POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Los empresarios vinculados a proceso penal en el Caso Industria Militar presentaron a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) una solicitud para ser condenados en un procedimiento abreviado.
El fiscal encargado del caso, Rudy Herrera, explicó que los abogados defensores pidieron a la FECI la posibilidad de que sus clientes resuelvan su situación jurídica en un procedimiento abreviado.
Los empresarios procesados por este caso son: Moisés Israel Santiesteban Fuentes, vinculado a la empresa “Diana Textil”; Manuel Antonio Pivaral Pérez, de “Distribuidora Cumbre” y Ernesto Arturo Zamora Cruz, de “Amor&Có”. Ellos tres fueron ligados a proceso por el delito de cohecho activo.
También enfrentan proceso Henry Danilo Morales Cifuentes, de la empresa “Miscelánea Marcos”; Xiomara Carolina Orellana Meza de Gómez, de “Disinco”; Miguel Ambrocio Azurdia, de “El Shadai” y Antonio Benjamín Contreras Barrios, vinculado a la entidad “Fecomsa”. Este último grupo está procesado por el delito de peculado.
En el procedimiento abreviado, los sindicados deben aceptar ante el juez su culpabilidad de los hechos que se les imputan y reciben una pena que puede ser conmutable no mayor a los cinco años de prisión.
De momento, la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se encuentran analizando si es viable la petición.
“Los abogados defensores han presentado la posibilidad de que sus clientes sean beneficiados o que sean acusados por la vía del procedimiento abreviado. Es decir que ellos están aceptando el hecho que se le sindica, entonces estamos analizando la petición juntamente con la CICIG y el jefe de la Fiscalía (Juan Francisco Sandoval) para ver si es procedente dar el procedimiento abreviado en este caso”, dijo el fiscal Herrera.
El Caso está a cargo del Juzgado Séptimo de Primera de Instancia Penal, judicatura que fijó el 10 de diciembre como fecha límite para que la Fiscalía presente el acto conclusivo, el cual podría consistir en una acusación formal o el procedimiento abreviado.
CASO
Los empresarios a quienes se les imputó el delito de cohecho activo tuvieron una relación comercial con la Industria Militar “fraudulenta”. Cada uno pagó al jefe de esa institución y al jefe del Departamento Financiero sumas de dinero a cambio de obtener contratos o trabajos, según la investigación del MP y la CICIG.
Los contratos adjudicados ascienden a Q919,330.83, de acuerdo con las pesquisas.
En tanto, al segundo grupo vinculado por peculado, se le sindica por pedir a los jefes de la Industria Militar que les aumentaran el monto del contrato o la prenda del valor unitario para que, lo que restara, pudieran recibirlo por medio de cheques o efectivo.
