POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La apelación que presentó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para que la magistrada separada del cargo, Blanca Aída Stalling Dávila, regrese a prisión preventiva sufrió retrasos. Esto, debido a que el expediente tenía errores al momento en que fue remitido a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
La Fiscalía presentó la apelación luego de que la jueza suplente del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Abelina Cruz Toscano, decidiera beneficiar a Stalling con una medida sustitutiva y no le impusiera el pago de ninguna caución económica.
A consideración de la Fiscalía, existe riesgo de que la magistrada aproveche su libertad para intimidar a testigos, entre estos el juez Carlos Ruano, quien fue el que denunció que ella le había solicitado medidas sustitutivas para su hijo, Otto Molina Stalling, acusado en el Caso IGSS-Pisa.
Al consultar en la Sala Primera cómo iba el trámite de esta apelación, el personal informó que aún no había sido tramitada porque el Juzgado envió el expediente con errores, por lo que se deberá esperar que estos sean corregidos.
Stalling está ligada a proceso por los delitos de tráfico de influencias y resistencia. El caso se ha retrasado porque la abogada defensora, Delmy Castañeda, en diversas ocasiones se ha excusado de asistir a la audiencia de etapa intermedia.
