POR REDACCIÓN LA HORA
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La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores se negó sin “razón o justificación alguna” a recibir la solicitud de renovación de visa del comisionado, Iván Velásquez.
“El día 30 de octubre de 2018 personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, se apersonó en la Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer la entrega de la solicitud de renovación de visa del Comisionado Iván Velásquez Gómez. La persona responsable de esa oficina, tras consultar a sus superiores, indicó que no podía recibir la solicitud, sin dar razón o justificación alguna. Del mismo modo, indicó que no daría razón de la denegación por escrito”, informó la Comisión en un comunicado de prensa enviado esta tarde.
Luego de que el Gobierno anunció en septiembre que no permitiría al comisionado Iván Velásquez ingresar al país, la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgó un amparo provisional al abogado Alfonso Carrillo, para que se le permitiera el regreso al titular de la CICIG a Guatemala y como en la resolución de 2017, tras el non grato, instó al Ejecutivo a solventar cualquier discrepancia mediante el mecanismo establecido por el artículo 12 con el cual se creó la Comisión.
Mientras tanto, el pasado 16 de octubre, se informó que la Cancillería revocó tres visas de cortesía vigentes a igual número de integrantes de la Comisión y derogó la emisión de esos permisos a ocho funcionarios más. La medida afectó también a dos familiares de los funcionarios a los que se derogó la emisión de visas.
En esa oportunidad, la canciller Sandra Jovel Justificó su actuar en la soberanía del país e incluso, al igual que el presidente Jimmy Morales, indicaron que se hizo un análisis especifico de las personas que solicitaron las visas y que no permitirían que “ese tipo de personas estén en nuestro país”, y que por “seguridad nacional” deben proteger a Guatemala. A la vez, mencionó que las preocupaciones del Gobierno las harían saber a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), utilizando el artículo 12 del acuerdo de creación de la Comisión.
