POR CHRISTIAN GUTIÉRREZ
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Organizaciones sociales rechazaron hoy las acciones de los diputados del Congreso de la República, que ayer aprobaron las reformas al financiamiento electoral ilícito, ya que consideran que se trata de una amnistía para financistas y secretarios generales de los partidos vinculados a ese delito.
“El Congreso de la República aprobó una amnistía para los financistas y los secretarios generales vinculados a financiamiento electoral ilícito en la campaña 2015, así se deja sin persecución penal los casos penales relacionados. Esto fue lo que intentaron hacer al modificar el Código Penal el 13 de septiembre de 2017, no lo podemos permitir”, manifestaron en un comunicado de prensa.
En conferencia de prensa, las organizaciones consideran que la aprobación de esta ley no se debió conocer por los conflictos de intereses que existían entre las bancadas que están siendo señaladas por este delito.
“Más de 60 diputados que sus partidos están siendo investigados en el Tribunal Supremo Electoral y pueden ser eventualmente cancelados… consideramos que hay un conflicto de interés”, afirmó Álvaro Montenegro, representante de JusticiaYa, una de las organizaciones presentes.
Montenegro hizo referencia a la “ley de probidad” que prohíbe legislar a favor de sus propios intereses, lo cual motivó uno de los amparos presentados ante la CC.
También recordaron que se presentaron 2 acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), por parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y JusticiaYa, y otro por la diputada Andrea Villagrán.
SE MANIFIESTAN POR LA REALIDAD NACIONAL
En otro tema, las organizaciones señalaron que el gobierno del presidente Jimmy Morales y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, quieren mantener la impunidad con la corrupción de su familia y en su gestión, esto por las acciones emprendidas contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el hecho de impedir la entrada del comisionado Iván Velásquez al país y al denegar visas a investigadores de la Comisión.
Manifestaron su crítica hacia las acciones que la fiscal general Consuelo Porras realiza en el Ministerio Público, ya que consideran que su fin es debilitar los casos y procesos judiciales.
Por último, afirmaron que no permitirán que se consolide el “pacto de golpistas” y que lucharán por construir un país con desarrollo.
