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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105El experto en política, Renzo Rosal, afirmó que las modificaciones que hizo ayer el Congreso al financiamiento electoral ilícito, generarían falta de transparencia en las elecciones generales.
POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt
Rosal indicó que los cambios que aprobaron ayer los diputados flexibilizan las penas para el delito del financiamiento electoral, al tipificar el financiamiento electoral no registrado. “El financiamiento electoral es el talón de Aquiles del sistema político, por ende las penas para esta falta deberían ser más duras”, dijo.
“Lo que hizo ayer el Congreso fue colocar el delito de financiamiento electoral como una falta de segunda categoría, esto pese a que existen casos en torno a este delito que involucra a políticos durante los procesos electorales del 2011 y 2015”, explicó Rosal.
Se esperaba que en este proceso electoral fuese más transparente, con menos opacidad y con menos financistas, pero con estas reformas ocurrirá todo lo contrario. Estos cambios crean condiciones para que aquellas personas que incurran en este delito sean sancionadas con penas menores, creando impunidad, “y esto es muy peligroso para la democracia del país”, declaró el politólogo.
407 N INVITA AL CRIMEN ORGANIZADO A FINANCIAR CAMPAÑAS POLÍTICAS
En relación al delito de financiamiento electoral ilícito, el experto se refirió a la parte que contempla el nuevo artículo: “a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado”.
“La redacción que hizo el Congreso deja varias lagunas legales, ‘a sabiendas’ implica que debe haber un pleno conocimiento que los recursos provienen del crimen organizado, ¿Cómo saberlo?, pues se requieren de capacidades investigativas con las que el país no cuenta”, dijo Rosal.
El financiamiento del crimen organizado ha estado presente en los procesos electorales, los cuales han ido en aumento y han sido visibles. “Lo que aprobó ayer el Congreso es una invitación abierta y evidente para que exista más financiamiento y más financistas provenientes del crimen organizado”, opinó.
VILLAGRÁN: CC PODRÍA SUSPENDER REFORMAS
La congresista, Andrea Villagrán, la única diputada que se pronunció ayer en el pleno en contra de esas reformas, recordó que en la Corte de Constitucionalidad (CC) se encuentra pendiente de resolver una solicitud de amparo que presentó el pasado 24 de julio, para que los diputados con conflicto de interés se abstuvieran a votar por las reformas al 407 N, extremo que no sucedió ayer.
“Si la CC otorga el amparo provisional, las reformas quedarían en suspenso. Además sería la Corte la que determine el proceso a seguir, si bien es cierto fue la máxima corte la que exhortó al Congreso de realizar estas reformas, pero lo que se aprobó ayer no cumplen con lo establecido en dicha exhortación, de racionalidad y proporcionalidad”, explicó.
La legisladora agregó que por este caso, ayer envió a la CC un memorial para que se emita una “pronta” respuesta al recurso legal que interpuso en contra de dichas reformas.
MP: INVESTIGACIONES SOBRE FINANCIAMIENTO ELECTORAL ILÍCITO CONTINÚAN
Pese a la aprobación de las modificaciones al delito de financiamiento electoral, el jefe de la Fiscalía Contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), Óscar Schaad, informó que continúan con las diligencias que realizan en torno a los casos de las agrupaciones políticas señalados de posible financiamiento electoral ilícito.
“De momento estamos trabajando con el mismo delito (407 N sin reformas), pues no ha entrado en vigencia la nueva ley”, declaró el fiscal.
Respecto a si estos cambios en el Código Penal afectarían las investigaciones que realiza la Fiscalía, el funcionario del MP detalló que hasta entrada en vigencia la nueva normativa, se tendría certeza de esto.
“Una vez entrada en vigencia la nueva ley, nosotros realizaremos un análisis de las nuevas disposiciones, así como de cada uno de los casos que conocemos, para determinar a cuáles y de qué forma se verían afectados los casos”, explicó Schaad.
SIN RESPUESTA
Por este mismo tema se intentó conocer la opinión del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), pero al cierre de esta nota, los consultores a los que se les contactaron no respondieron las llamadas telefónicas que se hicieron.
CAMBIOS
El Congreso aprobó ayer cambios al financiamiento electoral ilícito, contemplada en el artículo 407 N, del código penal. Entre las modificaciones se crea el inciso O) en ese mismo artículo. Este tipifica el delito de financiamiento electoral no registrado.
Con la modificación que aprobó ayer el Pleno, se entiende como financiamiento electoral ilícito, aquellos recursos que aporte o reciba una persona para financiar una campaña electoral, “a sabiendas que dichos aportes provienen del crimen organizado”.
Quien incurra en esta falta “será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales”, reza la ley.
En relación al 407 O, indica que es financiamiento electoral no registrado “las aportaciones con motivos de campaña electoral y no las reporte a las organizaciones políticas para su registro contable”.
Esta falta es sancionada con una pena de uno a cinco años de prisión y multa de veinte a cien mil quetzales. En este artículo la responsabilidad recae en los contadores y no en el secretario general.
