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/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 105POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
La crisis política de Guatemala es un tema de debate a nivel nacional e internacional. La situación se agudizó tras el anuncio del presidente Jimmy Morales (señalado en un caso de posible financiamiento electoral ilícito) de no prorrogar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), no permitir el ingreso del Comisionado Iván Velásquez y lanzar una advertencia de que no acatará la resolución de la Corte de Constitucionalidad.
Para analizar el tema, La Hora consultó a David Martínez-Amador, investigador y profesor universitario, asociado a la red internacional de investigadores sociales INSUMISOS con sede en México, quien profundizó sobre los últimos acontecimientos.
La Hora. ¿Cómo analiza la situación de Guatemala, ante un Gobierno que no quiere permitir el ingreso del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez; de una resolución judicial que ordena ese ingreso; una población que sale a las calles a exigir el cese a la corrupción e impunidad en el Gobierno y una Organización de Naciones Unidas (ONU) que considera seguir apoyando a Velásquez?
David Martínez-Amador. La democracia guatemalteca tiene una tendencia a generar crisis de gobernabilidad tan compleja, que abre la posibilidad a crisis de estabilidad. Y eso no debiese suceder a esta altura de la vida democrática del país, lo que entonces permite afirmar que hay un gravísimo problema de consolidación democrática. ¿En qué sentido? Primero: Las reglas del juego se acatan a conveniencia por los actores políticos relevantes, en este caso el Ejecutivo frente a la resolución de la Corte de Constitucionalidad o la forma en que el Ejecutivo aplica el mandato de CICIG. Segundo: No parecen existir formas institucionales para lograr que el Ejecutivo recule, cuando las instituciones no regulan se abren escenarios de inestabilidad. Estas dos condiciones no son propias de un país que tiene más de 25 años de vida democrática pero en el caso guatemalteco, pareciera que estamos frente a una clase política que no conoce las reglas del juego. Pero bueno, vamos, que es peor: las ignora deliberadamente.
L. H. Ante esta situación ¿qué cree que puede ocurrir en los próximos días en Guatemala?
D. M-A. La democracia guatemalteca es ya caso de una democracia iliberal. Me explico. Existe un nivel de procedimientos y dinámicas básicas de la democracia que suceden con cierta regularidad (tener elecciones cada cuatro años) pero los ciudadanos son totalmente incapaces de afectar, limitar o modificar la toma de decisiones por parte de quien gobierna. Además, quienes ostentan el poder tampoco consideran importante ceñirse a las reglas establecidas. La transparencia y la legalidad no son componentes de esta democracia. ¿Qué sucede en estas democracias? Es difícil avanzar, pero tampoco es la regla empeorar, así que puede mantenerse una dinámica estática, muy mediocre, entre un mínimo nivel de calidad democrática y prácticas que no lo son del todo. Aquí va el caso: Guatemala tiene más de 48 horas en que el Ejecutivo ha hecho caso omiso de una expresa decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero la vida sigue con aparente normalidad. Ya no es necesario poner tanquetas en la calle para romper un orden constitucional: bastan tecnicismos jurídicos y el apoyo indirecto por cierto, de actores relevantes y élites que siempre había hablado de proteger el Estado de Derecho. Hay que profundizar en esto. ¿Se imagina si Sandra Torres hubiera desconocido la decisión de la de Corte que le impidió competir en elecciones? Seguro que el sector privado organizado hubiese argumentado, “Imperio de la ley”, “Estado de Derecho”, “Valores Republicanos”. Por años un buen sector de la derecha predicaba “dura lex sed lex” pero, ahora, que la situación es gravísima, su silencio los hace cómplices de un presidente que coquetea con dar un golpe blando. Es lamentable que le élite económica, en su rol de actor relevante muestre nula vocación democrática. Pero con esto se comprueba algo que la izquierda siempre afirmó: Defienden intereses de clase y no, principios. ¿Quién más puede incidir en esta crisis? Los militares no van a jugar la carta pretoriana para sostener la estabilidad (aunque gustan de argumentar que la protegieron en el pasado). ¿Se puede invocar la Carta Interamericana de la OEA? Sí, pero no es automática, el proceso es lento y requiere muchos consensos. La Embajada estadounidense responde a señales mixtas. División de opiniones entre los Senadores y un Departamento de Estado que empoderó en su momento a la administración Morales. La única cuestión que podría darle salida al escenario, es que la Embajada estadounidense, en razón de ser un actor de veto que tutela los procesos políticos en Guatemala vuelva a tomar un rol más activo para hacer entrar en razón al Presidente sobre la gravedad de sus actos. Es importante que Estados Unidos entienda que no pueden llamar socio confiable a un presidente que personaliza las reglas y las agendas.
