POR CHRISTIAN GUTIÉRREZ
cgutierrez@lahora.com.gt
La exvicepresidenta Roxana Baldetti aseguró esta mañana por medio de videoconferencia desde el centro de detención para mujeres Santa Teresa, que ya no cuenta con dinero para pagar un abogado particular.
Por ello, Baldetti solicitó que le fuera asignado un abogado de la Defensa Pública Penal debido a que no contaba con los recursos económicos para continuar con su defensor personal.
En su intervención la exvicemandataria agradeció al juez por la consideración de ser escuchada por esa vía, ya que aún tenía problemas de salud en su columna.
Las declaraciones de la exvicepresidenta se dieron en el Caso Plazas Fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC), en el que está sindicada.
ASEGURA QUE ESTÁ SIENDO JUZGADA DOS VECES
Baldetti también le pidió al juez Pedro Lainez que sea separada de este caso, ya que asegura que está siendo juzgada por los mismos delitos en el Caso TCQ o La Cooperacha, por lo que no puede ser juzgada dos veces por los mismos delitos.
“Es exactamente el mismo Caso de Plazas Fantasma del RIC que ya lo tienen en TCQ… entonces no puedo ser juzgada dos veces por exactamente lo mismo”, indicó Baldetti.
La exvicepresidenta había solicitado al juez que ya no la citara, sino que por medio de videoconferencia ella estuviera presente en las audiencias porque tiene problemas de la columna.
El juez Cuarto de Primera Instancia Penal, Pedro Lainez, autorizó a Baldetti que comparezca a las audiencias de primera declaración del Caso RIC por videoconferencia desde la prisión Santa Teresa.
DANIELA BELTRANENA SÍ SE PRESENTÓ
Daniela Beltranena también está siendo sindicada por el Ministerio Público (MP) en este caso por el delito de peculado por sustracción, sí se presentó a la audiencia.
Beltranena, quien fue una persona de confianza de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, fue vinculada a este Caso de Plazas Fantasma en el RIC.
EL CASO
Según la investigación, entre 2012 y 2015, el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, tenía control sobre varias plazas fantasma que fueron otorgadas a distintas personas en el Registro de Información Catastral (RIC).
Estas plazas representaron al Estado un monto de Q4 millones 893 mil, según la Fiscalía.
