la jueza de paz del municipio de San José Pinula –Rocío Murillo– no cumplió con la práctica solicitada. A las 23:45 personal del HSVA, la PDH y la Procuraduría General de la Nación (PGN) firmaron un acta “en el que renunciaban a su obligación de cuidado de los NNA fura del HSVA”.
A las 2:30 horas los NNA fueron ingresados al HSVA. Alrededor de las 6:00 horas del 8 de marzo de 2017, las niñas habrían pedido ir al baño, pero no las dejaron, hicieron –sus necesidades fisiológicas– en un rincón. El aula donde fueron encerradas era de 7 por 6.8 metros y tenía una capacidad para 26 estudiantes, pero ahí habían 56.
El informe de OACNUDH señala que uno de los testigos indicó que después del desayuno las niñas pidieron nuevamente ir al baño, algunas salieron acompañadas por la policía, pero debido a que no había agua en los baños se prohibieron las salidas a los sanitarios, la tensión aumentó. Un testigo dijo que las niñas gritaron que estaban sucias, que tenían frío y que querían bañarse y cambiarse, pero ningún empleado del Hogar se acercó a ellas para responder a las necesidades.
La Oficina del Alto Comisionado señaló que según la información disponible, en la mañana del 8 de marzo, una de las niñas habría prendido fuego a una colchoneta de esponja en el aula para llamar la atención de las autoridades y convencerles de sacarlas.
“Según los testimonios, cuando empezó a salir el humo, las niñas golpeaban la puerta y gritaban, no se entendía que decían, posiblemente pedían auxilio. Cuando salían las llamas del aula, las niñas seguían pidiendo auxilio. Desde que inició el humo hasta que abrieron las puertas, las niñas seguían pidiendo auxilio”, reiteró.
Algunas de las niñas sobrevivientes informaron a OACNUDH que los monitores del HSVA estaban filmando con sus teléfonos celulares mientras las niñas heridas salían del aula.
En este hecho murieron 41 niñas y 15 resultaron con heridas. Las familias de las adolescentes tuvieron dificultades para localizar e identificar a sus hijas en hospitales públicos y la morgue. Una madre expuso a OACNUDH “las caras de las niñas se derritieron”.
El Estado cubrió los gastos funerarios de las niñas fallecidas, también facilitó la documentación para el traslado de nueve de las sobrevivientes a Estados Unidos. Por otro lado, a mediados de mayo de 2018, las instituciones del Estado todavía no se habían reunido con todas las familias de las 56 víctimas.
El informe añade: “La situación vivida por las familias de las víctimas de la tragedia del HSVA pone en relieve la estigmatización y a discriminación que sufren las personas que enfrentan la pobreza y la falta de oportunidades, incluido el trato que con frecuencia reciben de las instituciones del Estado”.
DENUNCIAS NO ATENDIDAS
De acuerdo con OACNUDH varios factores contribuyeron a que ocurriera esta tragedia, como la institucionalización. El Hogar Seguro era una macroinstitución para el acogimiento de NNA y albergaba a un “gran número” de NNA con diferentes perfiles y necesidades. El Hogar tenía capacidad para 400 personas, pero se estimaba que había 600.
“A pesar de estar bajo la responsabilidad del Estado por haber sido víctimas de vulneración de sus derechos en el marco familiar, muchos de los niños y niñas acogidos en el HSVA fueron víctimas de violencia, agresiones y violaciones a sus derechos humanos. Decenas de denuncias se interpusieron ante las instituciones públicas, incluyendo al Sistema de Justicia, pero no fueron atendidas debidamente lo que eventualmente llevó a los sucesos del 7 y 8 de marzo de 2017”, refirió el documento.
Agregó: “Las denuncias se referían a la situación de hacinamiento y malas condiciones de vida, falta de recursos y atención especializada para niñas, niños y adolescentes, violencia y abuso por parte de NNA y personal del HSVA, trata de personas y explotación sexual, y supervisión y control deficientes por parte de las autoridades del HSVA”.
El 11 d noviembre de 2016, el PDH solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las NNA en el HSVA, las cuales fueron otorgadas el 12 de marzo de 2017, cuatro días después del incendio.
