Analistas: Independencia judicial también incluye la independencia fiscal

El pasado viernes, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), se pronunció sobre varios temas judiciales y entre sus posturas, indicaron que era urgente preservar la independencia judicial. Sin embargo, también cuestionaron la presentación de cuatro testigos dentro del Caso Ejecuciones Extrajudiciales a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), pidiendo además que, de haber cometido algún hecho contrario a la ley, los responsables sean destituidos.

Por: Eder Juárez /José del Águila/Margarita Girón
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Según analistas consultados, se revela una incongruencia de parte del sector privado, porque mientras pide preservar la independencia judicial, se pronuncian sobre un caso específico, en el cual se encuentra vinculado el exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, quien es parte del empresariado; requiriendo determinar responsabilidades y correctivos, lo cual también se puede considerar un intento de vulnerar la independencia judicial.

Edgar Celada, jefe del Área de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala,(Ipnusac), señaló que es importante que tanto el Ministerio Público como los jueces mantengan su postura y no permitan la presión externa de nadie, “precisamente en eso consiste la independencia judicial, el MP tiene un mandato de investigación que no puede estar supeditado al gusto o a la complacencia de ningún sector; ni empresarial, ni político”, dijo.

Al respecto, Celada aclaró que la independencia judicial aplica también para los fiscales del Ministerio Público. “Ellos (CACIF) están haciendo lo contrario a lo que dicen porque están ejerciendo presiones públicas muy evidentes para que la Fiscal General destituya al Fiscal de la FECI”.

De acuerdo con Celada, los órganos de investigación no tienen que ver a quién le gusta o no les gusta el trabajo que realizan, ya que su función es realizar investigaciones objetivas y científicas para demostrar la culpabilidad de las personas que están siendo acusadas, “ellos (los fiscales) tienen la libertad para realizar las investigaciones con profesionalismo sin ver a quién le conviene o no ese trabajo, en eso consiste la independencia judicial para ellos”, acotó.

Asimismo, explicó que una de las reformas que se han vuelto necesarias en el país en el área del sector justicia son aquellas que impidan que sectores como estos tengan los mecanismos para presionar a instituciones como el MP y la CSJ.

MONTERROSO: SE PUEDE INTERPRETAR COMO UNA PRESIÓN

“Me parece una gran incongruencia definitivamente, la independencia judicial implica que los jueces al momento de resolver no se vean presionados por otros poderes del Estado, pero tampoco por sectores del mismo Estado, y entre ellos por supuesto el sector privado”, señaló Javier Monterroso investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.

De acuerdo con Monterroso, la conferencia de prensa del sector privado se puede interpretar como una presión hacia los jueces en procesos penales en los que hay personas vinculadas al sector privado que están siendo investigados por diferentes delitos, como es el caso de Carlos Vielman quien fue directivo de la Cámara de la Industria, Cámara del Agro y cercano al sector privado.

“En ese sentido la solicitud del sector privado es una clara presión sobre los jueces y el Ministerio Público, porque también dijeron que le llamaban a la Fiscal General la atención para que tomara cartas en el asunto de personas que están volviendo a perseguir hechos que ya fueron juzgados, es una clara referencia al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval”, manifestó Monterroso.

“Reabrir casos o utilizar testigos no idóneos, o que no reúnen las calidades necesarias para ser considerados como tal, destruye irreparablemente la confianza en el sistema”, indicó el presidente del CACIF, Marco Augusto García el viernes en la conferencia de prensa.

“Lo anterior se trata de procedimientos ilegales, los cuales rechazamos rotundamente. Solicitamos respetuosamente a la Fiscal General que abra las investigaciones correspondientes, y en caso hubiere delito, proceda a destituir a los responsables y a iniciar las acciones legales correspondientes”, aseguró García, en referencia al Caso Ejecuciones Extrajudiciales.

Tras la captura de los presuntos responsables de la muerte de varios reos fugados de la cárcel conocida como “El Infiernito”, se han incrementado los ataques contra el trabajo de la Fiscalía encargada de los casos de alto impacto y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre todo luego de que el medio República publicara audios en los que, supuestamente, miembros de la FECI negocian con uno de los testigos beneficios a cambio de su declaración, lo cual ha sido desmentido por Juan Francisco Sandoval y la CICIG en diversas oportunidades.

Según Monterroso, no es la primera vez que el sector privado hace esto, “hay que recordar hace algunos años cuando se estaba juzgando el caso por genocidio, dieron una conferencia para explicar que para ellos no existía genocidio en Guatemala, cuando era un asunto que se estaba discutiendo en los tribunales del país en ese momento”, añadió.

“Lo que pareciera es que el sector privado en realidad no cree en la independencia judicial, no quiere una justicia independiente. Está bien expresarse ante los fallos judiciales, porque a veces uno no comparte esos fallos, pero cosa muy diferente es generar presión en el sector judicial, o en los fiscales”, señaló Monterroso.

DEFENSAS DESDE LAS CÁMARAS
Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, indicó que en primer lugar los Fiscales y la Fiscal General tienen la obligación de proteger y resguardar la independencia de los fiscales, por lo tanto, no ceder a ningún chantaje o presión de algún sector.

