En medio de una pugna entre jueces y actores del Organismo Judicial (OJ), analistas y operadores de justicia consultados advierten que es momento oportuno para que el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) tome las medidas necesarias a fin de evitar ser utilizado por fuerzas que buscan atentar contra la independencia judicial.

POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt

Las alarmas y preocupaciones de la sociedad civil por posibles atentados contra la independencia judicial se propagaron en las últimas semanas, cuando el juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, Pablo Xitumul, denunció al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ), y en particular a su Presidente, de vulnerar su independencia.

En una conferencia de prensa, Xitumul denunció ante los medios de comunicación que el CCJ le estaba girando órdenes que pretendía limitarlo en sus funciones jurisdiccionales.

El juez también dijo con preocupación que, días después de tomar posesión, el presidente del CCJ, Carlos Guerra, se presentó al Tribunal de Mayor Riesgo C, aparentemente, para “fiscalizar”, pese a que esa no es su función como consejero, dijo Xitumul.

“No voy a permitir que algunos funcionarios del Consejo de la Carrera Judicial interfieran en el libre ejercicio de mi función como juez. Por lo tanto, he dispuesto certificar lo conducente al Ministerio Público (MP) en contra del abogado Carlos Guillermo Guerra Jordán, presidente del Consejo de la Carrera Judicial (…)”, comentó Xitumul el día de la conferencia.

Pero el presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C no es el único que teme violaciones a su independencia por parte del régimen disciplinario. Hay varios jueces que temen que el régimen disciplinario está siendo utilizado para presionar a aquellos operadores de justicia que hacen valer su independencia, asegura un juez que accedió a dar declaraciones para este reportaje, pero que prefirió no ser citado.

La desconfianza se extiende a los órganos auxiliares del CCJ, principalmente hacia la Supervisión General de Tribunales.

“Muchísimos jueces creemos que hay una instrumentalización (del régimen disciplinario) en favor de intereses políticos y espurios que no son parciales; se ve con mucha desconfianza el actuar de la Supervisión de Tribunales. El actuar del Consejo ante estas situaciones, como ente rector, debería ser asumir una responsabilidad, es el ente rector de esta independencia y debería tener políticas claras de independencia y de respeto a la objetividad para que no sea utilizado como un instrumento de ataque a los jueces independientes”, afirma el juez.

Las múltiples quejas disciplinarias o administrativas que interponen abogados defensores de personas sindicadas en casos de alto impacto en contra de operadores de justicia independientes y las múltiples visitas de la Supervisión General de Tribunales a los despachos de los Juzgados y Tribunales, no son vistas como acciones aisladas sino como parte de una estrategia para amedrentar a jueces.

“Hay mucho desencanto de los jueces al ver cuál es el actuar hacia el Consejo (…) da la impresión que no se tiene ningún apoyo (ante los ataques sistemáticos a la independencia judicial”, afirma el juez consultado.

LLAMADO

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, considera que es un momento oportuno para hacer un llamado al CCJ para que evite que dicho órgano sea utilizado para atacar la independencia del juez.

“Es un momento adecuado para hacer llamado al CCJ para que tomen disposiciones internas que eviten que esa instancia sea utilizada en contra de la independencia del juez. Más allá de que se ataque a una persona en particular, en el fondo lo que se está atacando es la independencia del juez. Las estructuras internas del OJ se están prestando para afectar a jueces y coincidentemente todo va contra jueces independientes. Cuando se trata de jueces cuestionados ahí son protegidos”, afirma Ibarra.

Ibarra considera que, por el poder que tiene el CCJ en el OJ, se corre el riesgo de que actores externos del Poder Judicial quieran utilizarlo para amedrentar a jueces y juezas independientes, por lo que es necesario hacer el llamado a los consejeros para evitar que esto ocurra.

Andy Javalois, analista de la Fundación Myrna Mack, ve con preocupación la denuncia pública que hizo Xitumul respecto a que el Presidente del CCJ se apersonó al Tribunal, según Xitumul, para “fiscalizar”.

“En primer lugar el Consejo de la Carrera Judicial, si bien es cierto es el ente que conforme el articulo 5 y 6 de la Ley de la Carrera Judicial es el que dirige el sistema disciplinario, también no es su papel el tomar alguna acción como, por ejemplo, de supervisión o de evaluación de forma directa, tiene órganos de auxilio para el efecto”, señala Javalois.

El analista de la Fundación Myrna Mack comenta que es preocupante que se esté utilizando el régimen disciplinario “con fines de amedrentamiento”, distanciándose de su objetivo que es el fortalecimiento del OJ. “Hemos estado presenciando una actuación dudosa por parte de la Supervisión de Tribunales, pareciera premiar a aquellos que se congracian con el Pacto de Corruptos”, comenta.

NO HAY INTERÉS EN INFLUIR

Al ser consultado, el presidente del CCJ, Carlos Guerra, asegura que los consejeros no tienen ningún interés de influir en el trabajo de los jueces.

Respecto a lo denunciado por Xitumul, Guerra asegura que ambos son amigos desde hace varios años. “Cuando el hijo de él sufrió un atentado me solidaricé con él. En muchas ocasiones almorzamos juntos”, dijo Guerra.

Asimismo, mencionó que la visita que realizó al Tribunal no era para una “supervisión”, pues no tiene calidad de supervisor. “Yo llegué ahí, como siempre los saludaba a ellos, pero estaban en debate y por eso entré a la Sala, pero sin decirles una sola palabra, sin dirigirme a ellos. No tengo las calidades de supervisor, no tengo ningún interés de influir”, dijo el presidente del Consejo.


CUATRO JUECES DENUNCIADOS ADMINISTRATIVAMENTE

Entre los jueces que han sido denunciados administrativamente en el régimen disciplinario están la jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D; Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo B; Carlos Ruano, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, y Pablo Xitumul, del Tribunal de Mayor Riesgo C, entre otros.

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