Por Eder Juárez
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Ante el silencio del Organismo Ejecutivo y sus aliados y patrones similares al 30 de agosto, un día antes de que se anunciara la no renovación de la CICIG, se consultó al Secretario de Comunicación Social de la Presidencia si se buscará denunciar el Acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a lo que respondió que la posición del Gobierno es mantener el diálogo con la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, amparados en el artículo 12 del Convenio.
“Quiero reiterar que la posición del Gobierno de Guatemala es mantener el diálogo con la Secretaría General de Naciones Unidas amparados en el artículo 12 de la resolución de controversias, asimismo, se ha notificado que el mandato de CICIG no será renovado y que éste finaliza en septiembre de 2019”, dijo Alfredo Brito.
Los rumores sobre esta decisión se han acrecentado principalmente en las redes sociales y por los patrones de silencio del Ejecutivo en cuanto a los mecanismos que buscarían afectar la funcionalidad de la Comisión.
ANALISTAS CREEN QUE AFECTAR LA FUNCIONALIDAD DE CICIG ES ILEGAL
De acuerdo con Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CES), las nuevas maniobras en contra de CICIG serían ilegales. Explicó que un acuerdo internacional está normalmente regulado o en el propio acuerdo o en la Convención de Viena sobre los Tratados, en este caso está regulado en el Acuerdo.
Si el Estado de Guatemala quisiera aplicar el Convenio de Viena para la interpretación de los Tratados y denunciar en ese plazo tendría que pasar un año y eso sería extender de septiembre que se vence el plazo hasta diciembre del otro año, explicó. Eso extendería el mandato de la CICIG tres meses más; no se sabe si es eso lo que quisiera generar el Ejecutivo.
“Me parece una medida desesperada del Pacto de Corruptos. Una medida de que quienes están siendo investigados están cerca de alguien o algo y por eso les urge sacarla, pero cometerían un error para ellos mismos, pero qué se puede esperar si lo hemos estado viendo en todo el período presidencial, error tras error”, manifestó Samayoa.
De acuerdo con Samayoa aun y cuando se denuncie el Acuerdo, no debe pasar nada con la Comisión y el personal de dicha institución. “No debe pasar absolutamente nada porque ya la Corte de Constitucionalidad, en reiteradas resoluciones ha establecido que el artículo 12 del Acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas tiene los mecanismos para la solución de conflictos. Si el Presidente ha dicho que hasta septiembre se termina el mandato, algo que está por verse, mientras eso sucede el Acuerdo está vigente y por ende se debe seguir aplicando el artículo 12, por lo que no tendría ningún efecto”.
Según el jurista Guatemala frente al mundo está dando dos mensajes claros: primero que no tiene personas preparadas en relaciones internacionales y que su nivel es muy deficiente, lo que los lleva a hacer el ridículo en las Naciones Unidas.
Lo segundo es que mantiene al país en el estatus de paria, de países alegando una falsa soberanía y que se resisten a la consolidación de la democracia, a la consolidación de los derechos de las personas y sobre todo a la consolidación de gobiernos transparentes, “nos vemos como un país rebelde que se niega a admitir que es un país pequeño y que está enfrente de estos tipo de relaciones para poder seguir adelante”.
Por su parte Luis Linares de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) indicó que en América Latina hay varios gobiernos que están inmersos en corrupción y hay satisfacción en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo en Perú hay cuatro expresidentes señalados de corrupción, uno de ellos aduce persecución política para desvincularse, pero el presidente Morales, quien se ha estado adjudicando acciones y proclamando que está a favor de la lucha contra la corrupción pero está dando muestras de que es todo lo contrario.
“Es un proceso en el que está jugando con la paciencia de la población y además a la larga se va imponer la necesidad de hacer justicia ante las evidencias tan contundentes que hay en contra de los que han incurrido en actos de corrupción.
Esta lucha tendrá que triunfar pero mientras tanto le causa un grave daño al país en cuanto a la incertidumbre, incluso él (Presidente) habla de certeza jurídica y del cumplimiento de la Ley, mientras se burla de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que cae en cinismo, entonces está dando una pésima imagen de su Gobierno” señaló Linares.
SECTOR EMPRESARIAL ESPERA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO
Al preguntarle al presidente de la Cámara de la Industria, Juan Carlos Tefel, si apoyarían la decisión del Ejecutivo de denunciar el Acuerdo de CICIG, indicó que como es un rumor y son especulaciones de lo que hará el Gobierno lo que queda es esperar.
“El Gobierno dijo que no renovaría el mandato y sería hasta septiembre que el mandato de la CICIG concluya, habría que hacer la transferencia de capacidades como ellos mismo lo dijeran. Sí buscan denunciarlo antes, tendríamos que esperar que esto suceda y se tendrían que ver las razones fundamentales, nosotros no podemos darle una posición ahorita si es una especulación y ante esto nosotros quisiéramos conocer más para poder tener una posición”, dijo Tefel.
Agregó que lo que sí es importante es que la lucha contra la corrupción debe seguir y el Ministerio Público (MP) es quien tiene que salir fortalecido porque al final del día si se va la CICIG en septiembre o en dos años al final el que tiene que salir fortalecido es el MP que tiene que seguir las investigaciones contra la corrupción y otros delitos no solamente la corrupción, eso es lo que nosotros creemos importante en esto momento.
“Habría que esperar. No queremos dar una posición y resulta que no suceda, creemos que si se hace de esa forma el Ejecutivo tiene que dar las razones por las cuales lo está haciendo y fundamentarlas, ya el Ejecutivo dijo no iba a renovar el mandato y hay un proceso de transición que es importante que se llevar a cabo y que no sea abrupta, pero hay que esperar, no hay porque adelantar un criterio sino hay mayor información” refirió el empresario.
REVOCATORIA DE VISAS
El 16 de octubre último la Cancillería revocó tres visas de cortesía vigentes a igual número de integrantes de la CICIG y derogó la emisión de esos permisos a ocho funcionarios más, con lo cual el Ejecutivo busca expulsar a los miembros de CICIG, que según la Canciller se mantienen de forma ilegal en el país. Con la expulsión de los investigadores buscarían afectar la funcionalidad de la Comisión y de los casos.
