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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Las reformas al artículo 407 “N”, que regula el financiamiento electoral ilícito, abren la puerta para que alrededor de treinta empresarios que actualmente están sindicados en los tribunales por este delito, puedan quedar libres de cargos. Sin embargo, el Ministerio Público (MP), por su parte, asegura que nadie que haya cometido delitos quedará en impunidad.
POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Con las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, reconocida entre ciertas organizaciones de sociedad civil como una “amnistía” para quienes actualmente enfrentan cargos por estos hechos, los diputados podrían haber detonado una batalla jurídica entre el MP y empresarios sindicados por financiamiento electoral ilícito, la cual tendría su apogeo en los próximos meses en los tribunales de justicia guatemaltecos.
No obstante, desde ya, la fiscal general Consuelo Porras advirtió y garantizó a la población que ninguna reforma dejará en impunidad a quienes hayan cometido financiamiento electoral ilícito. Sin embargo, en el bando opuesto, de momento algunos empresarios que presuntamente financiaron a distintas agrupaciones políticas de forma anónima, con el acompañamiento de sus abogados defensores, han empezado a utilizar las modificaciones de ley como un argumento para convencer a los jueces que estas podrían dejarlos libres de castigo.
MP: CONDUCTA SIGUE SIENDO PENADA
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, considera que las reformas al artículo 407 “N” continúan regulando como “delito” las aportaciones anónimas a los partidos políticos. Esto significa que las recientes modificaciones a la ley no libran de responsabilidad penal a ningún empresario que haya dado financiamiento electoral anónimo a las agrupaciones políticas.
Sin embargo, Sandoval considera que, en caso los empresarios resulten condenados durante el juicio, las reformas sí los beneficiarían con una reducción de penas, pues el “financiamiento electoral no registrado” es penado, tras las modificaciones a la ley, con prisión de uno a cinco años conmutables; anteriormente tenía penas de cuatro a doce años de prisión.
“En todo caso, si la gente es condenada, ahí ellos deberán invocar la pena que más le favorece, pero la conducta sigue siendo prohibida”, dijo el jefe de la FECI.
Por su parte, el jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Oscar Schaad, al igual que Sandoval, considera que las reformas al financiamiento electoral ilícito no dejaron de tipificar como delito el financiamiento electoral anónimo.
Lo único que hizo el Congreso, explica el fiscal, es asignarle una pena adecuada al financiamiento electoral no registrado, en seguimiento a una exhortación que hizo la CC.
“Lo que vemos con el cambio de la reforma es el establecimiento de penas proporcionales para las acciones cometidas con la nueva vigencia de estos hechos”, dijo Schaad.
DEFENSA: REFORMA IMPLICA BENEFICIOS
La perspectiva de los abogados defensores de algunos sindicados por financiamiento electoral ilícito es diametralmente opuesta a la de los fiscales.
Carlos Paz, abogado defensor de Ana Graciela López Gálvez, vinculada con la empresa Blue Oil y ligada a proceso por financiamiento electoral ilícito en el Caso Cooptación del Estado, considera que con las reformas quienes se encuentren procesados por este delito deberían ser liberados de cargos.
El abogado explica que inicialmente el artículo 407 “N”, que regula el delito de financiamiento electoral ilícito, no sancionaba a las personas particulares que hicieran aportes de origen legal a partidos políticos y cuyos fondos no fueran debidamente registrados por la agrupación.
Con la reforma, añade el abogado, se adicionó el inciso “Ñ” al artículo 407 del Código Penal, el cual sí tipifica como delito el financiamiento electoral no registrado (o anónimo). Sin embargo, Paz dice que varios tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución Política de la República no permiten que la ley se aplique de manera “retroactiva”.
“De esa cuenta, no se puede aplicar de manera retroactiva la figura de financiamiento electoral no registrado. Definitivamente, eso altera procesos penales vigentes sobre este delito (quienes estén sindicados por financiamiento electoral ilícito) pueden optar a ciertos beneficios, como intentar sobreseer procesos sobre la base de no existir conducta penal final aplicable”, dijo el abogado de López Gálvez.
¿QUIÉNES SERÍAN LOS BENEFICIADOS?
Casi treinta empresarios están ligados a proceso actualmente por financiamiento electoral ilícito. Todos ellos están divididos en tres casos: financiamiento electoral ilícito al FCN-Nación, Construcción y Corrupción y Cooptación del Estado.
FCN
Según las investigaciones del MP y la CICIG, para la campaña electoral de 2015, un grupo de empresarios decidió sufragar el pago de fiscales electorales del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), agrupación que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia.
El aporte de los empresarios fue de aproximadamente Q8 millones, los cuales no fueron reportados al TSE, y fueron canalizados a través de la empresa Novaservicios S.A., establecen las pesquisas.
Por estos hechos enfrentan proceso penal los siguientes empresarios:
• Rodrigo Arenas
• José Andrés Botrán
• Felipe Antonio Bosch Gutiérrez
• José Miguel Torrebiarte Novella
• José Fraterno Vila
• José Guillermo Castillo Villacorta
• Salvador Paiz del Carmen
CONSTRUCCIÓN Y CORRUPCIÓN
En 2011 varias empresas dedicadas a la construcción realizaron pagos a las entidades Impresos Urbanos, Espectaculares Urbanos S.A. y Seguridad ASA. S.A., empresas vinculadas con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, que estaban destinadas a la campaña política del Partido Patriota.
