POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y el Ministerio Público (MP) recordaron al Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal que hay pendiente de resolverse una solicitud para que el expediente judicial del diputado al Parlacen, Gilmar Othmar Sánchez, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad, se una al del resto de sindicados en el Caso Botín Registro de la Propiedad.
El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presumen que Sánchez está vinculado a un fraude en el Registro General de la Propiedad. El diputado electo por el Parlacen perdió su inmunidad desde noviembre de 2017, por lo que la Fiscalía tiene vía libre para investigarlo.
Desde el 12 de abril la Fiscalía solicitó al Juzgado de que su caso sea conexado al de los otros 25 acusados en este caso, quienes ya se encuentran en etapa de juicio, para poder realizar las diligencias que los fiscales consideren necesarias.
Sin embargo, hasta la fecha el Juzgado no ha resuelto la petición de la Fiscalía, por lo que en los últimos días el fiscal a cargo del caso, Carlos de León, presentó un escrito en la judicatura en el que “reitera” su petición inicial.
La información que le dio el personal de la judicatura fue que en los próximos días se le notificaría la resolución de la petición.
“Siendo que en el mismo Juzgado Sexto se encontraba la pieza principal del caso conocido como Botín Registro de la Propiedad, se solicitó la conexión. Resulta ser que transcurrido el tiempo no se resolvió por parte de la judicatura la solicitud de conexión, entonces la Fiscalía presentó una reiteración a efecto de poder conocer cuál es el criterio de la judicatura”, explicó el fiscal de León.
CASO
Sánchez fue identificado como uno de los propietarios de la empresa Carnes y Ensaladas o Fulanos y Menganos. Dicha entidad fue beneficiada con un contrato por el Registro General de la Propiedad por Q90 mil para un desayuno que nunca se realizó, según la investigación.
Además, se incurrió en ilegalidades porque para realizar la adjudicación, José Manuel Morales Marroquín, hijo del presidente Jimmy Morales, elaboró cotizaciones de dos empresas inexistentes (JM3 Eventos y Spectacular) para simular competencia con Fulanos y Menganos y así cumplir con el requisito de 3 ofertas, determinaron el MP y la CICIG.
