POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene previsto resolver mañana si admite o no para su trámite los antejuicios que interpuso el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en contra del presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro por financiamiento electoral ilícito.
La Cámara de Amparos y Antejuicios agendó para la sesión plenaria de mañana la discusión respecto a si es viable darle trámite a los antejuicios, confirmaron fuentes oficiales.
El trámite de ambos antejuicios es distinto. En el caso de Jimmy Morales, si la CSJ admite para trámite la solicitud de retiro de inmunidad, el expediente deberá ser trasladado al Congreso de la República, donde los diputados deberán integrar una Comisión Pesquisidora con cinco legisladores electos por sorteo, quienes deberán analizar si es recomendable o no retirarle la inmunidad al mandatario.
El examen que haga la Comisión Pesquisidora del antejuicio deberá ser trasladado al pleno de diputados y serán estos los que decidan si finalmente retiran o no la inmunidad a Morales. Para esto, se requiere del voto de 105 congresistas.
Mientras tanto, en caso sea admitido para su trámite el antejuicio contra la diputada Montenegro, el expediente será remitido a un magistrado de sala de apelaciones que actuará como juez pesquisidor. En un plazo no mayor a 60 días el juez deberá elaborar un informe indicando a la CSJ si recomienda o no retirar la inmunidad a la parlamentaria. La decisión final la asumirán las magistradas y magistrados de la Corte.
CASO
El MP y la CICIG solicitaron antejuicio contra el presidente Morales debido a que, según las investigaciones, para las elecciones del 2015, cuando él fungía como secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la agrupación no reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un financiamiento electoral de Q7 millones 920 mil 375.70.
De este monto, Q7 millones 560 mil 476.70 sirvió para el pago de fiscales de mesa y material publicitario, consistente en volantes y calendarios de bolsillo. Otros Q359 mil 899 fueron pagados por la Fundación G para capacitaciones para los candidatos a Presidente y Vicepresidenta.
El antejuicio contra la diputada Montenegro se deriva por tres hechos. El primero corresponde a una denuncia que presentó el TSE en diciembre de 2016 debido a que la legisladora, en su calidad de secretaria general de Encuentro por Guatemala, no reportó un financiamiento de Q1 millón 748 mil 232.54.
El segundo hecho imputado es el no haber reportado Q76 mil 784.30 al TSE que aportó a Encuentro por Guatemala la empresa Maximum Financial and Investments Services, los cuales se utilizaron para pago de publicidad a la empresa Yeyo S.A.
Por último, la tercera anomalía consiste en no reportar Q197 mil 500 que recibió el partido en 2011 de la empresa Publicidad Avance S.A.
