POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, es requerido ante la justicia por haber recibido un pago ilegal en concepto de indemnización y demás beneficios económicos que asciende a Q3 millones 459 mil 901.97.
La orden de captura contra Coro fue girada por el delito de estafa propia. Además de él, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público también solicitó la detención de concejales y síndicos de la administración 2012-2016 y 2016-2020 de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y presentó una solicitud de antejuicio contra el alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvirizaes.
Según las investigaciones, el 28 de febrero de 2018 la referida comuna determinó que pagaría Q330 mil 234 al exalcalde Coro. En este monto se incluían Q291 mil 831.32 en concepto de indemnización por el período del 1 de febrero del 2005 al 2015.
Sin embargo, el pago de dicha indemnización era improcedente porque el mismo Coro presentó su renuncia voluntaria y, de acuerdo con el Código del Trabajo, esta remuneración únicamente es viable cuando hay un despido sin causa justificada.
Posterior a ello, tras un reparo que hizo la Contraloría General de Cuentas (CGC), Coro procedió a devolver a la Municipalidad los Q291 mil 831.32 que le pagaron en concepto de indemnización.
Sin embargo, inconforme con esto, el exalcalde procedió a demandar en la vía laboral a la Municipalidad.
Entre las peticiones que realizaba en su demanda estaban: el pago de indemnización desde el 15 de enero del 200 hasta el 31 de enero del 2015 (pese a haber renunciado); el reclamo de pago de vacaciones y aguinaldo y bono 14 por el mismo período. Además, reclamó ventajas económicas que él adquirió durante el período antes mencionado, la utilización de un vehículo que tenía asignado con combustible para ejercer sus funciones como alcalde, el pago de daños y perjuicios y los salarios que dejó de percibir desde el día de su renuncia hasta el día que se efectuó la indemnización.
Luego de que Coro presentara la demanda, el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social fijó audiencia para el 28 de septiembre de 2016 para que la Municipalidad se presentara, pero quien debía acudir, el síndico Pedro Peña Hernández, no se presentó, dejando en estado de indefensión a la comuna.
El 11 de octubre de 2016, Peña Hernández contestó por escrito y no se opuso a ninguna de las solicitudes de Coro, pese a que sus pretensiones no eran legales, y ello provocó que el 24 de octubre el Juzgado declarara con lugar parcialmente la demanda contra la comuna.
La actitud compasiva de Peña Hernández, quien fue capturado, es una de las principales ilegalidades señaladas por la Fiscalía.
CAPTURAS
Fueron capturados los concejales Clara Luz Salvatierra Con, Pedro Peña Hernández, Augusto Ramírez (síndico 2016-2020), Luis Concuá, Cruz Pineda, Julia Morales y Manuel López.
PENDIENTES DE CAPTURA
José Antonio Coro (exalcalde), Antonio Eliceo Suruy (concejal 2016-2020), Héctor Jaime de Paz (síndico 2012-2020) y Felipe Abad Chávez (Concejal 2012-2016).
