POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El presidente Jimmy Morales cuenta con dos operadores que buscan frenar las investigaciones de financiamiento electoral ilícito al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Se trata del ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge, y Marvin Mérida, excomisionado presidencial de asuntos migrantes y amigo de Morales. Ambos han emprendido acciones legales para frenar las pesquisas que realiza el Ministerio Público (MP).
En el caso del ministro de Desarrollo Social, presentó una denuncia el pasado 17 de enero en contra del agente fiscal de la Fiscalía de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche.
La denuncia se deriva porque la Fiscalía de Delitos Electorales había requerido a Velásquez Monge, cuando él era Director de Aeronáutica Civil, que proporcionara información sobre una aeronave, como parte de una investigación que se realizaba contra Mérida.
Sin embargo, en esa ocasión, el ahora Ministro se negó a entregar la información argumentando que la aeronave estaba relacionada con el presidente Morales y con algunos diputados FCN-Nación, quienes gozan del derecho de antejuicio.
Sin estar involucrado en la investigación, Velásquez Monge procedió a denunciar al fiscal Curruchiche, a quien señaló de estar violentando el derecho de antejuicio de Morales.
La denuncia se encuentra en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal y la investigación está a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos.
Según el Ministro, planteó la denuncia porque “como todo funcionario público está obligado a denunciar la posible comisión de un delito”.
¿UNA RECOMPENSA?
Tres meses después de que Velásquez Monge denunciara a Curruchiche, el pasado 23 de abril, el presidente Morales lo ascendió como titular del Ministerio de Desarrollo Social. Esto, pese a que no contaba con experiencia en políticas sociales para ocupar el cargo.
En su hoja de vida, Velásquez Monge consignó que es piloto aviador con ocho mil horas de vuelo, instructor de vuelo y auditor general de aviación.
Sin embargo, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, negó que el nombramiento de Velásquez como ministro de Desarrollo Social se tratara de una medida para recompensarlo por la denuncia que planteó.
MÉRIDA
Por su parte, Mérida presentó un amparo en contra del jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Óscar Schaad, la agente fiscal Margarita Pérez y del fiscal Curruchiche, a quienes señalaba de estar realizando una “investigación paralela” por financiamiento electoral ilícito y por medio de la cual buscaban obtener información de funcionarios con derecho de antejuicio.
Sin embargo, el intento de Mérida por frenar el curso de la investigación se vio frustrado luego de que el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, constituido en un Tribunal de Amparo, rechazó ampararlo provisionalmente.
El Presidente pidió al Juzgado ser tomado en cuenta como “tercero interesado” en el amparo. Al consultar con el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia los motivos por los cuales Morales se constituyó de tal manera, dijo desconocer si él es parte del proceso, pero aclaró que es posible que el mandatario haya considerado que la investigación “pudo afectar sus derechos”.