Las empresas de la construcción que realizaron el financiamiento electoral ilícito son: Compañía General de Urbanizaciones S.A., PRECON, S.A., Constructora CODICO S.A., HW Contractors S.A., SIGMA Constructores S.A. y Solelh Boneh y/o SBI International Holdings AG. En total, aportaron a la campaña del PP Q3 millones 387 mil 963.28.
Por estos hechos están ligados a proceso los siguientes empresarios:
• Otto Vinicio Samayoa Soria
• José Guillermo Samayoa Soria
• José Roberto García Rodríguez
• Denis Eli Marroquín Castillo
Además, está pendiente de definirse en una audiencia de primera declaración si son ligados a proceso por financiamiento electoral ilícito los empresarios:
• Oscar Augusto Guerra Villeda
• José René González Campo-Hinojosa (expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)
• Víctor Valentín Giordani Villeda
La empresa Compañía General Urbanizaciones S.A., vinculada con Giordani Villeda, también sufragó los gastos de páginas completas en Prensa Libre promocionando la imagen de la candidata presidencial Patricia Escobar de Arzú y la de su esposo, Álvaro Arzú, como candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala.
COOPTACIÓN DEL ESTADO
En junio de 2016, el MP y la CICIG revelaron un entramado de corrupción para financiar ilícitamente al Partido Patriota y enriquecer a sus líderes tras llegar al poder.
Los mecanismos para financiar ilícitamente al PP fueron tres: a través de canales de televisión abierta, con la triangulación de fondos del financiamiento electoral y por medio de la adjudicación de contratos del Estado.
El primer mecanismo consistió en que, en 2008, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eran candidatos al binomio presidencial, el grupo Albavisión depositó Q17 millones 679 mil 200 a empresas de cartón que eran controladas por el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón.
Este dinero fue utilizado para comprar inmuebles a Pérez y Baldetti y para gastos de publicidad del partido.
Una vez en el poder, el PP benefició con pauta publicitaria a los Canales 3 y 7 por un monto de Q216 millones 267 mil 762.52. Por estos hechos está prófuga de la justicia Alba Elvira Lorenzana, esposa del dueño de los canales Ángel González, por financiamiento electoral ilícito.
Otro mecanismo de financiamiento electoral ilícito consistió en que varios empresarios que no deseaban figurar como donantes del PP facturaron alrededor de Q50 millones a empresas manejadas por Monzón, quien, junto con su contador se encargaron de canalizar los recursos al partido político.
Los empresarios que se encuentran ligados a proceso por financiar ilícitamente al PP son:
• Alberto Rafael de León Escobar
• Álvaro Mayorga Girón
• Julio Alejandro Quinto Tobar
• Ana Graciela López Gálvez
• Marco Antonio Recinos Sandoval
• Dennis Leonel Linares Juárez
• Boris Alberto Linares Juárez
• Boris Orlando Navas Aguilar
• Max Roberto Burgos Faillace
• Juan Luis Ortiz Álvarez
• Jack Irving Cohen Cohen
• Dennis Benjamín González Zepeda
• Edna Maribel Berganza Colindres de Cabrera
• Gustavo Adolfo Alejos Cambara
• Adolfo Fernando Peña Pérez
LOS PRIMEROS INTENTOS
Luego de las reformas al financiamiento electoral ilícito se dio a conocer que los empresarios Rodrigo Arenas y José Andrés Botrán, quienes están ligados a proceso por financiamiento electoral ilícito, solicitaron al Juzgado de Mayor Riesgo D que se les modifique el delito por el cual fueron procesados.
Sin embargo, Arenas aclaró que estas peticiones se realizaron antes de que el Congreso reformara el delito de financiamiento electoral ilícito.
Francisco Gallardo, abogado defensor de Arenas, dijo que las reformas al 407 “N” aún no han entrado en vigencia y que no pueden depender de ello. El abogado dijo que, de momento, la defensa está concentrada en demostrar la inocencia de Arenas ya que la investigación no demostró que él haya dado algún “aporte cívico”.
MP PODRÍA PLANTEAR INCONSTITUCIONALIDAD
La Fiscal General dio a conocer ayer en una actividad pública que si al momento en que entren en vigencia las reformas, éstas atentan contra principios constitucionales, el MP procederá a plantear una inconstitucionalidad.
Al ser cuestionada sobre si estaba de acuerdo con las reformas, Porras no quiso expresar su aprobación o desaprobación al respecto.
“En todo caso, si la gente es condenada, ahí ellos deberán invocar la pena que más le favorece, pero la conducta sigue siendo prohibida”.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI“Definitivamente, eso altera procesos penales vigentes sobre este delito (quienes estén sindicados por financiamiento electoral ilícito) pueden optar a ciertos beneficios, como intentar sobreseer procesos sobre la base de no existir conducta penal final aplicable”.
Carlos Paz, abogado defensor
