POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Luego de que los diputados reformaran el delito de financiamiento electoral ilícito, varios empresarios que están sindicados en los tribunales por este tipo penal hicieron solicitudes al Juzgado de Mayor Riesgo “D”, buscando sacar provecho de las reformas legales.
Uno de estos sindicados es el expresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), José René González Campo Hinojosa, quien solicitó hoy, por medio de su abogado defensor, a la jueza Erika Aifán que lo separe del Caso Construcción y Corrupción, Fase II, mientras se define si las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito que hizo el Congreso el pasado jueves quedan firmes.
Su abogado hizo alusión a la jueza Aifán que las modificaciones a la redacción del artículo 407 “N” del Código Penal, el cual regula el delito de financiamiento electoral ilícito, se encuentran en un “proceso constitucional” previo a entrar en vigencia.
Por tal motivo, el abogado de González Campo pidió que su cliente y las demás personas que enfrentan cargos por financiamiento electoral ilícito en el Caso Construcción y Corrupción, Fase II, sean separados del caso.
“Creemos que es prudente solicitar la separación de las personas vinculadas por el delito de financiamiento electoral ilícito que no enfrentan cargos por esos tipos penales y que se señale una continuación de la audiencia en favor de mi patrocinado, José René González Campo Hinojos, una vez hayan concluido los procedimientos constitucionales que ya están en marcha”, dijo el abogado defensor a la jueza.
Sin embargo, la jueza rechazó la solicitud y dijo que el proceso penal debe continuar su marcha con la ley que está vigente en este momento y que ella no puede basarse en ningún supuesto.
MISMA ESTRATEGIA
Los empresarios Rodrigo Arenas y José Andrés Botrán, sindicados por financiamiento electoral ilícito al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), también pidieron a la jueza Erika Aifán que les programe una audiencia en la cual pedirán que se les modifique el delito por el cual fueron procesados.
La audiencia está programada para el 13 de noviembre a las 9:00 horas, informó la Fiscalía de Delitos Electorales.
Al ser consultado sobre la petición, Arenas comentó que, desde un principio, no están de acuerdo con el delito que le fue imputado y dijo que esta audiencia se solicitó antes de que el Congreso hiciera las reformas al 407 “N”.
REFORMAS
El pasado jueves, el Congreso eliminó el segundo párrafo del artículo 407 “N”, el cual hacía referencia al financiamiento anónimo y no registrado en los libros contables de la organización política.
También creó el literal “O” al artículo 407, el cual regula el delito de “financiamiento electoral no registrado” y rebajó las penas de uno a cinco años de prisión conmutables.