Después del anuncio del presidente Jimmy Morales de no continuar más con el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sectores y expertos señalan que esta decisión es un grave retroceso a la lucha contra la corrupción y la impunidad
POR HEDY QUINO
hquino@lahora.com.gt
El presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso y jefe de la bancada Winaq, Amílcar Pop, considera que la decisión del Presidente, de no continuar con el mandato de la CICIG, generará graves consecuencias para el país, como el retroceso a los Acuerdos de Paz y a la lucha contra la corrupción.
“La CICIG es el producto de las negociaciones de los Acuerdos de Paz, pues la paz se construye sobre la base de la transformación institucional y la Lucha Contra la Corrupción, un grave retroceso después de 20 años de la firma de la Paz”, afirma.
El congresista califica como un error en la política de Estado, la decisión de Morales, pues esta acarreará efectos y consecuencias negativas tanto a nivel nacional como internacional.
La organización Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) indica que esta situación abre la puerta a mayor impunidad en el país, así como un retroceder en la investigación criminal y justicia.
Eleonora Muralles, de FADS, señaló que este anuncio es un golpe duro para Guatemala, “el país podría caer en una situación de ingobernabilidad, pues ya varios senadores y autoridades de Estados Unidos se pronunciaron en contra de esto”.
Para Eddie Cux, de Acción Ciudadana: “Esto significa un retroceso muy grande a la lucha contra la corrupción, además podría incidir no solo en Guatemala sino a nivel latinoamericano, pues el trabajo de la CICIG ha sido reconocido por la comunidad internacional”, indicó el experto.
VOCES INTERNACIONALES
La decisión del Presidente no solo generó rechazo en el país, sino a nivel internacional, pues varios funcionarios e instituciones internacionales se pronunciaron al respecto. Entre estos Impunity Watch, WOLA y Transparencia Internacional.
Este último emitió un comunicado en el que indicaba que esta decisión “representa un duro golpe contra la transparencia y la integridad en Guatemala y en toda América Latina”.
