POR CHRISTIAN GUTIÉRREZ
cgutierrez@lahora.com.gt
El abogado Mario Alfredo Menéndez Martínez había sido citado a declarar al Juzgado de Mayor Riesgo D, presidido por Erika Aifán, sin embargo al momento de presentarse fue capturado por tener una orden de captura vigente por los delitos de obstaculización a la justicia y falsedad ideológica.
Menéndez se suma a las seis personas que fueron capturadas el pasado 17 de octubre que integraban una estructura la cual supuestamente se dedica al lavado de dinero.
El Juzgado de Mayor Riesgo D escucharía esta mañana la primera declaración de las personas que integraban una estructura que consiguió el cierre de un caso por lavado de dinero en Huehuetenango.
Al cierre de esta nota, la jueza Aifán iniciaría con la audiencia de primera declaración con las siete personas que supuestamente integraron esta estructura.
CAPTURAS
De las 17 órdenes de captura que se habían girado, con la detención de hoy, son siete las personas que ya se encuentran detenidas, siendo: Mario Alfredo Menéndez Martínez (abogado), obstaculización a la justicia y falsedad ideológica; Juan Bautista Rozotto López, alias “Juancho”: asociación ilícita, obstaculización de la acción penal y falsedad ideológica y Raúl Antonio Salazar Pérez, alias “Seco”, asociación ilícita.
También Alfredo Antonio Salazar Pérez alias “Gordo”, por asociación ilícita, José Manuel Solórzano Pérez alias “Tosho”, asociación ilícita, Rudy Nery Martínez Xutuc (abogado), obstaculización de la acción penal y falsedad ideológica y Celvin Donado Jerónimo Tobar (abogado), obstaculización de la acción penal.
EL CASO
Según las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 8 de septiembre de 2013, fue detenido Juan Bautista Rozotto López, alias “Juancho”, cuando trasladaba Q600 mil en efectivo bajo el compartimiento de un automóvil.
Debido a que Rozotto López no pudo justificar la legalidad del dinero, se inició un proceso penal en su contra por lavado de dinero. Además, por medio de intervenciones telefónicas, la Fiscalía detectó la existencia de una estructura criminal que presentó documentos con datos falsos para acreditar que el dinero era de origen lícito.
