Caso Ejecuciones: así FECI y CICIG sustentan su tesis

Desde 2015, las investigaciones develadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han generado diversas reacciones dependiendo del perfil de las personas sindicadas. La reciente captura del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y de otros cuatro sindicados en un caso de ejecuciones extrajudiciales no fue la excepción, pues a partir de entonces han proliferado descalificaciones a los investigadores del MP y la CICIG.

POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt

En un comunicado, ambas instancias señalan que debido al “alto perfil de las personas vinculadas a proceso ha desatado una fuerte campaña de descalificación y desinformación” contra el actuar de la Fiscalía.

Las redes sociales han sido la principal plataforma para cuestionar a la FECI, aunque también se han sumado comunicados de familiares de víctimas o sindicados y publicaciones de prensa, así como la filtración de audios en los que supuestamente se escucha la negociación entre fiscales y un testigo que actualmente purga condena para que éste último declare contra uno de los sindicados.

Los principales cuestionamientos han sido tres: Los sindicados han asegurado que los hechos por los cuales fueron detenidos ya fueron dilucidados en tribunales nacionales o en España, la utilización de privados de libertad como testigos y el supuesto otorgamiento de beneficios a los mismos.

En un amplio comunicado de prensa, el MP y la CICIG responden a estas afirmaciones y sustentan los mecanismos utilizados en esta nueva investigación, la cual tiene por objetivo el esclarecimiento de la muerte de un grupo de prisioneros que escapó de una cárcel durante la administración del exministro de Gobernación, Carlos Vielmann.

HECHOS YA JUZGADOS, SEGÚN VIELMANN

El exministro de Gobernación es quien ha sostenido esta tesis: Vielmann asegura que en el caso se le imputan hechos que ya fueron juzgados en España y que, por ende, ya fue absuelto de toda responsabilidad.

En resumen, la FECI explica que los detenidos fueron requeridos ante la justicia por sucesos distintos a los que ya fueron sometidos a proceso penal en Guatemala y España.

“Se trata, en concreto, de 7 presuntos actos delictivos (3 ejecuciones extrajudiciales y 4 torturas), acciones que no han sido ventiladas ni imputadas en tribunales nacionales o extranjeros con anterioridad. Por lo tanto, no hay violación al principio procesal que refiere que nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho (non bis in ídem, Artículo 17 del Código procesal Penal)”, indica el comunicado de prensa.

En específico, los involucrados se encuentran dilucidando su situación en etapa de primera declaración por su presunta vinculación a las ejecuciones extrajudiciales de Hugo Humberto Ruiz Fuentes, el 14 de noviembre de 2005, Douglas Sadiel Arauz Palacios y Adonis Asael Murillo, el 20 de diciembre de 2005.

Además, por la presunta tortura de Marco Tulio López y López y Luis Humberto Arana Sarceño el 23 de octubre de 2005, Julio Oswaldo García Palacios el 19 de noviembre de 2006; así como Isaías López Castillo el 25 de octubre de 2005. Todos ellos escaparon de la cárcel conocida como “El Infiernito”, ubicada en Escuintla.

Ninguna de estas ejecuciones extrajudiciales ni las torturas a las que fueron sometidos cuatro privados de libertad han sido juzgadas con anterioridad, sostiene la Comisión.

En Guatemala y España lo que se dilucidó eran otros eventos, muchos de ellos relacionados a la prisión “Pavón”. Estas fueron las ejecuciones extrajudiciales por las que Vielmann y otras personas enfrentaron un proceso judicial:

1. Edwin Santacruz Rodríguez (“Río Hondo”) 3 de noviembre de 2005.
2. Julián Morales Blanco y José María Maldonado Sosa (“Las Cuevas”) 1 de diciembre de 2005.
3. José Abraham Tiniguar Guevara (Pavón) 25 de septiembre de 2006.
4. Mario Misael Castillo (Pavón) 25 de septiembre de 2006.
5. Jorge Eduardo Batres Pinto (Pavón) 25 de septiembre de 2006.
6. Luis Alfonso Zepeda González (Pavón) 25 de septiembre de 2006.
7. Carlos René Barrientos Vásquez (Pavón) 25 de septiembre de 2006.
8. Gustavo Adolfo Correa Sánchez (Pavón) 25 de septiembre de 2006.
9. Erick Estuardo Mayorga Guerra (Pavón) 25 de septiembre de 2006.

La Comisión y la Fiscalía también refutan que a Vielmann se le señale de pertenecer a una estructura criminal, es decir el delito de asociación ilícita porque: “en la época de los sucesos no estaba en vigor la Ley de Delincuencia Organizada (la cual regula el delito de asociación ilícita). Lo que se le imputan son delitos específicos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, que no han sido juzgados con anterioridad”.

