POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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Analistas de justicia consideran que los diputados del Congreso de la República deben abstenerse de realizar una reforma al artículo 407 N del Código Penal que conduzca a una «amnistía disfrazada», tal como lo expresó ayer el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.
Álvaro Montenegro, del colectivo Justicia Ya, afirma que la intención de algunos diputados es cambiar las “circunstancias” que implican un financiamiento electoral ilícito para generar una amnistía para quienes hayan cometido este delito.
“Se evidencia primero que el financiamiento electoral ilícito, en su versión anónima, ha generado la cooptación del Estado por medio de grupos que invierten en campañas políticas y luego se dedican a recibir contratos en favor de ellos. Creo que la Corte de Constitucionalidad llama a un criterio de proporcionalidad, a diferenciar el delito proveniente de fondos ilícitos con el anónimo no registrado, pero que no cambie circunstancias del delito”, señala.
Javier Monterroso, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP) considera que es “natural” que algunos congresistas estén buscando una amnistía para el financiamiento electoral ilícito, pues actualmente sus partidos están en proceso de cancelación por anomalías en la forma de recibir recursos para fines electorales.
Por tal motivo, Monterroso considera que no debe ser esta legislatura actual la que acate el exhorto que hizo la Corte de Constitucionalidad de reformar el 407 «N», que regula el financiamiento electoral ilícito, por el conflicto de interés que tienen algunos diputados.
DIFERENCIAR
Javier Zepeda, de la Cámara de la Industria, dijo que como sector empresarial ven la necesidad de que las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito distingan entre el financiamiento proveniente del crimen organizado con el financiamiento de origen lícito, pero no reportado por fallas en los procesos administrativos.
Según Zepeda, el financiamiento de origen ilícito no puede ser penado con la misma severidad con que se debe castigar al financiamiento del crimen organizado.
REITERA TEMOR
Ayer, el jefe de la CICIG, reiteró que teme que el Congreso realice reformas al financiamiento electoral ilícito que sean una “amnistía disfrazada”.