Por otro lado, OACNUDH señaló que examinó 21 denuncias presentadas ante el Ministerio Público en 2016 sobre violencia y maltrato físico dentro del módulo “Mi Hogar” del HSVA, donde estaban abrigadas las 56 niñas víctimas. En algunos casos los educadores del Hogar acompañaron a las niñas a presentar las denuncias.
“Entre ésta, había seis –denuncias– presentadas por niñas que murieron en el incendio del 8 de marzo, quienes, unos meses antes de su muerte, denunciaron abusos físicos sufridos en el HSVA”, explicó.
De septiembre a noviembre de 2016, 55 niñas, niños y adolescentes “desaparecieron” del HSVA, “el Alto Comisionado expresó su preocupación por esta situación en su informe anual sobre las actividades de su Oficina en Guatemala en 2016”.
INVESTIGACIÓN, SANCIÓN, REPARACIÓN, REFORMAS
OACNUDH exhortó al Ministerio Público y al Organismo Judicial a avanzar en los procesos judiciales para determinar de manera objetiva, exhaustiva, independiente e imparcial, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables, las responsabilidades penales, civiles y administrativas, garantizando el pleno respeto de los derechos de las víctimas y su protección judicial efectiva.
“Llama al Estado a garantizar que el caso se investigue, juzgue y sancione teniendo en cuenta el contexto integral de los acontecimientos del 7 y 8 de marzo de 2017, y asegure la aplicación del principio de proporcionalidad de los delitos y las penas de acuerdo con la gravedad de los hechos. El Estado debe garantizar que también se investiguen las denuncias, incluidas las de trata de personas, presentadas anteriormente sobre la situación en el HSVA”.
Además, invitó al Estado a considerar el establecimiento de una comisión especial e independiente de personas expertas para la determinación de posibles violaciones a los derechos humanos dentro del Hogar Seguro incluidas las circunstancias que llevaron a los eventos del 7 y 8 de marzo de 2017.
Asimismo, instó a las autoridades a establecer mecanismos para la comunicación regular con las 15 niñas sobrevivientes y las familias de las 56.
OACNUDH también pidió al Estado desarrollar un plan de atención para las 15 niñas sobrevivientes y las familias de las 56 víctimas como un primer paso hacia un programa integral de reparaciones, así como las medidas de rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición de acuerdo con estándares internacionales.
“Las autoridades no deberían esperar la terminación del proceso judicial para atender las necesidades urgentes de las víctimas. Debe asegurarse la participación de las propias víctimas y la sociedad civil en el diseño del programa integral de reparaciones”.
Asimismo, invitó a llevar a cabo un apoyo individualizado y continuo a las 15 niñas sobrevivientes y sus familias, a fin de brindarles una atención oportuna, integral y digna.
“Esta evaluación debería tener en cuenta sus necesidades físicas, psicológicas, familiares, culturales y económicas, de acuerdo con el interés superior de la niña, con el fin de garantizar la reintegración, permanencia con sus familias, o la provisión de cuidado alternativo si fuera necesario”.
En cuanto a las reformas al sistema de protección de niñez, instó al Estado a implementar reformas mediante el establecimiento de garantías de los derechos de la niñez, incluyendo modificaciones necesarias del sistema de protección para garantizar una coordinación interinstitucional eficaz, la descentralización de los servicios y enfoque diferenciado.
Asimismo, destacó la necesidad de adoptar políticas, programas y servicios para apoyar a las familias frente al desempleo, la marginalización y la falta de oportunidades para cumplir adecuadamente con sus responsabilidades y así garantizar el derecho del niño y la niña a su entorno familiar. También instó al Estado a revisar los criterios de institucionalización de los NNA.
Finalmente concluyó en las garantías de no repetición de hechos similares, para ello señaló que se deben tomar las medidas para garantizar que el personal de los hogares de protección y abrigo tengan capacidad para brindar atención y cuidado especializado a los NNA.
Además, exhortó a las autoridades a adoptar programas de atención especializada y contratar personal capacitado en derechos humanos; llamó a proporcionar recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para garantizar, con un enfoque de derechos humanos un sistema eficaz de protección y garantía de derechos humanos.
También reiteró a la Secretaría de Bienestar Social la necesidad de no priorizar la experiencia en temas de seguridad en los requisitos de contratación de personal que trabaja con NNA en el sistema de protección.