¿REOS QUE OFRECIERON TESTIMONIO SON COLABORADORES EFICACES?

El segundo tema abordado es las críticas a la utilización de privados de libertad como testigos dentro del proceso, “cuestionando su credibilidad y por ende la solidez de la investigación”, haciendo alusión a los comunicados de prensa de familias que han sido víctimas de secuestro y comentarios en los que se aduce que estas personas no deberían ser parte de las pruebas testimoniales de otro proceso por su antecedente criminal. En este pronunciamiento se ha mencionado la participación de los ahora detenidos en la desarticulación de estructuras criminales.

En resumen, los entes investigadores refieren que dentro de la causa se han recolectado más de 50 testimonios, cuatro de ellos de privados de libertad que fueron objeto de torturas. Asimismo, hacen énfasis en que estos son sustentados por otros métodos probatorios. Estos han sido en “calidad de anticipo de prueba, existen documentos oficiales que ratifican lo manifestado por testigos, así como pericias científicas que fortalecen la hipótesis del caso”.

“La evidencia en el caso incluye más de cincuenta declaraciones testimoniales de ciudadanas y ciudadanos guatemaltecos que fueron testigos de los hechos, algunos de ellos porque estuvieron presentes en el lugar de la comisión de los mismos y otros que tuvieron conocimiento de los hechos por razón del cargo que desempeñaban en ese momento, como policías nacionales civiles y funcionarios del Organismo Judicial, entre otros. Cada uno de estos ciudadanos ha dado su testimonio con valentía y con el único propósito de colaborar con la verdad y la justicia”, argumentan.

Por último, sobre los cuatro prisioneros aclaran que su testimonio únicamente se encuadra dentro de los hechos relacionados a las torturas y que no recibirán ningún beneficio y deben continuar purgando las penas que deben cumplir por otros procesos penales en los que ya fueron condenados.

“Esas cuatro personas siguen cumpliendo su condena en calidad de detenidos y en ningún momento han sido favorecidos o han recibido beneficio penitenciario o de cualquier otra índole. No son colaboradores eficaces ni tendrán reducción de pena alguna por su testimonio”, refieren.

REITERAN QUE NO HAY BENEFICIOS PARA TESTIGOS E INVESTIGAN AUDIOS

En cuanto al audio que ha circulado, en el que supuestamente fiscales de FECI, así como el testigo y privado de libertad, Marco Tulio López, negocian beneficios a cambio de que realizara declaraciones particulares, la entidad aclaró que el MP verifica la veracidad o adulteración del audio de la declaración, la cual “posiblemente” fue recabada en 2013, dentro de una solicitud de prueba por parte de la Confederación Suiza por la causa penal contra el exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperisen. Sin embargo, aclara la comisión, dicha declaración no fue utilizada como medio de prueba en este caso de ejecuciones extrajudiciales y tortura.

“No existen colaboradores eficaces ni tampoco han sido ofrecidos u otorgados beneficios económicos ni de otra índole a los testigos”, puntualizan. También menciona que las declaraciones de Tulio López utilizadas dentro de este proceso son de 2011 y 2012, es decir, antes de la que se ha difundido en redes sociales y medios de comunicación.

CICIG HACE LLAMADO

Por último, la CICIG hizo un llamado sobre la garantía de los derechos humanos de todas las personas y cómo este caso se enmarca en la desarticulación de un CIACS.

“La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala aprovecha la oportunidad para recordar que los derechos humanos son universales y deben garantizarse sin discriminación de sexo, raza u origen social. Es grave que los crímenes de tortura y ejecución extrajudicial hayan sido cometidos por funcionarios del gobierno responsables de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos bajo su custodia. Ello desnaturaliza el rol del Estado como garante del debido proceso, la protección de defensa y garantía de los derechos humanos. Este caso presenta un perfil de Cuerpo Ilegal y Aparato Clandestino de Seguridad –CIACS– en su definición más pura, razón de la creación y funcionamiento de la CICIG”, finalizan.

Kamilo Rivera sigue prófugo de la justicia

Mientras las personas detenidas se encuentran afrontando la fase de primera declaración, el exviceministro de Seguridad, Kamilo Rivera, continúa prófugo de la justicia. El comunicado reitera que el 29 de octubre el Juzgado de Mayor Riesgo emitió la orden de captura contra Rivera, quien fue nombrado en enero al frente de uno de los viceministerios de la cartera de Gobernación.

“El señor Rivera es señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales cuando servía como miembro del Comando Antisecuestros de la PNC en el año 2005. El señor Rivera escapó el día de los operativos y se encuentra prófugo, habiendo sido declarado en rebeldía por el Tribunal. El mismo día de su fuga, el Viceministro presentó su carta de dimisión”, informa la Comisión.