L. H. ¿Cómo evalúa el papel del Consejo Nacional de Seguridad (integrado por el Presidente, el Vicepresidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Inteligencia Estratégica) que recomendó hace algunas semanas no permitir el ingreso de Iván Velásquez, bajo el argumento que «atentaba contra el orden y la seguridad pública, la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y paz”?
D. M-A. Una decisión equivocada, apresurada y repleta de errores técnicos. Una decisión que posiblemente sea el disparo en el pie del actual gobierno, porque una cosa muy concreta es decidir no extender el mandato (prerrogativa del Ejecutivo) pero otra, muy diferente, es hacer todo lo posible para que el último año la Comisión no pueda funcionar. Y con un pequeño detalle: entorpecer las funciones de la Comisión viola las tres sentencias que ya la CC ha emitido (de 2017 a la fecha). Esto ya se percibió en el ámbito internacional como la falta de buena fe de la administración Morales y el reflejo de un conflicto de interese personales. Pero el punto central es este. ¿Qué cuesta jugar con las reglas? Hay un mandato establecido entre Guatemala y Naciones Unidas con respecto a CICIG, se puede utilizar y se debe utilizar.
L. H. ¿Qué expectativas hay del discurso que ofrecerá Jimmy Morales en la ONU, en los próximos días?
D. M-A- Su discurso será sin duda un discurso en esencia antiglobalizador, crítico del derecho internacional y crítico de las Naciones Unidas. Podría tener una estructura bastante similar a los argumentos que la administración Trump permanentemente expresa con relación a las Naciones Unidas. Y en razón de la coyuntura política actual en Guatemala, no me sorprendería que se atreviera a desconocer a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad allí mismo. Criticar Naciones Unidas, sus instrumentos y por último CICIG. Dadas todas las incongruencias presentadas a la fecha, este escenario es muy posible. (La entrevista se realizó días antes de la intervención de Morales)
L. H. ¿Cómo analiza el papel de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel y del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart? Quienes prácticamente han sido los portavoces del Gobierno en el tema de CICIG y los brazos operativos para no permitir el ingreso de Iván Velásquez.
D. M-A. En su calidad de Ministros de Estado, están obligados al acatamiento de la agenda planteada por el Presidente. Me parece en lo personal que sus decisiones no son las mejores, generan un retroceso sin precedentes en términos de la relación de Guatemala frente a Naciones Unidas y un retroceso en materia de seguridad ciudadana.
L. H. ¿Qué opina de las últimas acciones del presidente Jimmy Morales, señalado por un caso de posible financiamiento electoral ilícito, que se niega a permitir el ingreso de Velásquez y no prorrogar el mandato de la CICIG?
D. M-A. La decisión de no prorrogar el mandato es una decisión exclusiva del gobierno, una prerrogativa. Eso no se discute. El punto es, el hecho de haberla anunciado con tanta anticipación y encima de eso, impedir el ingreso del Comisionado. El Ejecutivo estiró la cuerda demasiado sin darse cuenta que con esa decisión se desnudó completamente. Las pretensiones soberanistas pierden toda legitimidad, y confirman precisamente que el problema con CICIG es un problema personal del Presidente, de buena parte de la clase política y del gran empresariado. El argumento de la soberanía frente la intervención de Naciones Unidas no es nuevo, pero ha sido la carta preferida de autócratas cómo Chávez, Maduro, Ortega. El actual gobierno y los actores relevantes que lo respaldan podrían verse reflejados en dicho espejo. No son tan distintos de aquellos a quienes aborrecen, coinciden en que las decisiones se toman por capricho y no por respeto a las reglas mutuamente acordadas.