Como segundo punto, resaltó que el sector privado tiene que ser más coherente con su discurso y quehacer, porque los procesos son públicos y abiertos, las acusaciones son claras y le compete a los abogados defenderlos y no a un gremio, “eso se puede interpretar muy fácilmente como presión a los órganos de justicia”.

Según Marroquín “utilizar la representación gremial para esos fines es un despropósito completo”. Agregó que se esperaría que la Fiscal General, abra una investigación e incluso acusar a los que están ejerciendo esas presiones contra los fiscales porque eso es un delito, “interferir, amedrantar a esta parte de la justicia, esperaríamos que la Fiscal sea completamente honesta con estas personas que están ejerciendo esta presión indebida”.

Asimismo, indicó que esa investigación debe hacerse de oficio, pues es en contra del personal del MP, que además no es cualquier personal, sino los Fiscales de la FECI, “una de las mejores Fiscalías, la única que ha dado resultados como ninguna otra es la FECI, por lo tanto, la Fiscal tiene la obligación de protegerlos y proteger su independencia, investigar a aquellos que los están amedrentando”, añadió.

PIDEN RESPALDAR TRABAJO DE LA FECI
Andy Javalois, analista de la Fundación Myrna Mack, señala que un auténtico Sistema de Justicia solo puede funcionar si todos los actores que lo conforman realizan su trabajo sin que medien presiones, ya sean internas o externas. Para esto, afirma, es necesario que las instituciones brinden su apoyo irrestricto a los operadores de justicia independiente.

“La FECI nos ha resultado un aliado imprescindible en este combate directo que se ha iniciado desde hace varios años contra grupos de delincuencia organizada que se encuentran incrustados en el aparato estatal. El ataque a través de muchos medios y es en verdad una pena, una verdadera vergüenza, que no se tomen medidas necesarias para intentar frenar esa circunstancia que solo pone en un punto de equilibrio la justicia penal guatemalteca”, comenta el entrevistado.

De momento, el ataque va dirigido con nombre y apellido y es contra el fiscal Sandoval, añade el consultor de la Fundación Myrna Mack, sin embargo, lo que se está atacando es a la institución por vías externas. Por lo tanto, es necesario conocer cuál va a ser la postura de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, para apoyar el trabajo que ha venido realizando la FECI en materia de lucha contra la corrupción e impunidad, puntualiza.

Monterroso coincidió con ese pronunciamiento y agregó que se esperaría que la Fiscal General respalde a Juan Francisco Sandoval, lo cual no implica que no se deben evaluar los casos de la CICIG y Sandoval, es decir, que la Fiscal General debe contar con un control de calidad de las acusaciones y casos que presente el MP, incluso si estos son con CICIG.

“Ante este tipo de presiones la Fiscal debe responder y respaldar a Sandoval. Ojalá que esta presión no determine la salida de Sandoval, no estoy diciendo que debe estar eternamente en la FECI, pero no debería ser esta la causa de su remoción, debe haber una evaluación objetiva de su trabajo”, dijo Monterroso.

ASIES: EL LLAMADO DE INDEPENDENCIA ES POCO COHERENTE
Luis Linares López, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) indicó que la postura del sector empresarial obedece a que se ha convertido en parte interesada en el caso que involucra a Vielmann.

“Hay que ver esta postura del CACIF como parte interesada porque muchos miembros de este sector han sido señalados en los últimos dos años en casos de corrupción y eso ha hecho que su posición y respecto al sector Justicia haya variado”, comentó.

Linares, dijo que si la CICIG no continúa en Guatemala, la función de Juan Francisco Sandoval sería un factor clave en la lucha contra la corrupción al frente de la FECI, “yo veo esto como parte de un actuar sistemático para desmantelar la lucha contra la corrupción”, acotó.

Además, aclaró que la función del MP es presentar las acusaciones, si estas fuesen infundadas no atentan contra la independencia judicial, simplemente los tribunales las desechan.

“El llamado a la independencia judicial es poco coherente cuando viene de un sector que tradicionalmente ha ejercido mucha influencia sobre decisiones de todo tipo, tanto en materia de la administración pública, como en el poder Ejecutivo, Judicial y del Congreso en cuanto a influir en acciones favorables a su sector”, añadió.

RESPONDERÉ AL LEER

La Hora se comunicó con el presidente del CACIF, Marco Augusto García, para conocer su postura ante las opiniones vertidas por los analistas consultados, sin embargo, mencionó que se pronunciaría al momento de leer lo que habían comentado.

“Ellos (CACIF) están haciendo lo contrario a lo que dicen porque están ejerciendo presiones públicas muy evidentes para que la Fiscal General destituya al Fiscal de la FECI”.
Edgar Celada, Ipnusac.

“Solicitamos respetuosamente a la Fiscal General que abra las investigaciones correspondientes, y en caso hubiere delito, proceda a destituir a los responsables y a iniciar las acciones legales correspondientes”.
Marco Augusto García, presidente del CACIF.

“Eso se puede interpretar muy fácilmente como presión a los órganos de justicia”.
Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana.