POR REDACCIÓN
lahora@lahora.com.gt
La Comisión Pesquisidora que examinará el antejuicio promovido por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en contra del presidente Jimmy Morales programó para la cuarta semana de octubre su informe en el que indicará si recomienda o no retirar la inmunidad al mandatario para que sea investigado por cargos de financiamiento electoral ilícito.
Según el cronograma aprobado, entre el 22 y 25 de octubre la Comisión presentará al pleno de diputados el análisis del antejuicio y su recomendación al respecto.
Los integrantes de la Comisión se fijaron como fecha límite el viernes 14 de septiembre para estudiar el antejuicio.
Posterior a ello, entre el lunes 1 y el domingo 14 de octubre se realizarán audiencias para que los comisionados escuchen las intimaciones del MP, de la CICIG y del Tribunal Supremo Electoral. En este período también se escuchará la defensa del Presidente Jimmy Morales, así como el pronunciamiento de terceros interesados.
El informe final se elaborará entre el lunes 15 y viernes 19 de octubre y será presentado al pleno la siguiente semana.
FECHAS
La Comisión Pesquisidora escuchará a las partes en las siguientes fechas:
• MP: 1 de octubre
• CICIG: 2 de octubre
• TSE: 4 de octubre
• Terceros interesados: del 5 al 10 de octubre
• Presidente Jimmy Morales: cualquier día entre el 11 y 14 de octubre.
Luego de que la Comisión Pesquisidora emita su dictamen, este será discutido por los diputados en sesión plenaria. Se requieren de 105 votos para retirar la inmunidad a Morales.
El vocal l de la Pesquisidora, Fidel Reyes Lee, dijo que el período estipulado para emitir el informe se podría tomar como un «retardo», sin embargo aseguró que se encuentran en el plazo estipulado.
De igual forma, el presidente de Pesquisidora, Luis Fernando Montenegro, indicó que los plazos se establecieron considerando que el expediente del antejuicio contra Morales es extenso y que este es el tiempo que les otorga la ley.
Montenegro puntualizó que el presidente está en su derecho de asistir o no a la audiencia para presentar su defensa.