Con un amparo provisional otorgado al abogado Alfonso Carrillo, la Corte de Constitucionalidad (CC) enmendó la plana al Gobierno del presidente, Jimmy Morales, despejando el camino para la entrada al país del comisionado Iván Velásquez, lo cual según analistas representa una dura prueba para las instituciones de Guatemala, entre estas, el Ministerio Público (MP), en primer medida por la reacción del Ejecutivo, que insistió ayer en no acatar la orden del máximo tribunal constitucional.
POR D. GÁMEZ, M. GIRÓN Y E. JUÁREZ
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Para el profesor y columnista David Martínez-Amador, la postura del Gobierno de Morales es un “terrible” precedente para la región centroamericana y criticó la pasividad de las instituciones guatemaltecas ante la actitud asumida por el Consejo de Seguridad.
“Un futuro Presidente puede darse cuenta que no necesita tanquetas en la calle para romper un orden constitucional, basta atreverse a desconocer la resolución del tribunal máximo y darse cuenta, que gracias a la debilidad institucional, nada pasa”, explicó.
El investigador social hace énfasis en los límites que ha “bordeado” el presidente Morales y su equipo en esta situación, en la cual la Corte estableció que el Comisionado puede regresar a Guatemala.
“Es cierto, el comisionado Velázquez no ha intentado reingresar y no se le ha detenido en su intento, pero ojo, aunque se diga que no hay comisión de delito el derecho penal sí reconoce la tentativa como delito. Y eso es lo grave de la administración de Morales, en su ignorancia, se atreve a bordear límites que son peligrosos en términos de la calidad democrática”, añadió.
Ayer el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, aseguró que no se permitiría el retorno al país del Comisionado, mientras la canciller Sandra Jovel informó del envío de una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solicitando la designación de un nuevo titular para CICIG en un plazo de 48 horas y con el visto bueno del Gobierno guatemalteco.
En ese sentido, Martínez-Amador recordó que el MP debe jugar un papel importante ante lo hecho por el Gobierno, “uno muy importante, y es mostrarle al Ejecutivo la importancia de respetar las reglas y los procesos. De tal suerte que, una vez que la CC dictamine que hay una violación a la resolución emitida, entonces el MP debe actuar, pero no actúa solo sino en conjunto de un proceso establecido”, puntualizó.
SANTOS: EL MP PUDO ACTUAR DE OFICIO
De acuerdo a Jorge Santos, luego de la acción pública de los funcionarios de la PGN, Ministerio de Gobernación y Cancillería en conferencia de prensa, la fiscalía del MP pudo haber actuado de oficio ante un hecho notorio y público.
Según indicó el entrevistado, la Fiscal General, María Consuelo Porras, está desaprovechando oportunidades en donde la fiscalía debiera actuar de forma inmediata. «Estamos hablando de la institucionalidad pública del país, de concretarse los hechos estaríamos teniendo un retroceso de al menos veinte años».
A criterio de Santos, el MP debería iniciar acciones en defensa del orden constitucional ante la evidencia notoria de hechos constitutivos de delito.
«Nos parece que tuvo su interpretación de evidenciar si existe la posibilidad de actuación del MP, no nos parece del todo correcta, nos parece que hay ambigüedad y tuvo que haber actuado de inmediato», resaltó.
LORENA ESCOBAR DE ASIES: SE DEBE CERTIFICAR LO CONDUCENTE
Por su parte, ayer la Fiscal General, Consuelo Porras, afirmó que es a la CC a la que le corresponde determinar si se cumplió o no lo que resolvió el domingo, y agregó que una vez se reciba la certificación de lo conducente actuarán de inmediato, tras la postura del gobierno de Jimmy Morales de no acatar lo ordenado y no impedir el regreso al país del comisionado Iván Velásquez.
Lorena Escobar, experta en seguridad de Asies, considera que el Ministerio Público está actuando apegado a la Ley. “Las partes fueron notificadas y están desobedeciendo la orden de la CC, entonces será esta la encargada de certificar lo conducente; es decir, otra vez está en manos de la Corte valorar si se desobedeció o no la orden y ya con esa decisión el MP podrá proceder”.
“Es diferente cuando no se acata una orden judicial a cuando se incurre en desobediencia de una orden constitucional, la fiscal está tomando la decisión correcta al decir que el MP se rige a las leyes del país”, acotó.
