TSE DICE QUE HAY COMUNICACIÓN CON LÍDERES MIGRANTES
Descrito como el “pecado original de la democracia”, el financiamiento electoral ilícito se ha constituido como uno de los mayores retos a vencer de la política en Guatemala, que ahora se suma a un hecho inédito: la implementación del voto migrante en 2019.
Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) de 2016 permitirán el primer ejercicio de voto en el extranjero para migrantes guatemaltecos, la mayoría residentes en Estados Unidos, proceso que hasta ahora ha generado dudas sobre su realización.
Por otro lado, la experiencia de 2015, cuando resultó electo el presidente Jimmy Morales, quien contó con un gran apoyo de la comunidad migrante, dejó aprendizajes sobre el comportamiento de la política y el financiamiento que los migrantes consideran deben ser acompañados y fiscalizados para lograr transparencia.
Analistas destacaron la necesidad de que sea el mismo Tribunal el que impulse campañas informativas principalmente sobre el conocimiento de la LEPP y del financiamiento electoral.
Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Las elecciones de 2015 demostraron el alcance de la influencia de los migrantes guatemaltecos, quienes siguieron de cerca el proceso electoral que se realizó en Guatemala en una época en que la ciudadanía pedía cambios a la LEPP.
Con las reformas realizadas a la LEPP los connacionales podrán ejercer por primera vez su sufragio desde el extranjero, por lo que migrantes sugieren algunos aspectos que se deben considerar, relacionados al conocimiento de normativas y la importancia que tiene el financiamiento electoral a partidos políticos.
Por otro lado, estimaciones del Registro Nacional de las Personas (Renap) apuntan a que más de 155 mil guatemaltecos en el extranjero poseen un Documento Personal de Identificación (DPI) y que podrían, bajo las normativas actuales, ejercer su voto, aunque las dudas persisten.
Para tener una perspectiva de los ingresos que reciben los partidos políticos, en 2015 las 21 agrupaciones políticas que participaron en las elecciones reportaron gastos de campaña en total por más de Q247 millones 530 mil 534, siendo LIDER y la UNE los que mayores ingresos registraron, según la memoria del proceso electoral que posee el TSE.
¿QUIÉN COMETE EL DELITO DE FINANCIAMIENTO ELECTORAL?
El Código Penal establece en el 407 inciso N, que toda personal individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, que provenga de actividades del crimen organizado o lavado de dinero comete este delito.
Asimismo, se considera que incurren en este ilícito toda contribución que se recibe en forma anónima y no se registra en el libro contable que llevan organizaciones políticas.
En los últimos meses, el MP y la CICIG han presentado resultados de investigaciones que dan cuenta que varias agrupaciones políticas, entre las que destacan FCN-Nación, Lider, UNE, Partido Patriota y Encuentro por Guatemala habrían incurrido en este delito.
En dos oportunidades distintas se ha presentado una solicitud de antejuicio contra Morales por este delito, una de estas aún se encuentra en el Congreso. Para retirarle la inmunidad, y que se le investigue se necesitan 105 votos de diputados.
NO DAR APORTES EN ESPECIE
En este contexto, el guatemalteco Guillermo Castillo, residente en Kentucky, Estados Unidos, que impulsó una denuncia en el MP contra FCN-Nación por financiamiento electoral ilícito, expresó que es posible que se repita el próximo año lo sucedido en 2015, dado a operadores políticos y a recaudadores con migrantes.
En esa ocasión, los migrantes aportaron fondos al partido que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia.
Castillo, señala que no registraron estos ingresos en los formularios del TSE, que incluían viajes, renta de vehículos, impresión de afiches recaudación para el pago de hoteles y otros.
Por ello, presentó una denuncia y el MP informó de una investigación que buscaba retirar el antejuicio a Morales por este y otros casos reportados por el delito de financiamiento electoral ilícito, sin embargo, el Congreso decidió mantener la inmunidad del Presidente.
Por ello, Castillo pide al TSE que tenga la voluntad de fiscalizar el voto en el exterior y el financiamiento, esto puede ser al permitir que la diáspora migrante ayude a fortalecer la fiscalización como auxiliares de la función pública que deben ser entrenados en la Ley Electoral de Partidos Políticos, la Ley de prevención de Lavado de Dinero y cómo deben reportarse los informes contables.
A diferencia del proceso de 2015, el entrevistado cree que los migrantes deben recibir mayor información de la ley para estar preparados ante el proceso electoral, teniendo en cuenta que el respeto a normativas debe prevalecer.