L. H. ¿Cómo analiza la presencia del Ejército en las calles durante las manifestaciones ciudadanas? En dos momentos fueron observados (hace algunas semanas): frente al Congreso un grupo de kaibiles y miembros de la Policía Militar antidisturbios a inmediaciones de la Plaza de la Constitución. Aunque el jefe de prensa de las fuerzas castrenses argumentó que los kaibiles estaban frente al Congreso para brindar seguridad al Presidente y la Policía Militar antidisturbios para dar seguridad a personal que efectuaría 21 salvas de artillería al momento de izar el Pabellón Nacional.
D. M-A. Cuando los tres poderes se reúnen es normal, de acuerdo a la ley interna de cualquier país, utilizar todos los instrumentos que la ley permite para asegurar la integridad de un presidente, vicepresidente, magistrados, parlamentarios, invitados especiales (que casi no hubo). En Guatemala el tema del Ejército en tareas de seguridad sigue siendo un tema sensible ahora, el punto es: ¿Siempre se han utilizado así? ¿Son parte estructural del protocolo o en algún momento se les había dejado de lado? Y entonces, se tiene la respuesta. En efecto, había un mensaje implícito.
L. H. ¿Qué opina de la estrategia usada por el Gobierno de Jimmy Morales el día que anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG, el pasado 31 de agosto? ese día emitió un mensaje rodeado de miembros del Ejército, de la Policía y de algunos de sus ministros (Jovel, Degenhart y Luis Miguel Ralda, ministro de la Defensa)
D. M-A. Yo le hubiese sugerido en términos de imagen política, haberse acompañado de sectores populares, bomberos, enfermeras, trabajadores del campo, líderes religiosos, médicos, su Gabinete completo y mostrar que esto era una decisión con “respaldo popular”. En efecto, de decisión popular no tiene nada pero el hecho de acuerparse de militares y fuerzas de seguridad otra vez, hizo pensar en Venezuela y un Ejecutivo nada popular que se sostiene en razón del apoyo que el estamento militar le provee (y no de gratis). ¿Por qué la democracia guatemalteca se comporta como una democracia incipiente? Los militares no tenían nada que hacer allí, no hacen falta en este tipo de toma de decisiones y el mensaje enviado en efecto pretende atemorizar. El oído del Presidente ha sido secuestrado por exmilitares de línea de dura, no los institucionalistas sino los “rambos” que quedaron perdidos en el conflicto armado. Y un Presidente sin expertise en la gestión de gobierno,
-además preocupado por no terminar en la cárcel- tendrá mayor dificultad para interpretar la realidad. Aquí es donde la fotografía completa debe aterrar a cualquier guatemalteco, de izquierda o derecha que sea demócrata: militares acuerpando al Presidente en toma de decisiones que no refieren a defensa y el acto casi explícito de desconocer a la Corte de Constitucionalidad. ¿En qué año estamos, 2018 o 1982? Al margen de cómo esta crisis concluya, supongamos que hoy esto se resuelve, en retrospectiva cuando se evalúe la historia se tendrá que decir que fue un gobierno de derechas (no de izquierdas), empoderado por militares de vieja guardia (no los sectores progresistas) y el gran empresariado (no Pymes y Micropymes) los que llevaron a Guatemala a borde del quiebre institucional. Así van a ser recordados y esa será su medalla. No se les podrá tomar en serio para futuras decisiones de trascendencia en el país.
L. H. ¿Fue adecuado el uso que el Ministerio de Gobernación le dio a los vehículos Jeep J8 (donados por la Embajada de Estados Unidos) para rodear la CICIG y otras embajadas, el día que el Gobierno anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG (31 de agosto)?
D. M-A. La respuesta nos la da la misma reacción del gobierno de Estados Unidos. Se mostró el descontento con respecto a esta acción. No es la forma de tratar a un país del cual Guatemala es tan dependiente. ¿Con qué cara luego solicitará el gobierno de Guatemala más ayuda en cualquiera de los tantos ámbitos del cual es dependiente?
