POR HEDY QUINO
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Las instituciones del Sector Justicia, de Derechos Humanos y de Seguridad planifican la instalación de una Mesa Técnica para elaborar reformas al Código Procesal Penal, en torno a la prisión preventiva. Esto para disminuir los altos índices de hacinamiento en el sistema carcelario.
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, indicó que el miércoles último se sostuvo una reunión con distintas entidades que forman parte del Sistema de Justicia para discutir las posibles modificaciones a la prisión preventiva.
“Estamos claros que no podemos seguir con las mismas reglas, tenemos que modificar y adaptar el derecho a los nuevos tiempos”, afirmó el Procurador.
El presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, Mario Veras Pappa, señaló que entre otras propuestas que podrían ayudar a resolver la sobrepoblación en las cárceles es la implementación de las Reglas de Tokio, reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad.
“Estamos proponiendo conformar una Mesa Técnica para darle acompañamiento al Organismo Judicial y el Sistema Penitenciario, para encontrar una solución al hacinamiento. Las Reglas de Tokio da varias ideas para controlar el hacinamiento”, declaró Veras Pappa.
“En los países desarrollados, como España, el uso de la prisión preventiva es casi nula. Esto se podría lograr en Guatemala, todo depende del tipo del delito que cometió el sindicado y la independencia del Organismo Judicial, pues son los jueces los que deciden esto”, agregó el relator.
De acuerdo con el relator contra la tortura, en diciembre próximo podría estar instalada oficialmente esta Mesa de Trabajo. “Tenemos un grupo trabajando en este tema para que a finales de año podamos iniciar con la discusión de propuestas”.
Las instituciones que participan en la discusión de estas propuestas son: Las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Ministerio Público (MP), la Defensa Publica Penal (IDPP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Organismo Judicial (OJ), el Sistema Penitenciario, la PDH y los relatores contra la tortura.
LEY DE ACEPTACIÓN DE CARGOS
El Congreso se encuentra en la discusión de la iniciativa 5311, que se refiere a la Ley de Aceptación de Cargos. Esta normativa fue presentada en 2017 por el OJ, el cual contempla rebajar las penas a los sindicados que acepten su responsabilidad penal por un delito.
La normativa busca por medio del Procedimiento Especial de Aceptación de Cargos reducir la sobrepoblación en las prisiones.
