POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal rechazó un amparo que interpuso el ministro de Economía, Acisclo Valladares, con el cual buscaba que se declarara ilegal la resolución judicial que autorizó los allanamientos que efectuó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su residencia y en oficinas de TIGO por el Caso Construcción y Corrupción.
Según el jefe de la FECI, Valladares planteó el amparo alegando que la resolución del Juzgado de Diligencias Urgentes que autorizó dichos allanamientos en noviembre de 2017 le provocaba agravios.
Sin embargo, según el criterio de la Sala, los allanamientos no le causaron ningún “agravio personal”, por lo que el amparo se denegó.
Días después de los allanamientos, la entonces Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, informó que dichas diligencias estaban relacionadas al Caso Construcción y Corrupción: los Negocios del Micivi.
Al ser consultado por el amparo interpuesto, Valladares dijo que no opinaría sobre temas que no fueran “de Estado”.
“Mi opinión es que no opino sobre temas que no son de Estado. En todo ámbito, público o privado, respeto las resoluciones judiciales y cuando discrepo con ellas hago uso de los recursos legales. Entiendo que ya pasó (el amparo) o estará por pasar a la Corte de Constitucionalidad”, afirmó el ministro.
OTORGAN AMPARO A TIGO
Además de Valladares, la empresa TIGO también presentó un amparo en la Sala Tercera con el cual buscaba que el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal le diera acceso al expediente del caso para conocer los motivos por los cuales fueron allanadas algunas de sus oficinas.
El amparo se deriva de la decisión de la jueza Noveno de Primera Instancia Penal, Silvia Morales, de no autorizar que se le diera acceso a TIGO al expediente del caso.
La defensa de la entidad planteó un recurso de “reposición” para que Morales reconsiderara su resolución, pero ella lo rechazó in limine, es decir, sin entrarlo a conocer, al considerar que Tigo no era parte dentro del proceso.
Inconforme, TIGO planteó un amparo en la Sala y este fue declarado con lugar. En consecuencia, los magistrados de dicha judicatura ordenaron a la jueza que entrara a conocer el recurso de reposición planteado por la empresa.
Al momento que se realizaron los allanamientos, TIGO emitió un pronunciamiento en el que manifestaba su compromiso con el “Estado de Derecho” y asegurába que colaboró con los fiscales para entregarles toda la información que fue requerida.
