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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105POR REDACCIÓN LA HORA
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El pasado 8 de noviembre el Juzgado de Mayor Riesgo “A” dictó sentencias de cinco a veintidós años a una organización criminal que lavó dinero y cobró por traslados ilegales de reos a cárceles. La sentencia fue en contra de las exautoridades del Sistema Penitenciario (SP) y otras personas. Aunque el caso deja un precedente porque es la primera vez que se obtiene una sentencia condenatoria por corrupción en las cárceles de Guatemala, aún persisten los vicios en el sistema, por lo cual debe darse el paso siguiente para cambiar esa realidad dentro de las prisiones del país.
Edgar Camargo, Edy Fisher, exdirector y exsubdirector del SP respectivamente, así como José René Ávila Mazariegos, Juan Fernando de León Amézquita, Martín Arévalo Godoy, Christian René Picón Cifuentes y William Estuardo Salguero Tobar, fueron sentenciados de cinco a veintidós años de cárcel por diferentes delitos como asociación ilícita, incumplimiento de deberes, cohecho pasivo y lavado de dinero, entre otros.
Según el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estas personas conformaron una organización criminal que cobraba por trasladar a reos de cárceles. El caso fue develado en septiembre de 2014, cuando se ejecutaron las capturas.
APARENTE LEGALIDAD
Algunos de esos traslados se hicieron bajo la supuesta legalidad, al usar el Artículo 8 de la Ley del Régimen Penitenciario, Control Judicial y Administrativo del Privado de Libertad: Toda pena se ejecutará bajo el estricto control de juez de ejecución, quien hará efectivas las decisiones de la sentencia, así como el cumplimiento adecuado del régimen penitenciario.
Agrega: En el caso de personas sujetas a prisión preventiva, estarán a disposición de los jueces respectivos, conforme al Código Procesal Penal. El control de las condiciones generales de los centros de privación de libertad estará bajo la responsabilidad del Director General del Sistema Penitenciario, con la debida supervisión del juez competente, debiéndose velar por las condiciones dignas y los derechos inherentes al ser humano.
El traslado de las personas reclusas de un centro a otro o a un centro médico asistencial, sólo podrá ser autorizado por el juez competente en casos plenamente justificados. En situación de emergencia la Dirección General del Sistema Penitenciario podrá disponer aquellos traslados, dando cuenta inmediata al juez correspondiente, quien resolverá en definitiva.
No solo la administración de Camargo había realizado traslados irregulares con esta modalidad, incluso, así lo admitió el exdirector del SP, sus declaraciones fueron consignadas en el reportaje “Cárceles: ingresar un celular vale Q500; traslados cuestan hasta Q150 mil”, publicado el 3 de febrero de 2014.
En esa fecha el exfuncionario dijo que “esa había sido la información que había recibido cuando tomó posesión”, “que era una de las posibilidades que ahí estuvieron haciendo actividades fuera de lo normal”, por eso decidió colocar una Mesa de Trabajo para analizar cada traslado y evitar afectar a las personas.
EL SISTEMA Y SUS VICIOS PERSISTEN; REFORMA DEBE SEGUIR
Aunque ya fue emitida la sentencia condenatoria por el caso de los traslados ilegales y lavado de dinero, los problemas y sus vicios persisten en el sistema carcelario, muestra de ello es que familiares de reos siguen denunciado cobros de talacha a los reclusos de primer ingreso; no hay control sobre más de 24 mil privados de libertad (las prisiones solo tienen 6 mil 809 espacios carcelarios).
En los últimos años también se ha revelado cómo algunos reclusos siguen haciendo uso de Internet y dispositivos móviles para delinquir; en las requisas se evidencia la incautación de estos objetos no permitidos.
Corinne Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que el sistema no cambió significativamente después de la desarticulación de la banda que cobraba por traslados ilegales, lo único que se hizo fue cambiar de personal y todo siguió prácticamente igual.
“La situación no cambió mucho en las cárceles, se –capturó– a esa estructura y simplemente se colocó otra administración, pero no hubo un cambio de fondo porque cuando capturaron a esa estructura, Byron Lima seguía preso. En el tema de los traslados no autorizados o clandestinos no sé si algún privado de libertad o funcionario se quedó con el negocio, pero en el resto de -temas- se podría decir que no cambió nada; se removieron a las autoridades que llegaron con su equipo y durante la administración del Partido Patriota hubo varios cambios de directores, hay varios exdirectores de esa administración que están acusados”, dice Dedik.
De acuerdo con la entrevistada, algunos funcionarios fueron sindicados como Anthony Pivaral que fue acusado por el Caso Blindados, y en los años posteriores también fue acusado Luis Carlos de León Zea, tras la ejecución de Byron Lima y otras trece personas en la cárcel de Pavón en 2016.
A criterio de Dedik, la falta de atención al sistema carcelario continúa, la única propuesta de Reforma Penitenciaria surgió durante la administración del exministro de Gobernación, Francisco Rivas, pero tras el cambio de autoridades el tema se quedó estancado y abandonado.
“Se necesita una reforma de esa institución, tiene que seguir, aunque haya cambio de autoridades, porque si no siempre vamos a seguir con cambios frecuentes a alto nivel, proyectos que no se pueden implementar, cada vez hay más descontrol porque hay más privados de libertad, la población sigue aumentando, pero la institución se quedó en el siglo pasado y nadie ha logrado modernizarlo”, refiere.
La investigadora del CIEN explica que hay tres acciones urgentes para atender el tema: invertir en infraestructura carcelaria, que debe ser prioridad del Estado; depurar al personal operativo, pero para ello debe funcionar el control interno como la Inspectoría General (IG); continuar con el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria que empezó en este gobierno, pero se quedó estancado.
SIGUE EN PROCESO
Por su parte, Rudy Esquivel, vocero del SP fue consultado por los avances del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria e indicó que seguía su curso, pero no ofreció mayores detalles.