Uno de los errores que observó Castillo fue que muchas personas en 2015, incluso, llegaron a dar aportes en especie de viajes, dinero, actos que cree no deben repetirse.
SI CONTRIBUYEN, QUE PIDAN CONSTANCIA
El migrante Juan Carlos Pocasangre opinó que no se puede impedir que las personas decidan o no aportar a la campaña, porque quienes deseen lo pueden hacer, sin embargo, siempre deben seguir los reglamentos correspondientes.
“Siempre y cuando les den recibo del partido, firmado por el Secretario y con la cantidad que se les dio, lo que estamos recomendando es que solo den donaciones en cheque y nada de efectivo para que todo sea transparente y puedan ellos estar seguros que eso no tan fácil va ser manipulado o usado para otra cosa”, destacó.
También, por la experiencia vivida en 2015 el entrevistado señaló que todo se debe hacer con moderación y atentos al cumplimiento de las leyes, “si quieren hacerlo se puede, pero que no se metan a problemas o deudas por apoyar en ese sentido”.
Igualmente recomienda que quienes se involucren, busquen información de los partidos con los que se relacionan para evitar sorpresas.
Finalmente, destacó que existe una percepción de que no quieren dejar que migrantes voten porque no se ve mucho movimiento para que esto se logre.
VILLASEÑOR: LO DEL DPI SERÁ UN “ROTUNDO FRACASO”
Por otro lado, el migrante guatemalteco Julio Villaseñor, agregó desde California que existen muchos retos para los migrantes que desean ejercer su voto, porque no existe claridad de que esto se logre, “con el DPI estamos fritos… eso va a ser un rotundo fracaso porque no ha habido la educación para nuestra comunidad migrante”.
Villaseñor también considera que se les ha disminuido sus derechos, porque los limitan a elegir presidente y vicepresidente, “no vamos a poder votar por alcaldes y recuerde que ellos son el poder político más cercano al pueblo y son los que están en los pueblos en donde están nuestras familias”.
Mientras que el guatemalteco Rudy Samayoa considera que es usual a que cuando se acercan las fechas de votaciones los políticos busquen financiamiento económico y los migrantes tienden a inclinarse a determinada propuesta, por lo que ha visto desde hace unos años.
“Pero ahora mucho inmigrante ya está como la gente de Guatemala que no cree en ninguno, por ejemplo el presidente nuevo que está ahora, tanta gente que lo impulsó y como nadie se imaginaba como era en realidad”, comentó.
TSE: QUIENES DESEEN APORTAR A UN PARTIDO LO PUEDEN HACER DE ACUERDO A LAS NORMAS
Julio Solórzano, magistrado del TSE, explicó que en orden de mantener comunicación con los connacionales en el extranjero, recientemente sostuvo una conversación con líderes residentes en diferentes estados en Estados Unidos.
“Quedamos de acuerdo en una forma de cómo transmitir información de aquí a ellos y ellos a todos sus agremiados. Hemos tenido varias -reuniones-, algunos de ellos han venido aquí conmigo y yo también viajé el año pasado a Estados Unidos”, dijo.
Solórzano.
Agregó que existe un correo en el que migrantes pueden solicitar información o sugerir al TSE, como un punto de comunicación con las diásporas.
Sin embargo, afirmó que los migrantes guatemaltecos que deseen aportar a una organización política pueden hacerlo basados en las normas y límites que la misma ley establece, que no puede ser anónimo, “todas estas normas se las estamos enviando, en pequeños resúmenes lo estamos haciendo… la ventaja es que sí están bien organizados”.
Solórzano añadió que en los primeros días de septiembre espera viajar a EE. UU. para reunirse con migrantes y destacó que quienes deseen pueden realizar denuncias o enviar sugerencias a través del sitio electrónico www.tse.org.gt, también al correo infomigrante@tse.org migrante.tse.org.gt
FINANCIAMIENTO DEL EXTRANJERO SE DEBE ANALIZAR
De acuerdo con el exmagistrado del TSE, Mario Guerra Roldán, el voto en el extranjero requería de un estudio previo que se debió considerar sobre migrantes porque existen varios aspectos que deben tener en cuenta, como el estatus migratorio y la ubicación de comunidades guatemaltecas.
Aunque los migrantes puedan aportar, Guerra cree que es muy complicado que el voto finalmente se pueda concretar.
“Es muy difícil y sobre todo ese control y el financiamiento que proviene del extranjero, hay que analizar también cuáles son las fuentes de donde provienen, la prohibición está para las instituciones de aquellas personas que puedan tener un influjo o poder político”, refirió.
