Foto: Verdad y Justicia
POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El diputado Manuel Conde Orellana declaró esta mañana como perito propuesto por la defensa del exjefe de Inteligencia Militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez, en el juicio por Genocidio en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo“B”.
Conde se presentó ante el Tribunal como un experto en materia constitucional y estudioso del “proceso de paz” y de la “confrontación armada” en el país.
Los temas abarcados en su peritaje fueron: el proceso para alcanzar la firma de los Acuerdos de Paz, la conformación de diversas comisiones que procuraron la firma, la finalidad y objetivos de los mismos, compromisos a los que se obligaron a los suscribientes y al grado de “concretización” de los Acuerdos de Paz.
Conde Orellana calificó el Conflicto Armado Interno como “un enfrentamiento pluricultural, multilingüe y multiétnico” y negó que la guerra se haya ensañado contra algún sector de la población en específico.
“Soy un estudioso del proceso de paz, pero también de la confrontación armada que ha vivido mi país y puedo ratificar que el enfrentamiento armado interno fue un enfrentamiento pluricultural, multilingüe y multiétnico, no fue un enfrentamiento dirigido, orientado a una etnia o a una clase social. No hay guatemalteco que quede ileso después de 36 años de lucha armada interna. El enfrentamiento armado interno nos abarcó a todos, nos golpeó a todos y nos obligó a todos a buscar su solución”, dijo Conde ante las juezas del Tribunal.
El diputado, en su calidad de perito, aseguró que entre las finalidades de los Acuerdos de Paz estaba “provocar cambios estructurales” en la sociedad, ser un punto de partido para el cumplimiento de objetivos nacionales y de la construcción de una “agenda mínima de nación” que antes no existía por la falta de diálogo.
Además, dijo que los Acuerdos de Paz reconocieron al Estado de Guatemala como “multiétnico y pluricultural”, pero con una sola nacionalidad, que es la de “guatemalteco” y “guatemalteca”.
CASO
El exjefe de Inteligencia Militar fue acusado junto con el exjefe de facto, José Efraín Ríos Montt, por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad por la matanza de más de mil 700 indígenas ixiles en Quiché.
Ríos Montt murió el pasado 1 de abril, por lo que el Tribunal ordenó la extinción de la persecución penal por la muerte del imputado.
El exdictador ya había sido condenado el 10 de mayo de 2013 por genocidio, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia tras declarar con lugar un ocurso de queja que presentó su defensa.
Previo a que el Tribunal declarara la extinción de la persecución penal, víctimas del genocidio ixil dieron una conferencia de prensa en la cual manifestaron para ellos la sentencia del 10 de mayo. “Ríos Montt murió condenado en prisión domiciliaria”, afirmaron.
