Por Denis Aguilar
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Luego de rechazar la inclusión del pluralismo jurídico y oponerse en su momento al Consejo Nacional de Justicia en las reformas constitucionales del Sector Justicia, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) pidió que se haga una reforma integral al Sistema de Justicia en Guatemala.
En conferencia de prensa, la cúpula empresarial se refirió sobre la necesidad de que las reformas se discutan mediante un proceso de diálogo que conduzca a acuerdos, en el cual se cuente con la participación de todos los guatemaltecos.
“Venimos de una serie de intentos de reformas judiciales, entonces deben haber reformas de carácter constitucional de la forma cómo se nombra, de la forma cómo se logran escalar los puestos que deberían ser a través méritos y no de razones de tipo político, también tenemos que determinar quiénes son las personas que deberían designar a los jueces o calificar los méritos de los jueces y también la forma en que ellos deben rendir cuentas”, dijo Marco Augusto García, presidente del CACIF.
El derecho indígena fue uno de los temas más polémicos en las reformas constitucionales al Sector Justicia presentado en 2016 y aunque fue retirado del mismo, las reformas nunca se aprobaron en el Congreso.
PRESIONES MEDIÁTICAS
El Presidente del CACIF se refirió a las presiones que se dan en el Sistema de Justicia en los casos de alto impacto, asegurando que al manejarse estos de forma mediática se está presionando a los jueces.
“Lo que ha sucedido es que los litigios se han realizado mediáticamente y al juez se le presiona de esa forma, nosotros consideramos que la única persona que en exclusiva tiene la facultad de absolver o condenar a una persona, es decir dictar justicia en materia penal, es el juez”, dijo.
A García se le cuestionó si el sector privado no ha realizado presiones a la Corte de Constitucionalidad (CC) por el Caso de la Mina San Rafael, con campañas mediáticas en los medios de comunicación, a lo que contestó que dichas presiones son justificadas ya que ese organismo se excedió en emitir un fallo.
“En ese caso es lógica (la presión), porque se había pasado en exceso el tiempo en que los tribunales resolvían, se tardaron más de un año y al final no resolvieron nada. Nosotros mismos pedimos, basándonos en el derecho a la información, de que se nos diera la información de por qué el atraso y no se nos dio nada”, dijo García.
El Presidente del CACIF mencionó que cuando se incumplen las funciones, se pueden realizar peticiones de manera constitucional, lo cual es muy diferente a forzar a que un caso se resuelva.
HABLAN DE COSA JUZGADA Y DE IDONEIDAD DE TESTIGOS
El CACIF también pidió a la fiscal general, María Consuelo Porras, que se investigue sobre los testigos y pruebas que se han presentado como el del exministro de Gobernación, Carlos Vielman, en el caso de ejecuciones extrajudiciales y tortura, indicando que se han colocado a personas no idóneas en ese tipo de procesos judiciales.
“Reabrir casos o utilizar testigos no idóneos, o que no reúnen las calidades necesarias para ser considerados como tal, destruye irreparablemente la confianza en el sistema”, dijo García.
Según el CACIF, los jueces deben aplicar el principio de cosa juzgada para evitar que en un mismo hecho se juzgue dos veces a una misma persona.
“Lo anterior se trata de procedimiento ilegales, los cuales rechazamos rotundamente. Solicitamos respetuosamente a la Fiscal General que abra las investigaciones correspondientes, y en caso hubiere delito, proceda a destituir a los responsables y a iniciar las acciones legales correspondientes”, aseguró.
SOBRE FALLO DE CC: SE DEBE RESPETAR
En torno a la decisión de la CC sobre rechazar los recursos del Ejecutivo para impedir la entrada del comisionado Iván Velásquez al país, el CACIF indicó que ese tipo de fallos se deben respetar, gusten o no.