En ese sentido, cree que ahora el voto esta contra la marcha y el TSE debe responder a la situación porque hay muchas personas que desconocen del proceso de empadronamiento, “hay mucha indiferencia a los asuntos políticos de Guatemala, hay unos que ya no les interesa mucho las elecciones…” y lo que queda es afrontar este “terrible desafío”.
POCA REGULACIÓN PODRÍA INFLUIR A QUE ILÍCITOS CONTINÚEN
Para Renzo Rosal, analista político independiente, el tema del financiamiento electoral ha cobrado mucha importancia especialmente por el tema de los aportes de asociaciones migrantes.
A decir de Rosal, la poca regulación del financiamiento electoral podría influir en que los ilícitos continúen ocurriendo y por eso el llamado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) es que se regule este aspecto con mayor precisión, principalmente con el voto en el extranjero.
“Los partidos políticos y muchos de sus financistas estarán a estas alturas del partido viendo cómo maniobran y cómo le dan la vuelta a esas regulaciones, y parece que ahora que recién han arrancado las dos unidas especializadas del TSE tendrían que poner particular cuidado”, dijo.
Informar de todos aspectos de la LEPP es una tarea que el TSE debe impulsar con migrantes, considera el entrevistado.
“Lamentablemente en los últimos dos eventos electorales ha habido un fenómeno creciente de donaciones de aportes de migrantes y de organizaciones de migrantes y aquí está absolutamente claro que está prohibido”, comentó.
Por eso Rosal sostiene que debe ser el Tribunal de manera directa y sin intermediarios el que explique de forma sencilla a las asociaciones migrantes. “La información es muy sencilla, es un paquete de artículos que tendrían que informar yo diría que son unos diez o doce artículos los fundamentales”.
ARTÍCULO 21 (LEPP)
Del control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas
Corresponde al Tribunal Supremo Electoral el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el financiamiento de sus actividades permanentes y de campaña. El reglamento regulará los mecanismos de fiscalización.
A requerimiento del Tribunal Supremo Electoral y bajo reserva de confidencialidad, la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como los funcionarios públicos, están obligados a hacer las diligencias pertinentes y entregar la información que les sea requerida para la efectiva fiscalización de los aportes públicos y privados que reciban las organizaciones políticas.
Las organizaciones políticas tendrán las siguientes obligaciones:
a) Contabilizar el ingreso centralizado de las contribuciones públicas y privadas en una sola cuenta bancaria, separada por el origen de cada una.
b) Usar una sola cuenta para la organización departamental o municipal.
c) Proporcionar información y el acceso permanente del Tribunal Supremo Electoral a los libros de los partidos políticos, y en el caso de los financistas políticos a la información contable pertinente, relacionada con las contribuciones realizadas.
d) El Tribunal Supremo Electoral deberá estimar las contribuciones en especie que no consten en los libros respectivos.
ARTÍCULO 407 N (CÓDIGO PENAL)
Financiamiento electoral ilícito
La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos, con motivo de actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquiera otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas, será sancionado con prisión de cuatro a doce años inconmutables y multa de doscientos a quinientos mil quetzales.
Se considera, asimismo, financiamiento electoral ilícito, toda contribución recibida en forma anónima, y las que no se registren en el libro contable que para el efecto deberá llevar la organización política. La sanción se incrementará en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular, además de la pena impuesta, se le inhabilitará para optar a cargos públicos.
CICIG BRINDARÁ APOYO AL TSE PARA EVITAR FINANCIAMIENTO ILÍCITO
Recientemente el TSE y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG) firmaron un convenio de fortalecimiento interinstitucional para que la Comisión brinde el apoyo técnico al TSE a fin de que el financiamiento electoral ilícito pueda ser prevenido y erradicado en los próximos comicios.
Iván Velásquez, jefe de la CICIG indicó que desde 2016 se desarrolló un trabajo conjunto con el Ministerio Público (MP) para investigar el financiamiento electoral ilícito en las campañas de todos los partidos en el año 2015 y, que gracias a unos casos que denunció el TSE y formuló ante el MP, se han obtenido investigaciones con resultados específicos al respecto de varios partidos políticos y secretarios generales, así como de empresarios involucrados.
La discusión generada a partir del pasado año electoral y todos los acontecimientos así como el reclamo ciudadano por una reforma de los mecanismos de participación en las actividades políticas, significó las propuestas de reforma del Estado que se completaron en la reforma a la LEPP, indicó el Comisionado.
