Por Eder Juárez
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Tras la revocatoria de visas al personal de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por parte de la Cancillería guatemalteca, expertos aseguran que los trabajadores no necesitan visas para desarrollar el trabajo de la Comisión.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CES), indicó que el personal que labora en la CICIG no tiene necesidad de visas, porque ellos están desarrollando una misión especial por un período de dos años que se ha venido renovando y esa misión especial que ellos cumplen es por un mandato de un comisionado de Naciones Unidas, que tiene origen en un Convenio del cual Guatemala estuvo de acuerdo y los exoneró de cualquier trámite de extranjería.
De acuerdo con Samayoa, al exonerarlos de cualquier trámite de extranjería como lo establece el artículo 10 del Acuerdo entre Guatemala y las Naciones Unidas, “lo que les hace es tener un contrato laboral vigente con CICIG, que es suficiente para que puedan estar en el país”.
Según Samayoa la estructura de la CICIG como lo establece el artículo 5 de la Comisión es el Comisionado, el personal y la Secretaría administrativa por lo tanto este personal al ser parte de la estructura orgánica está sujeto a las instrucciones del Comisionado y del acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala; son mandatarios del Comisionado al servicio de esa misión y eso los exonera de cualquier tipo de trámite.
“Ellos solicitaron las visas de cortesía de buena fe con el objetivo de no tener ningún problema con el Gobierno de Guatemala, pero no tenían obligación de hacerlo”, anotó el abogado.
Además indicó que el Código de Migración le obliga al funcionario no retener documentos a personas extranjeras por lo que la Cancillería debe devolver los pasaportes y permitirles hacer sus labores normales sin persecución y sin ninguna intimidación que pueda sugerir que están obstaculizando el trabajo que realizan.
Samayoa aseguró que “lo que hizo la Cancillería no es más que un ejemplo simbólico de que el problema no es Iván Velásquez, que el problema no es la CICIG, sino el problema para el Gobierno de Guatemala es que sus funcionarios están involucrados en actos delictivos seguramente y no quieren ser investigados”.
ORELLANA: GUATEMALA DEBE ACATAR CONVENIO
Por su parte el excanciller Gabriel Orellana indicó que el Gobierno de Guatemala ha sostenido, al igual que la Corte de Constitucionalidad (CC), un principio que es muy válido en la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados, que establece que los tratados internacionales deben ser cumplidos de buena fe.
Cada Estado parte debe cumplir con lo que le corresponde de buena fe. El convenio de CICIG establece que el personal no tiene necesidad de cumplir los requisitos migratorios como sucede con otro funcionario de las Naciones Unidas, por lo tanto no hay duda que Guatemala tiene obligación de acatar de buena fe ese Convenio dijo Orellana.
Además aseguró que la misma Convención de Viena señala que ningún Estado puede valerse o invocar su derecho interno para incumplir un tratado internacional, entonces Guatemala, desde el punto de vista del derecho de los tratados internacionales a mi juicio no tiene ninguna escapatoria porque la obliga un tratado internacional, en este caso el Convenio de CICIG que regula esa situación.
“No presenta duda alguna en su texto y contexto para entender que no puede valerse de argucias para impedir la situación migratoria, es más tienen una obligación en el derecho internacional”, refirió el excanciller.