Escobar resaltó que luego de las declaraciones que emitieran este lunes; el Procurador General de la Nación, la Canciller y el Ministro de Gobernación, será la CC quien considere si los funcionarios están incumpliendo la orden para que el MP pueda iniciar las investigaciones y en el caso del presidente Morales; ya que goza de antejuicio, deberá seguir el proceso correspondiente.
RICARDO BARRENO: LA FISCAL PUEDE DEMOSTRAR DE QUÉ LADO ESTÁ
Mientras que el analista político, Ricardo Barreno, destacó que el actuar del Ejecutivo genera preocupación, porque es difícil predecir cuál será su siguiente movimiento para asegurar los objetivos que se han marcado.
“Es un panorama bastante preocupante… pareciera que se están acuerpando y empecinando en ganar el pulso político ya no contra CICIG, sino contra Iván Velásquez y eso preocupa porque las necesidades sociales se incrementan y no hay una institucionalidad pública para atenderlas y, por otro lado vemos como la misma institucionalidad implementa estrategias que los sobrepasan… a pesar de la resolución de la CC, la respuesta es no acatar las órdenes y solicitan que en un plazo de 48 horas se designe un nuevo comisionado”, puntualizó.
Barreno consideró que hay desorden en la respuesta del Ejecutivo porque acepta ciertos puntos de la resolución de la CC, pero no el ingreso del comisionado Velásquez, generando dificultades para prever cuáles serán sus próximos movimientos.
Además, resaltó que el papel del MP en la crisis es fundamental, porque es el rector en materia de justicia que puede posicionar la importancia de seguir atendiendo los casos de corrupción, a la vez, considera que es un momento para que la Fiscal General demuestre su liderazgo y apoyo a la lucha anticorrupción.
“Tampoco se ha evidenciado con claridad un liderazgo y una claridad de la postura del MP, liderado por la Fiscal Porras, en medio de esta tensión tenemos un MP que pareciera ser que no toma postura si va estar a favor del combate de la corrupción o más bien beneficiará a sujetos involucrados dentro de la persecución penal o allegados, como puede ser el Presidente de la República, eso preocupa porque no hay claridad”, añadió.
“Esperaríamos que la institucionalidad pública y en este caso el MP vea esto como una oportunidad para evidenciar a la ciudadanía que está comprometida con la lucha anticorrupción y con esta crisis comenzar a generar legitimidad para posicionarse en un contexto en el cual se carece de liderazgos democráticos”, puntualizó.
Martínez-Amador finalizó indicando que la situación actual del país se convierte en una muestra más de la necesidad de contar con la CICIG. “Nada refleja mejor la necesidad de CICIG que esta crisis. Si los grupos paralelos cooptan el Ejecutivo, cooptan las Cortes (judicializan la política) y hacen alianzas con los actores políticamente relevantes (empresarios, militares), ¿Qué queda? Un sistema secuestrado”, resaltó.
¿Qué dijeron las magistradas Ochoa y Porras de la resolución?
Ayer La Hora publicó declaraciones de la magistrada Dina Ochoa y Gloria Porras, quienes explicaron el amparo provisional otorgado por la CC y su claridad en cuanto a permitir el ingreso de Velásquez al país.
“Las resoluciones jurisdiccionales hablan por sí mismas… El Presidente de la República de Guatemala como representante de la unidad nacional y obligado a velar por los intereses de toda la población y responsable de la política exterior, con el fin de preservar el bien común y la armonía ciudadana, debe realizar las negociaciones con el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas hasta agotar las vías de diálogo previstas en el artículo 12”, recordó la presidenta Ochoa durante una entrevista en el programa radial “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.
Mientras que la magistrada Gloria Porras aclaró algunas dudas de la resolución en el programa “Con Criterio”, en primer lugar, indicó que las interrogantes surgidas porque se menciona en el documento que debe permitirse el ingreso del país al “comisionado o comisionada”, es porque se toma de referencia el acuerdo que así lo nombra, además, que destaca el artículo 12 del convenio que dio vida a CICIG, en el cual se menciona el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala con Naciones Unidas. “De esa cuenta el comisionado designado por Naciones Unidas debe tener acceso al país sin ningún tipo de limitación”, añadió.
Porras explicó que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, “son vinculantes”, y quienes las incumplan siendo funcionarios no electos popularmente implicaría la destitución. En el caso del Presidente de la República, quien procede de una elección popular, el mecanismo es distinto, añadió.