Por Ana Lucía Morales
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Directivos de la minera San Rafael presentaron un memorial para exigir a la Corte de Constitucionalidad (CC) que resuelva en torno a la paralización de las actividades de esa mina que están detenidas desde hace 400 días, por una resolución de ese máximo Tribunal.
El amparo que detuvo las operaciones de la mina fue presentado por la organización ambientalista Centro de Acción Legal y Social (CALAS) que aduce la falta de una consulta comunitaria a la población xinca ante los proyectos de la Mina San Rafael.
Según representantes de la mina, las pérdidas se contabilizan en 5.1 millones de quetzales diarios y en total son 2 mil 40 millones a partir del 5 de julio de 2017.
También indicaron que se han dado centenares de despidos, en marzo fueron 250 y al final del mismo mes se despidió a 250 más. Ahora trabajan con 533 colaboradores que laboran con compromiso ambiental, aseguraron.
