11 de julio de 2018
Congresista Norma Torres
En meses recientes, algunos miembros del Congreso han levantado preocupaciones sobre la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su rol en el caso de la familia rusa que fue condenada en Guatemala por varios delitos relacionados a la falsificación de documentos. Mientras que ofrezco mi apoyo a mis colegas en sus esfuerzos por asegurar transparencia y justicia, y reconozco que la CICIG, como todas las instituciones, no es inmune a los errores, es esencial que Estados Unidos continúe apoyando fuertemente de manera bipartidista, en el contexto de nuestros esfuerzos para promover la seguridad y prosperidad en Guatemala y en toda Centroamérica.
Desde el fin del Conflicto Armado Interno en 1996, el Estado guatemalteco ha luchado para liberarse de la mano de organizaciones criminales que han penetrado y corrompido los más altos niveles de gobierno y sucesivas administraciones. Esta corrupción sistemática drena los recursos del Estado mientras que distorsiona las prioridades de las instituciones de gobierno e inhibe la capacidad del Estado para hacer frente a los serios desafíos que el país enfrenta como la pobreza generalizada, desnutrición, violencia de pandillas y el tráfico de drogas.
En los años que siguieron al fin de la guerra interna, la gente de Guatemala ha buscado valientemente establecer una verdadera democracia que responda a las necesidades e intereses de la población, y buscar justicia para las víctimas de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, incluyendo más de 200 mil personas que fueron desaparecidas o asesinadas durante la guerra. Sin embargo, poderosas organizaciones criminales, especialmente conocidas como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), socavaron la naciente democracia guatemalteca y frustraron la lucha por la justicia. La criminalidad se volvió rampante y las CIACS usaron su influencia en el gobierno para llevar a cabo una gama de actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas, armas y personas, con impunidad.
Para superar el poder de estas CIACS, el trabajo de la CICIG ha incrementado la capacidad de los fiscales guatemaltecos y de la policía para investigar el crimen organizado. Con el apoyo de la CICIG, los fiscales han aprendido a construir casos complejos contra las mayores redes criminales y han establecido un programa de protección de testigos; investigadores de la policía han aprendido a usar técnicas avanzadas, como escuchas telefónicas supervisadas judicialmente, para reunir evidencia. Investigaciones conjuntas por la CICIG y las autoridades guatemaltecas han llevado al procesamiento exitoso de políticos, incluyendo a dos expresidentes y a la condena de decenas de poderosos traficantes de drogas, incluyendo miembros del cártel de los Zetas. El trabajo de la CICIG también ha tenido un impacto positivo en la seguridad en Guatemala. En 2009, el nivel de homicidios era de 45.1 por ciento por cada 100 mil habitantes, para 2017 ha caído a 26.1 por ciento por cada 100 mil habitantes.
Con el apoyo de la CICIG, Guatemala se ha convertido en el único país del Triángulo Norte en experimentar una disminución constante en la violencia. Debido a sus logros, la CICIG se ha convertido en la institución más popular en Guatemala, aún queda mucho trabajo por hacer pero la contribución de la Comisión al Estado de Derecho en Guatemala es innegable.
De hecho, debido al éxito de la Comisión, otros países han buscado replicar el modelo. En 2016, el gobierno de Honduras realizó un acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear la MACCIH, que está modelado según la CICIG y que ya ha producido resultados significativos, con reformas legislativas convertidas en ley y acusaciones de redes de corrupción generalizada operando en las instituciones hondureñas.
Estoy orgullosa que el Congreso ha trabajado en una base bipartidista para apoyar a la CICIG y su rol en Guatemala en la lucha contra la corrupción. Bajo el liderazgo democrático y republicano, el Congreso ha asignado fondos para la CICIG; administraciones demócratas y republicanas han avalado y apoyado el trabajo de la Comisión.
El año pasado, el Congreso aprobó la propuesta (Res. 145) en apoyo a la CICIG y la lucha contra la corrupción en Centroamérica, así como una enmienda, que exime los fondos a la CICIG de las condiciones que normalmente se colocan en las ayudas para los gobiernos centroamericanos.
Miembros de nuestro Comité, en ambos lados del pasillo, se han reunido repetidamente con el comisionado Iván Velásquez y le hemos expresado nuestro apoyo. La administración del presidente Donald Trump también ha expresado apoyo para la CICIG y su comisionado. Por ejemplo, cuando el presidente de Guatemala intentó expulsar al comisionado del país, la embajadora Niky Haley declaró que “el señor Velásquez es una voz crítica denunciando la corrupción y respetando el estado de derecho. Él tiene el apoyo total de Estados Unidos y de la comunidad internacional”. Apenas la semana pasada, una vocera de la Casa Blanca reafirmó que la CICIG es clave en la lucha contra la corrupción y al esfuerzo más amplio para mejorar las condiciones en Guatemala.
Luchar contra la corrupción sistemática y desmantelar las redes criminales que han penetrado las instituciones del Estado no son tareas fáciles. No debería ser sorprendente para ninguno de nosotros que la CICIG tiene enemigos poderosos, incluyendo aquellos que temen la persecución penal y aquellos que ya han sido encarcelados. Los empleados de la CICIG y su contraparte en Guatemala realizan su trabajo en un clima de severas presiones y amenazas y son comúnmente objeto de campañas negras. Algunos en Guatemala han incluso tomado el paso extraordinario de contratar a lobistas en Washington, pagando hasta 80 mil dólares por mes para influenciar la política de Estados Unidos, presumiblemente con la intención de debilitar el apoyo de Estados Unidos a la CICIG y la lucha contra la corrupción en Guatemala.
El Congreso no debe ceder ante estas presiones y debe continuar al lado de la Comisión y con todos aquellos que luchan contra la corrupción en Guatemala. Hemos invertido demasiado en la CICIG y tenemos mucho en juego, como para rendirnos ahora. Al mantener este rumbo podemos ayudar a la gente de Guatemala a lograr su objetivo largamente buscado de un sistema de justicia imparcial y efectivo. Haciéndolo así es la mejor oportunidad para crear las condiciones para una Guatemala más próspera y segura, donde la próxima generación pueda ver un futuro para ellos en su país de origen.
