Por Redacción La Hora
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La Corte de Constitucionalidad (CC) recibió esta mañana una solicitud de ampliación, por parte del abogado Alfonso Carrillo, en torno al amparo provisional otorgado por la Corte que ordena al gobierno permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país.
La petición de ampliación presentada por Carrillo es a fin de que se aclare lo concerniente a una de las peticiones planteadas en el amparo presentado el 4 de septiembre, y declarado con lugar por unanimidad de los Magistrados de la CC.
La solicitud indica que un segmento de la resolución emitida el 16 de septiembre es “claro, indubitable y congruente con lo solicitado en el amparo al ordenar a las autoridades impugnadas permitir al territorio nacional del Comisionado de la CICIG”.
El abogado plantea que se dejó de resolver la petición número 6 sobre los efectos positivos del amparo provisional que establece que se comunique el mismo a las autoridades recurridas por las vías más rápidas, lo siguiente:
“Al Presidente de la República a abstenerse de emitir cualquier orden que impida el ingreso al territorio nacional, al Comisionado Iván Velásquez, en virtud de la protección interina que goza, así como de evitar cualquier acto, que por su interés directo, pretenda impedir el funcionamiento, independencia y continuación de las investigaciones realizadas por CICIG”, indica la solicitud.
Al Ministro de Gobernación, Defensa, al director de la Policía Nacional Civil (PNC) y al director del Instituto guatemalteco de Migración, entre otros, permitir el ingreso al país del comisionado Velásquez. Tampoco deben restringir la migración del titular de la CICIG.
Carrillo también solicitó que el amparo se haga del conocimiento del Ministro de Gobernación, Defensa, director de PNC y autoridades de Migración que se abstengan de ejecutar cualquier orden que contravenga el amparo provisiona y sus efectos positivos.
Asimismo el abogado pidió a la CC que se ordene a las personas obligadas conforme la solicitud anterior que cumplan con informar a la Corte, en un plazo que no deberá exceder de veinticuatro (24) horas, el estricto cumplimiento de la orden recibida por este Tribunal sobre las comunicaciones realizadas a sus subalternos, personal operativo y demás autoridades de control Migratorio.
