Por Eder Juárez
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Tras las declaraciones del vicepresidente Jafeth Cabrera al decir que no teme a que se le investigue por no acatar las órdenes de la Corte de Constitucionalidad (CC) analistas consultados aseguran que es un irrespeto a la independencia judicial.
Javier Monterroso, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, indicó que las declaraciones de Cabrera denotan un irrespeto de este Gobierno a la independencia judicial, porque no le importa acatar los fallos de la CC y tampoco le preocupa caer en desobediencia y que el Ministerio Público pueda perseguirlos por eso.
«Estamos ante una crisis constitucional que es la antesala a un golpe de Estado técnico, donde el Ejecutivo se niega a cumplir los mandatos de la Corte. Es un precedente nefasto para los próximos gobiernos», señaló Monterroso.
De acuerdo con el investigador ahora cualquiera puede desobedecer a una Corte y los ciudadanos también pueden hacerlo si no les parece una resolución. “Esto es una crisis constitucional, porque uno de los poderes reconocidos en la Constitución enfrenta a los otros, se arroga potestades que no le competen y por eso puede llamarse un golpe de Estado técnico”, indicó.
Además agregó que ninguna de las acciones que se ha planteado va a retrasar el cumplimiento de la resolución del amparo otorgado al abogado Alfonso Carrillo, porque ninguno ataca la firmeza de la resolución emitida por la CC.
SIN ASIDERO LEGAL
Por su parte Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro-Justicia, dijo que las diferentes autoridades han mostrado un desafío a instituciones como la Corte de Constitucionalidad, al Procurador de los Derechos Humanos y así se va a ir viendo, en la medida que se ven forzados en crear mecanismos de defensa frente a una eventual persecución penal.
«En medida que siga funcionando la CICIG y en la medida en que se tenga un Comisionado fuerte, como Iván Velásquez, todos aquellos que han cometido ilícitos de alto impacto político, como financiamiento electoral ilícito, eventuales relaciones con estructuras del narcotráfico, crimen organizado o cualquier acto de corrupción ellos (los funcionarios), son susceptibles de investigaciones penales», señaló Ibarra.
Asimismo agregó que con este tipo de acciones de no obedecer acciones judiciales, ellos tratan de impedir esa persecución penal, “están usando el cargo, el poder político de una manera autoritaria y antidemocrática contraria al Estado de Derecho y al orden constitucional, algo que no les importa porque lo que quieres es estar a salvo”, indicó.
De acuerdo con Ibarra, el Organismo Ejecutivo no tiene ningún asidero legal para no acatar las órdenes de la Corte y esas deben ser acatadas sin ninguna reserva porque es el máximo tribunal del país en todo lo que respecta a la justicia constitucional.
