POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Óscar Schaad, informó que, derivado de las reformas al artículo 407 “N” del Código Penal, que regula el financiamiento electoral ilícito, se está realizando un análisis jurídico de todas las investigaciones que se siguen por este delito para determinar cuál es la manera adecuada de proceder.
Ayer, se conoció que los primeros beneficiarios de las reformas al 407 “N” fueron los empresarios Rodrigo Arenas y José Andrés Botrán, quienes estaban sindicados de financiamiento electoral ilícito al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Tanto en el caso de Arenas, como de Botrán, las reformas conllevaron a la Fiscalía a solicitar un “criterio de oportunidad”, lo cual implica que no serán condenados penalmente sino únicamente deberán dar un resarcimiento por los daños causados.
El jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales dijo que se continúa haciendo un análisis de cada uno de los casos, puesto que todos son distintos.
“Nosotros estamos asumiendo una postura jurídica y procesal que va en contraposición a lo que las reformas nos están permitiendo hacer. Entonces, en su momento, cada uno de los casos es diferente, son completamente distintas las circunstancias bajo las cuales se dieron los hechos”, dijo Schaad.
INCONSTITUCIONALIDAD
La fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, mencionó en una actividad pública hace unas semanas que, en caso el MP determinara que las reformas al 407 “N”, que reducen las penas para el financiamiento electoral no registrado o anónimo, riñen con principios constitucionales, se procedería a plantear una inconstitucionalidad.
Sin embargo, las reformas ya entraron en vigencia y la Fiscalía General aún no ha anunciado una decisión al respecto.
Al ser consultado sobre si se procedería a plantear la inconstitucionalidad, Schaad dijo que la pregunta debe planteársele a la Fiscal General, puesto que a la Fiscalía únicamente le corresponde realizar investigaciones.
AUDIENCIA
La audiencia en la que se discutirá si es procedente beneficiar a Arenas y Botrán con un criterio de oportunidad se programó por parte del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Erika Aifán, para el próximo 20 de noviembre.
La jueza Aifán será la encargada de autorizar o no el criterio de oportunidad para ambos sindicados.
OTROS CASOS
Respecto a los otros casos que están en investigación, como el del diputado Orlando Blanco y del diputado Roberto Villate, Schaad dijo que la postura que se asuma se planteará ante las judicaturas, por lo que de momento no puede dar más información al respecto.
