/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105Para el ex Constituyente, Víctor Hugo Godoy, la decisión del Consejo Nacional de Seguridad de impedir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez carece de fundamento y se trata de una acción del presidente Jimmy Morales, que, al sentirse amenazado por los señalamientos penales a familiares y personales, buscó arroparse en esa instancia para impedir las consecuencias que podrían pesar sobre él.
POR REDACCIÓN LA HORA
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En entrevista con La Hora, Godoy explica cómo la resolución del Consejo Nacional de Seguridad no encaja con las funciones y mecanismos legales que posee esa instancia para la toma de ciertas decisiones, el actuar de Morales y advierte de las consecuencias que podría traer para el país lo hecho por los funcionarios que integran el Consejo.
L.H. ¿Qué pensó cuando el Presidente dijo que “no aceptaría órdenes ilegales”?
VHG. Pensé que se estaba refiriendo a la recomendación que le estaba dando arbitrariamente el Consejo Nacional de Seguridad de impedir el ingreso de Iván Velásquez al territorio nacional sin un motivo de transgresión legal. No podía pensar que estando vigentes la Constitución de la República, el Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana y el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, el susodicho Consejo hiciera semejante recomendación en nombre de una supuesta “seguridad nacional”.
L.H. ¿Por qué creyó que esa recomendación era por lo menos anómala o arbitraria?
VHG. Primero, porque para vedar el derecho de ingreso y permanencia en el país a alguna persona, tiene que haberse transgredido una normativa o requisito que se exige a los extranjeros. En este caso no se daba ni una ni otro. Salvo que estuviéramos en Estado de Excepción, en cuyo caso estarían restringidos ciertos de derechos. En segundo lugar, porque el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica en su artículo 5 establece que la corrupción, pública o privada, constituye una amenaza a la democracia y la seguridad de los habitantes y de los Estados; y, en el artículo 6 dice que se realizarán todos los esfuerzos para erradicar la impunidad. Era obvio que las recomendaciones del tal Consejo de Seguridad eran contrarias a las normas del Tratado, pues el Comisionado y la CICIG contribuyen a esos fines.
L.H. ¿Tiene una explicación del actuar del Consejo Nacional de Seguridad?
VHG: Considero que el Presidente, al sentirse “amenazado” por las consecuencias de los señalamientos de ilícitos cometidos por él y sus familiares ha ido reduciendo su espacio de operación. Ya no es el Consejo de Ministros o el Gabinete, pues allí podría no conseguir los consensos para su lucha personal y entonces se refugia en este Consejo Nacional de Seguridad que es un espacio más reducido y que le brinda ropaje a sus temores.
L.H. Pero ¿es esa la función de este Consejo?
VHG. De ninguna manera. Idealmente, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad pretendía poner bajo control civil esta temática que se había desbordado durante el Conflicto Armado Interno, sin embargo, al no separar los conceptos de defensa y seguridad pública, acabó militarizándose desde el gobierno de Otto Pérez, como en los tiempos de la Doctrina de Seguridad Nacional. El propio vocabulario que utiliza la Ley es como una paranoia de “guerra fría”. Bajo esos parámetros el Consejo Nacional de Seguridad me parece tenebroso; más si se niega a presentar sus actas al Procurador de los Derechos Humanos. Esa recomendación para impedir el ingreso a Iván Velásquez está fuera de sus funciones y con fundamentos falsos.
L.H. ¿Me dice que estamos regresando a la Doctrina de Seguridad Nacional? y ¿Qué hacer?
VHG. Por todos los discursos gubernamentales, me parece que sí. Y ese es un retroceso de lo más peligroso para Guatemala y los guatemaltecos. Según el colombiano Leal Buitrago en su libro “El oficio de la Guerra” nos explica que: “La Doctrina de Seguridad Nacional es una macroteoría militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la «ocupación» de las instituciones estatales por parte de los militares. Por ello sirvió para legitimar el nuevo militarismo surgido en los años sesenta en América Latina. La Doctrina tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar como manifestaciones subversivas a la mayor parte de los problemas sociales…”
“…La Doctrina de Seguridad Nacional ha sido el mayor esfuerzo latinoamericano para remilitarizar el concepto de seguridad. Además, al ubicar el componente militar en el centro de la sociedad, trascendiendo las funciones castrenses, la Doctrina se convirtió en la ideología militar contemporánea de mayor impacto político en la región”
Allí nace la doctrina del enemigo interno que entre los años 60 y 90 del siglo pasado, hizo del Estado una amenaza para las personas, en lugar de que fuera una garantía.
Urge que la Comisión de Derechos Humanos y la de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República, requieran la información pertinente de ese anómalo actuar del Consejo.
