POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
La falta de interés del Estado por proteger a la población reclusa ha provocado que en las últimas décadas cientos de personas en las prisiones mueran por falta de atención médica o por causas violentas. Sin embargo, las denuncias contra este problema arreciaron ahora que algunos personajes con poder político guardan prisión preventiva por casos de corrupción, según el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
En lo que va del año, se han registrado 38 muertes por enfermedad común y 27 por causas violentas; algunas de las personas que murieron estaban en prisión preventiva, es decir, sin haberse probado si eran ciertas las acusaciones en su contra, según estadísticas de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
Desde el 2000 para la presente fecha, han muerto 901 personas en las distintas prisiones de Guatemala. De estas, 327 muertes han sido por hechos de violencia y 574 por enfermedad común, según la DGSP.
Las cifras anteriores demuestran que ha habido una “renuncia” del Estado a su obligación de resguardar la integridad de la población privada de su libertad. Sin embargo, las voces que critican esto se han aumentado ahora que personas “con poder” guarda prisión por estar ligadas a distintos procesos penales, afirma Edgar Celada, analista de seguridad del Ipnusac.
“Mientras hechos como estos afectaban a pobres anónimos no había problema, ahora que (el problema) tocó a un sector muy pequeño de gente que tuvo mucha influencia y poder, de gente acomodada, entonces ahora sí interesan los derechos humanos de privados de libertad. Ahí hay un maniqueísmo social y político que ha sido alimentado con propósitos de polarizar a la sociedad”, afirma Celada.
CÁRCELES, BODEGAS DE SERES HUMANOS
El PDH, Jordán Rodas, considera que las cárceles se han convertido en “bodegas de seres humanos”, y coincide con que el Estado no ha asumido la responsabilidad que le corresponde de velar por el respeto a los derechos humanos de este sector poblacional.
“No importa por qué delito están detenidas (las personas), se requiere unas condiciones mínimas, dignas para que se respeten los derechos humanos tomando en cuenta que la dignidad es el centro de los ddhh”, afirma.
Rodas comenta que, anteriormente, la justicia solo era aplicada para sectores de la población pobre e indígenas, quienes eran los que sufrían las carencias en las cárceles del país. “Muy pocas veces (la justicia) alcanzaba a personas ladinas o con capacidad económica y poder político, eso no se daba antes. Entonces eso hace que haya una preocupación (por las violaciones a derechos humanos en las cárceles)”, opina.
PEDRO ALFONSO CHITAY
El pasado jueves, el Sistema Penitenciario confirmó la muerte por peritonitis del sindicado Pedro Alfonso Chitay, quien estaba recluido en el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18 desde 2015 acusado de asesinato, sin embargo, nunca se determinó su culpabilidad.
Su abogado defensor, Eswin Cojulum Godoy, explica que Chitay ya había sido absuelto por un Tribunal de Sentencia Penal de Mixco, pero nunca pudo salir de prisión porque la Fiscalía presentó una apelación.
La Sala de Apelaciones declaró con lugar el recurso de apelación, pero se tardó aproximadamente diez meses, dice Cojulum.
El abogado dice que el lunes Chitay manifestó dolor porque tenía una sonda puesta. En la noche de ese día, se presentó una exhibición personal, pero según el defensor, hasta el jueves se dio la orden para que el sindicado asistiera a un centro asistencial.
Este jueves Chitay murió de peritonitis, sin que se solventara su caso; el juicio había iniciado en junio.
