/var/www/wp-content/themes/Newspaper-child/loop-single.php on line 82Guatemala 31 de agosto del 2018. La ciudad de Guatemala presencia lo que podría ser el escenario que se vivió hace treinta años en tiempos de la guerra, cuando los automóviles militares rodeaban las avenidas de la capital en plena luz del día.
Por Edna Sandoval
edna.sandoval.a@gmail.com
Esta vez los autos se dirigían a la sede de la CICIG, en la zona 14, donde desde la fachada del Ejército, las fuerzas militares hacían eco al mensaje que Jimmy Morales, el actual Presidente, hacía llegar a los ciudadanos a través de canales nacionales desde el Salón de las Banderas en el Palacio Nacional.
El Presidente se presentó en un podio, con una retahíla de militares y policías a sus espaldas, simulando el estado que Guatemala vivió en vísperas del golpe de Estado previo al conflicto armado.
En su discurso el Presidente citó el artículo 183 de la Constitución nacional apelando a la “jerarquía constitucional” sentenciando a organizaciones como CICIG y las Naciones Unidas de ejercer “persecución judicial selectiva” en contra de mandatarios. Acto seguido anunció que no se renovará el mandato de CICIG y ordenó que se traslade los procesos de investigación a instituciones domésticas.
Para cerrar el mensaje, el mandatario apeló a un discurso que marginaba a las comunidades LGBTQ y a la autonomía corporal de las mujeres, en donde apelaba al respeto y defensa al matrimonio entre hombre y mujer y la defensa a la vida y la familia; esto como parte de una retórica en apoyo a un paquete de leyes que criminaliza el matrimonio homosexual, lésbico y transexual y la criminalización del aborto.
Durante la noche ciudadanos se aglomeraron en las afueras del Palacio Nacional en la Plaza de La Constitución para manifestarse en contra del mensaje del Presidente y brindar su apoyo a CICIG. El ambiente que se vivió fue de tensión y desconfianza, ya que las fuerzas de coerción cateaban a estudiantes. Se reportó también una redada en un bar aledaño al centro que ostentaba una bandera del orgullo gay en su entrada. Sin embargo, este tipo de intimidación colectiva no es nada nuevo en el centro del trópico. Guatemala guarda en su bolsillo una historia de dictaduras militares y represión de género por parte de grupos de élites conservadores.
El descaro de este mandato terminó de revolver el hastío que se había vivido no hace mucho, cuando manifestaciones masivas pedían la renuncia del expresidente ahora convicto, Otto Pérez Molina y la vicepresidenta en cargo, Roxana Baldetti. Esa lucha llevada a cabo en el 2015, fue ganada gracias al apoyo de CICIG y el Ministerio Público. La batalla que se vive ahora es más complicada; después de que el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron procesados por actos de corrupción, Jimmy Morales fue elegido democráticamente, solo para seguir la tradición de desfalco, nepotismo e impunidad. Y ahora en su mando, su estrategia es expulsar a las instituciones que durante los últimos años han ejercido los procesos de justicia sobre los altos mandos.
Para terminar de rematar, el presidente Jimmy Morales no ha dudado en usar estrategias de intimidación militar para ejercer su decisión de manera más cómoda. La presidenta de la Comisión de la Amnistía Internacional apunta sobre el caso “El inusual uso de la presencia de fuerzas de seguridad frente al edificio de la Comisión y durante el anuncio presidencial es un esfuerzo para intimidar a la gente y a las instituciones que trabajan por la justicia y los derechos humanos. El gobierno no puede llevar a un país a repetir su vergonzosa historia vivida hace décadas”.
Si Jimmy Morales logra su cometido, los más afectados por esta ola de corrupción serán los ciudadanos empobrecidos y los habitantes de clase media en el casco urbano. En el contexto que se avecina al 2019 como año de elección presidencial, las desestabilizaciones políticas como estrategia de manipulación popular no se han hecho esperar. Guatemala, es ya, uno de los países en el mundo con más desigualdad económica y racial/étnica, y uno de los países más violentos de Latinoamérica. Otro golpe a la dignidad social ciudadana significaría un pique en las tasas de pobreza urbana y rural, un declive en la tasa de ingreso de inversión internacional (debido a la corrupción económica y de interés privado) y por ende un incremento a la criminalidad común, sobre todo en el casco urbano y un declive en los recursos de salud pública acompañada de aglomeración debido a la criminalidad.
En cuestiones de género, el esfuerzo de implementar leyes en contra de los ciudadanos que son parte del grupo LGBTQ puede también subir las demográficas de violencia en contra de estos grupos, así como implementar una discriminación institucional y política, negándoles derechos básicos y de protección.
Para las mujeres, estas iniciativas son un golpe directo a la dignidad y libertad de decisión pues se criminaliza cuestiones de derecho de género como el aborto y protección de autonomía en caso de violaciones sexuales y se vulnerabiliza a niñas abusadas por pederastas y predadores.
